Acto instucional

Lula pidió que los todos los participantes del intento de golpe sean castigados

Hasta el momento, el STF ha condenado a 30 personas por su participación en los hechos

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil.

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil. / Europa Press/Contacto/Erica Martin, Erica Martin

Abel Gilbert

"Los participantes del golpe deben ser castigados. No puede haber perdón para quienes atentaron contra el estado de derecho. Eso sería impunidad", aseguró el presidente brasileño, Luiz Inacio Lula da Silva, durante el acto recordatorio de intento de golpe de Estado del 8E de 2022. No hizo falta mencionar el nombre de su antecesor, Jair Bolsonaro, ni de sus seguidores más radicales, que embistieron aquel domingo contra las sedes de los tres poderes de la República. Todos entendieron a quién hacía referencia. Acompañado de autoridades judiciales, legislativas y políticas, con excepción de los seguidores de Jair Bolsonaro, Lula reconoció a todos los brasileños que, frente a la asonada, "se colocaron por encima de las divergencias" para enfrentar su amenaza. "Salvamos a la democracia, pero nunca está asegurada, necesita ser cuidada todos los días. Es imperfecta, porque somos humanos, pero todos debemos unir los esfuerzos para mejorarla".

Según Lula, el estado de derecho garantiza libertades y obligaciones, pero "no puede haber libertad para la mentira y la difamación en las redes sociales". El líder del Partido de los Trabajadores (PT) remarcó en ese sentido que "la desinformación y el discurso de odio fue el combustible" del 83E. "Estaremos bajo constante amenaza si no se regula el uso de las redes sociales". El Gobierno de ultraderecha fomentó entre 2019 y 2022 la difusión de las fake news a través de estructuras que se conocieron como "milicia digital". Bolsonaro y sus hijos han sido investigados por esos actos. El expresidente ha sido inhabilitado para ejercer cargos electivos hasta 2030 por haber puesto en duda la transparencia de los comicios de 2022 que favorecieron a Lula.

"Viva la democracia, democracia siempre", dijo Lula al concluir su intervención. Previamente, reconoció que "no habrá democracia plena en tanto persistan las desigualdades". Los brasileños "debemos ser capaces de unirnos para construir un país más justo" de la misma forma que lo hicieron en sus horas más dramáticas, hace un año. 

Los otros discursos

"Los actos contra la democracia deben tener efectos penales", dijo el jefe de los fiscales, Paulo Gonet. "No pasaron y no pasarán", afirmó la máxima autoridad del Supremo Tribunal Federal (STF), Luis Alberto Barroso. La depredación de las sedes de los tres poderes "no fue un accidente ni un caso aislado: fue meticulosamente preparado y precedido de años de ataque a las instituciones".

"Nada justifica lo que ocurrió el 8E", reconoció el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco. "Hay que permanecer vigilantes a lo que hacen los traidores a la patria".

"La democracia venció", dijo Alexandre de Moraes, integrante del STF y del Supremo Tribunal Electoral (STE), y puso de relieve "la fuerza de nuestras instituciones y la unión de las autoridades de los tres poderes en defensa de la Constitución". De Moraes, a quien Bolsonaro considera uno de sus principales enemigos, aseguró que "el fortalecimiento del estado de Derecho no debe confundir paz y unión con impunidad". Por lo tanto, "todos aquellos que actuaron cobardemente serán debidamente investigados, procesados y sancionados en la medida de sus responsabilidades. La democracia no admite una política olvido". El ministro reclamó, de cara al futuro inmediato, las elecciones municipales de octubre, prestar atención a cómo se mueve en las redes "el populismo digital extremista", experto en "la divulgación de noticias falsas, con la consiguiente corrupción del lenguaje".

La situación en los tribunales

Hasta el momento, el STF ha condenado a 30 personas por su participación en los hechos. Las penas van de tres a 17 años de prisión. Otros 29 acusados se encuentran en juicio virtual. La Procuración General (fiscalía) ha acusado a 1.413 personas, la mayoría por instigación.

Un año después del fatídico 8 de enero, señaló Camila Rocha, columnista del diario paulista Folha, apenas se ha avanzado en el castigo de los grandes golpistas. "Ningún político, militar, gran empresario o terrateniente ha rendido cuentas todavía con el mismo rigor que aquellos que no ostentan altos cargos, rangos o grandes posesiones". Tras las rejas se encuentran personajes irrelevantes de la trama golpista: Matheus Lima de Carvalho Lázaro, un repartidor que llevaba una navaja, y Raquel de Souza Lopes, una cocinera, entre ellos. Pasarán en la cárcel 17 años. "Estas descripciones son similares a los perfiles incluidos en un mapeo de cerca de 90.000 cuentas extremistas en X". Una parte significativa esas cuentas eran de "manicuristas, peluqueros, vendedores y electricistas, que, por razones ideológicas, prefieren llamarse empresarios o emprendedores en lugar de trabajadores autónomos".

En la misma dirección, Malu Gaspar, columnista del diario carioca O Globo, señaló que, aunque oficiales de alto rango (en la reserva y en activo) tuvieron un papel clave en el avance del golpe "ninguno ha sido procesado, denunciado, juzgado o encarcelado hasta la fecha". Consignó que el ministro de Defensa, José Múcio, pidió expresamente a los comandantes de las Fuerzas Armadas participar de la ceremonia "como gesto simbólico de respeto a la democracia". Previamente, Múcio "fue muy eficiente a la hora de desactivar las bombas legales o institucionales que podrían haberles molestado" a los uniformados, entre ellas reescribir en el Congreso el artículo 142 de la Constitución, "tan utilizado por los partidarios de Bolsonaro para justificar la intervención militar". En ese aparado se estipula que las instituciones castrenses deben garantizar la "defensa de la Patria" y de los "poderes constitucionales", pero "bajo la suprema autoridad del Presidente de la República". El Partido de los Trabajadores (PT), quería realizar esa enmienda.

El ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Gilmar Mendes, admitió que "ciertamente" hubo autoridades del Gobierno de ultraderecha "que de alguna manera alentaron" la asonada. Recordó en ese sentido una frase del general Walter Braga Netto, jefe de ministros de Bolsonaro, y luego su compañero de fórmula en las elecciones de octubre de 2022, "diciendo a esos manifestantes que acampaban frente a los cuarteles que tuvieran fe y, por lo tanto, prometiendo algún tipo de evolución, pocos días antes de estos acontecimientos".