Fernando Matesanz Cuevas, nacido en Oviedo hace 39 años y afincado en Madrid desde que con 18 inició sus estudios de Derecho en la Universidad CEU San Pablo, acaba de ser distinguido como "el mejor abogado fiscalista de España" por la publicación británica "Adquisition International". Puede decirse que su negocio es una "rara avis" dentro del mundo de los despachos jurídicos: de modesto tamaño (cuatro personas), está altísimamente especializado en el asesoramiento en materia de IVA a empresas que realizan intercambios internacionales y por ello más del 80% de sus clientes son compañías extranjeras. Fernando Matesanz también imparte clases sobre imposición indirecta en una escuela europea con sede en Bélgica y pertenece a la junta directiva de la International VAT Association, principal organismo de ámbito global dedicado al estudio y conocimiento del IVA.
-Hace cuatro años, una comisión de expertos ("comisión Lagares") dictaminó que el modelo tributario español era en exceso complejo y que ello era ineficiente y favorecía el fraude. ¿Seguimos igual?
-El sistema es, en general, complejo, con muchos impuestos. Y dentro del sistema el IVA es de por sí un tributo muy complejo. En primer lugar, el margen de actuación del Estado español es relativamente reducido, porque se supone que es un impuesto armonizado a nivel europeo. La normativa que lo rige es una directiva que se dicta desde Bruselas y eso añade complejidad porque hay que trasponer la norma en cada Estado; no es una regulación que, si se me permite decirlo así, pueden hacer Montoro y sus expertos sin más. Si a ello sumamos que el IVA afecta a las operaciones internacionales de forma significativa, efectivamente estamos ante un impuesto complejo y muy vulnerable a situaciones de fraude, a las que se está intentando poner coto.
-¿Cómo?
-Intentar reducir el fraude a nivel comunitario es algo que ha sido casi el centro de todas las discusiones que en materia de IVA han tenido lugar en la Comisión Europea. Hay sobre la mesa una propuesta que va a suponer una revolución en la forma de liquidar el impuesto en las operaciones internacionales y sin ninguna duda el principal objetivo es intentar evitar esa bolsa de fraude que es muy grande y en algunos países diría que inmensa.
-¿Puede explicar esa propuesta evitando los tecnicismos?
-Pongamos un ejemplo. Imagine una empresa española que hace operaciones con clientes en Italia, Bélgica y Alemania. A día de hoy, las facturas que emite como consecuencia de esas entregas de bienes van sin IVA y luego son los destinatarios en cada país quienes deben ingresarlo (abonarlo al Estado). El fraude viene porque hay compañías que no lo hacen, utilizando sociedades interpuestas para defraudar. Lo que se pretende ahora es que la compañía española ingrese aquí el IVA español, el belga, el alemán y el italiano, todo en España, y que la Administración española reparta lo recaudado entre los países. Sería una especie de ventanilla única, por así decirlo. El problema que tiene es que supone ceder la potestad de recaudación y eso no gusta a los países, porque cada uno quiere siempre recaudar lo suyo. Ceder soberanía fiscal siempre es complicado.
-Alude al llamado "fraude carrusel" (uso de sociedades instrumentales para evadir cantidades a menudo multimillonarias con el IVA en operaciones entre países de la UE), una preocupación constante en la UE. ¿Existe una auténtica política común para combatir esta y otras formas de evasión?
-Al final los estados son soberanos en política fiscal, así que nos encontramos con veintiocho políticas distintas. Desde la Comisión Europea se intenta de alguna forma fomentar la cooperación entre países para atajar estas situaciones de fraude, como el carrusel. Pero no hay una política de lucha contra el fraude que se aplique a nivel comunitario. Al final nos encontramos con veintiocho liquidaciones distintas y con intereses particulares de los países por el medio. Se han propuesto algunas medidas para combatir situaciones de fraude y algunos países han decidido implementarlas, otros no y otros sólo parcialmente. En definitiva, nos encontramos en una situación un tanto caótica. Diría que vamos hacía una política común, pero muy despacio, porque la burocracia europea es muy lenta.
-Tendemos a pensar que los paraísos fiscales son lugares exóticos y remotos, pero algunos parecen estar a la vuelta de la esquina, dentro de la propia Unión Europea: se permite a Irlanda tener un tipo de sociedades del 12% (25% en España), Holanda es un "paraíso" para las sociedades holding, Luxemburgo hace fiscalidad a la carta para las multinacionales...
-Se habla de armonización fiscal, pero en la práctica lo que hay es competencia. Los países quieren atraer empresas a sus territorios y lo hacen reduciendo impuestos. ¿Es legítimo? No sé hasta qué punto; si se habla de ir hacia una mayor integración y una armonización debería haber una serie de normas comunes que se respetaran.
-Las dificultades económicas de los estados por la crisis alentaron en estos últimos años la búsqueda de acuerdos internacionales para combatir el fraude a escala global. ¿Se mantiene ese impulso?
-A raíz de la crisis se generó una sensibilidad muy grande con el tema del fraude y la elusión fiscal. Mi opinión es que, ahora que la economía empieza a funcionar mejor, la cosa se ha vuelto a relajar. Somos un poco ciclotímicos: cuando las cosas iban muy mal pusimos mucho celo, pero cuando empiezan a mejorar se relajan un poco los controles. En todo caso, sin volver a la situación anterior a la crisis. Aquella especie de barra libre, gracias a Dios, ha pasado a la historia.
-¿Es el comercio electrónico y la economía digital la nueva gran amenaza para los ingresos tributarios de los países?
-Lamentablemente, las leyes van muy por detrás de la economía. Se redactan hoy y a los tres días a menudo ya están obsoletas. Las leyes que tenemos vigentes no preveían la explosión de Amazon o que una persona desde su casa y con un ordenador, sin más, podría prestar servicios a todo el mundo con una conexión a internet. Eso no esta previsto en las normas y supone no sé si una amenaza, pero sí un gran reto para la fiscalidad. A día de hoy no se sabe dónde esa persona tiene que tributar por los ingresos de su actividad, si en los países donde se obtienen o en el que opera el individuo. La economía digital y en particular las grandes compañías tecnológicas han cambiado la forma de hacer negocios y esto afecta de forma directa a la fiscalidad. A estas alturas no hemos dado con la llave para hacer tributar a esas empresas de forma justa. Es una gran batalla y una gran discusión a nivel mundial: cómo hacer tributar a esas grandes tecnológicas que pueden operar en todo el mundo sin tener una presencia física. Antes se necesitaba tener una oficina en el país y todo era más fácil.
-¿Tiene sentido el nuevo impuesto (3%) que la Comisión Europea quiere aplicar a grandes compañías tecnológicas como Google o Facebook?
-Creo que es absolutamente importante pagar impuestos por los beneficios que se obtengan allí donde se obtengan, pero tengo serias dudas sobre ese tributo. No entiendo por qué se va a poner un impuesto a una compañía por el mero hecho de ser tecnológica. Hay que buscar la fórmula de que esa compañía pague su impuesto de sociedades de forma correcta y en la jurisdicción donde obtenga los beneficios. Pero no comparto que se ponga un tributo a una empresa por el mero hecho de ser tecnológica. ¿Dónde ponemos el freno?, ¿mañana creamos otro impuesto para cualquier otro tipo de compañía por el mero hecho de serlo?
-Durante décadas se ha acentuado la tendencia hacia la imposición indirecta (IVA y otros tributos análogos) frente a la directa (IRPF, sociedades, patrimonio...). ¿No se desgasta con ello el criterio de que tribute más quien más tiene (progresividad)?
-El de la progresividad es un debate candente. Hay quien dice que los impuestos indirectos respetan la progresividad en la medida en que consume más quien más tiene; personalmente no estoy de acuerdo. Los impuestos indirectos no son todo lo progresivos que deberían ser, pero no tengo duda de que ha habido un cambio importante: en el mundo entero los tributos directos están cediendo terreno frente a los que gravan el consumo, como el IVA. Pese a todos los problemas de fraude, el IVA se ha demostrado como una forma eficiente de recaudación, y un impuesto que grava la renta suele ser más impopular, gusta menos. Los tributos directos seguirán existiendo, pero se tiende hacia figuras como el IVA. Un ejemplo: en Emiratos Árabes no había hasta ahora ningún tipo de impuesto; ahora han visto que necesitan fuentes de ingresos además del petróleo y el tributo que van a implementar es un IVA como el nuestro, no un impuesto sobre los beneficios empresariales o la renta.
-En Europa se habla de armonización fiscal, mientras dentro de España se acentúan diferencias entre autonomías que los ciudadanos perciben como muy injustas en casos como el impuesto de sucesiones. ¿Hay que repensar el modelo?
-En mi opinión, sí, aunque también en esto existe mucha discusión. Hay quien dice que es buena la competencia fiscal entre comunidades autónomas; personalmente, creo que quizá la competencia entre países puede en algún momento llegar a ser buena, pero dentro de un mismo país debe haber armonización fiscal. No podemos tener diecisiete legislaciones distintas, con normas de gestión distintas. Somos un único Estado y debemos tener una política fiscal coherente. Ahora encontramos situaciones disparatadas, como el hecho de que pagar por una herencia en Madrid no tenga nada que ver con lo que se paga en Asturias. No es aceptable. Las comunidades autónomas deben competir de otra manera, no con los impuestos.
-La Comunidad de Madrid es protagonista principal de la competencia tributaria entre autonomías. Baja los impuestos a la vez que su condición de capital le da ventaja para disponer de ingresos excepcionales. ¿Es un ventajismo censurable?
-Vivo en Madrid desde hace muchos años. Es una ciudad buena para hacer negocios, una ciudad abierta que es un foco de inversión extranjera importante. No me cabe duda de que se ve beneficiada por el hecho de ser la capital y es normal que atraiga más inversión que otras. Dicho esto, insisto en que debería haber una armonización fiscal entre las autonomías.
-Las encuestas indican que los españoles, como otros europeos del Sur, tenemos una mayor tolerancia social hacia el fraude y que en ocasiones tendemos a justificarlo. ¿Mejoramos o no en conciencia fiscal?
-Puede que tradicionalmente en España haya habido una cierta tolerancia al fraude que sigue existiendo. Pero también es verdad que en los países del norte de Europa también tienen su problema de economía sumergida. Esto no es cosa exclusiva del Sur, otros tienen lo suyo. Como decía antes, quizá la crisis hizo que hayamos mejorado, que seamos más sensibles al problema. Aun así, las tasas de economía sumergida y de fraude son elevadas e inaceptables. Queda todavía mucho camino por hacer.
-¿Incrementando los medios de la lucha contra el fraude?
-La Administración tributaria tiene medios en general, herramientas a su disposición para localizar focos de fraude. Pero en mi opinión yerra un poco el tiro. La Administración se centra mucho en autónomos y pequeñas empresas, donde efectivamente hay cosas que hacer, mientras que las grandes compañías no son controladas tanto. Muchas veces, ante una inspección fiscal, la propia Administración es capaz de llegar a acuerdos con las grandes empresas. Esa opción no se da en el caso de los pequeños contribuyentes.
