La primera y de momento única consecuencia de la inminente publicación de la archidebatida ordenanza de movilidad será la obligación de circular en patinete eléctrico con casco. Una exigencia que puede resultar trivial a primera vista porque afecta a un medio de transporte minoritario entre los gijoneses, pero que genera dos dudas mayúsculas. Por un lado, no se sabe muy bien cuándo empezarán las multas debido a que el gobierno local asegura que las aplicará “gradualmente”, es decir, que hará la vista gorda al principio, dando pie a una inseguridad jurídica poco recomendable para una Administración. Y, por otro, la negativa de las dos empresas de alquiler a proporcionar la protección puede causar un abrupto descenso de usuarios mientras se diseña la futura adjudicación. Justo lo contrario de lo que persigue la norma.
