Recientemente, el Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que tipificaba como residual la implantación del castellano en varias escuelas catalanas y establecía su uso con un mínimo del 25% de horario escolar. No obstante, Gabriel Rufián (de ERC) “negó la mayor” y respondió cuestionando su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Ambas noticias precisan ser valoradas:
En primer lugar, como catalán que conoció el régimen franquista y recibió con enorme satisfacción la transición a la actual democracia, deseo censurar la política revanchista del independentismo catalán dado que, preso de una patológica obsesión por defender la lengua catalana, comete idéntico (aunque inverso) error del franquismo al finalizar la Guerra Civil; especialmente durante las décadas de 1940 y 1950, cuando el catalán solo se podía hablar en familia o en ambientes extraoficiales.
De hecho, en julio de 1959, Luis M. de Galinsoga, entonces director del periódico “La Vanguardia” (nombrado por el régimen franquista en 1939) condenó usar el catalán en público con frases hirientes hacia Cataluña, indignando a las juventudes catalanistas (lideradas por Jordi Pujol) y generando los graves incidentes del Palau de la Música, al
finalizar un tradicional concierto navideño del “Orfeó Catalá” con la interpretación del “Cant de la Senyera”, tan sensible para cualquier catalán. Galinsoga fue cesado en 1960 por el Consejo de Ministros del régimen y, lentamente, el uso del catalán fue normalizándose: Personalmente, lo hablaba con la mayoría de los compañeros del instituto y, luego, en la Facultad de Medicina puesto que la lengua brotaba espontáneamente sin poder ser reprimida por el entonces débil reducto franquista; aunque, desafortunadamente, al mismo tiempo germinaba la semilla de la paranoia independentista actual.
En segundo lugar, dado que casi 500 millones de personas hablan castellano y otros 5 millones de catalanes utilizan su lengua vernácula en la vida cotidiana, es obvio que ambas son dignas de respeto y uso habitual. Consiguientemente, creo que el conflicto lingüístico de Cataluña es una falacia creada por ciertos políticos independentistas para mantener su cargo, aunque carezca del suficiente arraigo social.
En tercer lugar, Asturias sufre un debate similar por la actual pretensión de oficializar el bable junto al castellano: Aprender voluntariamente el bable es algo muy distinto a imponerlo en la vida cotidiana sin una base social que lo sustente; especialmente si en Asturias existen otras prioridades políticas y económicas más acuciantes.
En síntesis, el uso de una lengua determinada viene condicionado por su implantación real en la sociedad y, consiguientemente, no hay estrategias ni directrices políticas que puedan imponerlo o, inversamente, reprimirlo.
