El baño de sangre del jueves parece haber traído un poco de paz a Ucrania, aunque haya sido al impagable precio de 80 muertos en menos de 72 horas. El presidente Yanukovich y los principales líderes opositores alcanzaron ayer al despuntar el día un acuerdo, con la mediación de tres países de la UE, que da cumplimiento a buena parte de las exigencias de los manifestantes: formación de un Gobierno de salvación nacional en el plazo de dos semanas, elecciones presidenciales antes de fin de año y restauración de la Constitución de 2004, de carácter mixto parlamentario-presidencialista.
El acuerdo debería poner fin a tres meses de protestas, que se abrieron el pasado mes de noviembre tras la renuncia de Ucrania a firmar un acuerdo de asociación a la UE que ya se encontraba sólo a falta de la firma oficial. Rusia presionó con fuerza a Yanukovich para que diera marcha atrás y este lo hizo, desencadenando la revuelta popular. Como compensación, Moscú rebajó la factura gasística ucraniana y prometió una ayuda de 11.000 millones de euros, de la que por el momento sólo ha entregado una pequeña parte.
Yanukovich ha decretado dos días de luto oficial por las víctimas, más de la mitad de las cuales se produjo el jueves cuando el Ejército tomó las riendas de la represión, entregó a la Policía armas de combate y, mediante el recurso a francotiradores, sembró el terror en las filas de los manifestantes, cuyos elementos más extremistas fueron cuidadosamente eliminados.
El acuerdo, aplaudido por la comunidad internacional con alguna reticencia rusa, fue refrendado por el Parlamento a última hora de la mañana y también por las multitudes reunidas en el Maidán, la emblemática plaza de la Independencia de Kiev.
No obstante, las milicias ultranacionalistas integradas en el movimiento popular ucraniano han manifestado su descontento. "La revolución nacional continúa", afirmó Dmitri Yarosh, líder de la formación Sector de Derechas, quien subrayó que las protestas terminarán cuando el actual régimen prorruso sea apartado del poder.
El entendimiento, propiciado por los ministros de Asuntos Exteriores de Francia, Alemania y Polonia, no cuenta con la firma de Rusia, el principal aval de Yanukovich. Moscú restó importancia a este aspecto afirmando, a través de un comunicado de su cancillería, que "el hecho de no firmar en calidad de testigo del acuerdo (...) no significa que Rusia no esté interesada en la búsqueda de compromisos que permitan frenar de inmediato el derramamiento de sangre y devolver la situación al marco legal".
Rusia, firme defensora de la Constitución de 2010, de corte presidencialista, insistió, sin embargo, en que "procesos cruciales para el destino de Ucrania, como la reforma constitucional, deben llevarse a cabo con la participación de todas las fuerzas políticas y regiones, y el proyecto de dicha reforma debe ser presentado a referéndum". Polonia defendió el papel constructivo de Rusia en las negociaciones. El jueves el presidente ruso, Vladimir Putin, había esgrimido la necesidad de "medidas de estabilización", expresión que no fue considerada muy tranquilizadora y suscitó la sombra de una mayor intervención de Moscú en el conflicto.
En el Parlamento, donde tras sucesivas defecciones de diputados el gubernamental Partido de las Regiones (PR) ha perdido la mayoría, se sucedieron los acuerdos tras la aceptación del pacto base.
El más llamativo de ellos es una ley de reforma del código penal que permitirá poner en libertad a la encarcelada ex primera ministra y líder opositora, Yulia Timoshenko. De esta forma, la oligarca Timoshenko, que cumple siete años de cárcel por abuso de poder, podría abandonar en breve la clínica de la ciudad oriental de Jarkov donde se encuentra ingresada desde mayo de 2012 debido a la hernia discal que padece. La ley, aprobada a propuesta del principal partido opositor, Batkivschina (Patria), encabezado desde la cárcel por Timoshenko, supone la despenalización del supuesto por el que fue condenada la dirigente política en 2010.
Además, supondrá la homologación del Código Penal ucraniano con las leyes vigentes en la UE y la adopción del artículo 19 de la ONU contra la corrupción. La iniciativa recibió el apoyo de 310 diputados, entre ellos 54 miembros del gubernamental PR de Yanukovich, enemigo acérrimo de Timoshenko, que, al ser rehabilitada, podría incluso presentarse a las elecciones presidenciales.
Mientras los políticos seguían preparando el nuevo escenario, el Maidán lloraba a sus muertos, en un ambiente de calma que en nada recordaba las brutales imágenes de la víspera. Ahora, casi todos cruzan los dedos para que la paz no sea un espejismo.
