Un nuevo plan de catas mineras indigna a la zona rural, que duda de su "legalidad"
"Les Caseríes" delega el caso en sus abogados y los ecologistas acusan a Principado y Ayuntamiento de avalar la futura "ampliación" de La Viesca
Una de las catas ya realizadas en la parroquia de Baldornón. / S. F. Lombardía
Los sondeos en el entorno rural gijonés a manos de la empresa de la mina La Viesca en La Collada (Siero) para la extracción de fluorita para estudiar posibles vetas desconocidas vuelven a inquietar a las parroquias. En las últimas semanas, la federación "Les Caseríes" han decidido poner en manos de su asesoría jurídico un proyecto que, lamentan los vecinos, ha avanzado en los últimos meses que ellos hubiesen recibido notificación formal alguna. En concreto, y tras acceder al expediente municipal, la zona rural acaba de descubrir que el Principado autorizó en verano de 2022 la veintena de sondeos que solicitaba la empresa y que el pasado verano comenzaron a expedirse las licencias municipales necesarias para ello. "Todos creíamos que la cosa estaba parada porque jamás habíamos recibido respuesta a nuestras alegaciones", concreta Carmen Suárez, miembro de la asociación vecinal de Vega, una de las entidades que más se ha movido contra el proyecto de catas. "Nos hemos enterado tarde, pero queremos, antes de tomar decisiones, saber cuál es la legalidad de todo esto y saber qué se puede hacer y qué no", razona, por su parte, Miguel Llanos, presidente de "Les Caseríes".
El plan original de catas plantea hacer 17 sondeos en la zona rural y en fincas de las parroquias de Fano, Caldones, Lavandera, San Martín de Huerces, Vega, La Pedrera, Cenero y Porceyo. La mayoría se movilizó en contra del proyecto a finales de 2021 y mantuvieron la presión durante meses, alegando formalmente contra él a inicios del año siguiente. "Sabíamos que hace tiempo que había solicitado permiso para esos sondeos, pero esta pasada primavera apareció gente, entendemos, de la empresa, pidiendo permiso a los propietarios para acceder a sus fincas. Muchos se negaron porque no tenían conocimiento de que tuviesen permiso. Nosotros tampoco sabíamos nada", razona Suárez, que aclara que, al menos su asociación, no llegó a recibir una notificación formal a sus alegaciones.
El proyecto, saben ahora, ha ido avanzando en el último año y medio. Se enteraron el mes pasado y lo notificaron a la federación vecinal de la zona rural hasta hace un par de semanas, que desde entonces estudia cómo actuar. Conocieron los avances tras solicitar al PSOE que pidiese información al Ayuntamiento, un trámite que se realizó en nombre de Luis Manuel Flórez, "Floro", y que tuvo como respuesta un resumen del expediente enviado el pasado 15 de enero. "Por eso nos hemos enterado tarde y los vecinos tienen muchas duda. Ahora no sabemos cómo responder. Primero, queremos que se aclare la legalidad de todo esto, aunque por ahora entendemos que si un propietario no cede el acceso a su finca está en su derecho", razona Llanos.
En estos informes figura un informe del Principado dando luz verde al plan y emitido en verano de 2022. Y recoge que, ante elevado número de alegaciones presentadas (más de 200), una "notificación individual" ante cada implicado supondría "un elevado coste", sumado a que en algunos casos no figuraba el domicilio de quien alegaba. Se les responde en ese mismo documento, por tanto, en bloque, explicando que las catas tendrán "una escasa incidencia superficial y temporal" en los terrenos y que los promotores han solicitado permiso de acuerdo a la ley. También señala que la tramitación analizaba el impacto ambiental de la propuesta, "sin que se pueda o se deba entrar a valorar o considerar la futura o hipotética actividad minera de aprovechamiento". Sin embargo, unos párrafos después, recoge que "la actividad minera-industrial, siempre que se aseguren las condiciones idóneas de seguridad y protección del medio ambiente, es una fuente de innovación, de emplea y de riqueza muy necesaria en el momento actual". En ese expediente figura también que las licencias municipales comenzaron a expedirse el pasado agosto.
Mientras "Les Caseríes" estudian todos estos documentos, la Coordinadora Ecoloxiga, que también había alegado contra estos sondeos, reprocha al Ayuntamiento lo que a su juicio es el preámbulo para "una ampliación de la mina" que se extendería "en diez kilómetros, desde las estribaciones de Gijón con Siero hasta la Camocha afectando a todo el valle de Baldornón, con el correspondiente impacto del que no se informa a los vecinos". Cita un posible impacto al arroyo Meredal, "el único que asegura agua al río Piles las cuatro estaciones el año", y la "pérdida de estabilidad del terreno" en las zonas afectadas. Reprocha, también, que el Ayuntamiento no hubiese notificado a los vecinos ni a los ecologistas sobre el desbloqueo del proyecto. "Ahora, lo importante es que los propietarios sepan que si alguien les viene a pedir acceder a su finca tienen que presentarle papeles", pide Suárez. "Nos tienen que explicar qué derechos y deberes tenemos en todo esto", completa Llanos.
- La mina. La explotación minera de La Viesca en La Collada, Siero, lleva varios años interesada en hacer catas por este entorno, alcanzando terrenos de buena parte de la zona rural de Gijón, para buscar posibles vetas desconocidas de fluorita, el mineral que la entidad explota.
- Los antecedentes. Esta intención de realizar sondeos provocó en 2021 una llamativa movilización vecinal en las parroquias afectadas por algunos de estos sondeos, que son las de Fano, Caldones, Lavandera, San Martín de Huerces, Vega, La Pedrera, Cenero y Porceyo. Llegaron a presentar más de 200 alegaciones contra la solicitud de la empresa, que tuvo que superar su trámite ambiental ante el Principado, y pidieron la intervención del Ayuntamiento.
- Avances. Tras las movilizaciones de 2021 y habiendo presentado las solicitudes en 2022, los vecinos han estado esperando hasta entonces una respuesta formal a sus alegaciones. Como no las recibieron, habían entendido que el proceso se había quedado paralizado. Acaban de descubrir, sin embargo, que el Principado avaló los sondeos en verano de 2022 y que el Ayuntamiento expidió sus licencias el pasado agosto.
- Información pública. En estas últimas semanas, la zona rural, sobre todo gracias a la asociación vecinal de Vega, logró acceder al expediente del proyecto por mediación del grupo socialista, que lo solicitó formalmente como parte de la corporación. En ese expediente, figura un informe del Principado, emitido en junio de 2022, donde explicaba que el volumen de alegaciones presentadas impedían responder a ellas individualmente por su elevado coste. El informe se publicó en el BOPA, pero pasó desapercibido.
- Los ecologistas. La Coordinadora Ecoloxista, que tampoco había sido notificada y se ha enterado de estos nuevos permisos por los vecinos, culpa al Ayuntamiento y el Principado de avalar unas catas que a la larga podrían suponer la «ampliación» de la explotación minera de Siero en terreno gijonés.
- «Les Caseríes». La federación de la zona rural, por su parte, duda la «legalidad» del plan y ha puesto el caso en manos de sus abogados. Entiende que los propietarios de las fincas deben poder negarse a que se hagan catas en sus terrenos si así lo desean.
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