–La única manera de conseguir apartarlo de ahí y desbloquear esa situación hubiera sido que, al abrir la puerta del despacho, me lo hubiera encontrado matando a su abuela. Pero creo que ni aun así lo lograría.
En la era AC (antes del coronavirus), un responsable político de rango medio del Gobierno del Principado hacía esta confesión privada cuando se le preguntaba por el atasco que se había producido en un área de su competencia y que, al parecer, se debía al ritmo de trabajo (o más bien de lo contrario) de un reticente funcionario responsable de esas tareas que, al modo de Bartleby el escribiente, preferiría no hacerlo. El alto cargo, experto además en los mecanismos administrativos correspondientes, sostenía que el blindaje legal que tienen los empleados públicos impide en casos extremos como este, pese a dejar expedientes fosilizándose durante años, apartar a quien está obstruyendo las cañerías de la cosa pública.
En la era DC (después del coronavirus), el alcalde de un céntrico municipio asturiano se desesperaba por la situación creada con una empresa radicada en el concejo que había recibido financiación regional por su carácter innovador. La compañía, con un mercado exportador creciente, tenía los recursos, la intención de invertir cuanto antes y la ayuda regional pertinente. Pero le faltaban las licencias municipales correspondientes. Incluso tenía al regidor municipal de su lado, tratando de darle prioridad al proyecto y azuzando a sus funcionarios. Sin embargo, no contaban con los oficios de un empleado interino, molesto porque su plaza se había sacado a libre cobertura y que había querido imprimirle otro ritmo más caribeño al asunto. El tiempo corría en contra del empresario, que podía perder la ayuda regional si no comenzaba la obra en tiempo y forma. Pero, acaso guiado por ese dicho africano ("Prisa mata"), aquel funcionario decidió que iba a esperar tres meses antes de decidirse a enviar el expediente a la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), que debía de informar favorablemente (o no) a la concesión de la licencia. Tras ser advertido el empleado municipal por varias demoras similares, se quedó de baja, incrementando aún más el colapso de su oficina. Ahora, con otra persona en su puesto una vez resuelto el concurso, los papeles vuelven a fluir.
En estos dos casos concretos se retrata cómo la combinación de la obstinación o el enfado con el mundo de un empleado público, acorazado por la normativa, puede ralentizar la digestión de los trámites necesarios para reformar o construir una vivienda o, lo que parece aún más importante, alumbrar un proyecto empresarial, de los que la economía asturiana no anda precisamente sobrada.
«La licencia dependía de tres departamentos del principado y todos me decían: ‘si te la firma el otro, te la firmo yo’. Y yo les decía: ‘vale, os junto a los tres y me firmáis’. Pero no hubo manera»
Son dos ejemplos que apuntan directamente a la falta de la debida diligencia funcionarial. No obstante, obviamente, la exasperante lentitud de los trámites y la selva de normativas cruzadas, que tanto irrita a una mayoría de emprendedores en Asturias, no son del todo achacables al factor humano. En buena medida, es el propio mecanismo administrativo el que impone parsimoniosos ritmos biológicos, solo asumibles, de entre todos los seres vivos, por esa pequeña medusa inmortal en cuyo ADN el equipo de Otín busca ahora las claves del envejecimiento/rejuvenecimiento.
A todo lo dicho, hay que añadir dos condimentos que hacen más indigesto este plato. Primero, el "caso Marea" –corrupción en la Administración pública en el año 2010– supuso un shock generalizado cuyas consecuencias aún se viven hoy. Desde entonces, en las consejerías cada funcionario es su propio interventor y nadie firma nada sin tenerlas todas consigo. Antes de mover un papel que pudiera traer cualquier mínimo problema, prefieren dejarlo en reposo o devolverlo a chiqueros. En segundo lugar, el coronavirus ha servido para aplicar a rajatabla el sistema de cita previa, la defensa definitiva, el foso infranqueable para no acceder al castillo kafkiano de la burocracia. Ya ni siquiera se puede ejercitar ese deporte tan español de irse a maldecir, de calentada, a la ventanilla de turno.
Mientras, muchos de los pequeños emprendedores consultados para este reportaje se preguntan por qué, en una región tan pequeña y con tan poca actividad económica en comparación con otras, lo suyo siempre va tan lento pero lo de Amazon en Siero –y es una comparación que se repite con irritación– ha corrido que se las pela. ¿Qué pasó para que eso sí fuera rápido? No lo entienden. Argumentan que la empresa fundada por Bezos promete miles de empleos, pero la actividad de muchos pequeños empresarios también suma miles de puestos de trabajo. Mientras tanto, el Gobierno de Adrián Barbón –con el vicepresidente Cofiño metido a hacer los trabajos de Hércules– ha prometido una reforma de la Administración regional. Sin embargo, la complejidad de la tarea está retrasando la reforma. La burocracia demora la reforma de la burocracia. Paradójicamente, el monstruo se resiste a morir devorándose a sí mismo.
Y así, mientras tanto, los plazos para poder echar a andar nuevos negocios llegan a contarse por años. En algunos casos por décadas. En concreto, hasta dieciocho años. Ese fue el tiempo, de récord, que tardó un emprendedor rural asturiano cuya identidad prefiere no revelar en poder comercializar legalmente, con registro sanitario, su producto. Eran, simplemente, unas galletas artesanas que básicamente quería vender en su propio restaurante. Dieciocho años de cocción administrativa. Fue así, en sus palabras:
"Además del negocio que quería emprender, como vivo en el mundo rural, quería buscar unos ingresos adicionales. Ahora todo el mundo habla de los productos ‘kilómetro cero’, productos de cercanía. Y yo quería hacer eso. Había heredado unas recetas de galletas, de bizcochos, de quesos incluso, y había visto que en otros países de Europa había normativa que te permitía tener registro sanitario para poder hacer esos productos y venderlos en el mismo lugar. En otros países de Europa, en la zona rural, aquel que tenía una granja tenía una licencia para hacer estas cosas. Lógicamente con un local bien saneado, bien alicatado, con agua caliente y agua fría, y aparatos de acero inoxidable. En fin, una instalación que estuviera bien".
"Sobre 1995 empecé a indagar y me pedían una instalación para cada una de las elaboraciones. Las mismas exigencias que hacían para montar una gran fábrica. Si yo quería hacer chorizos, tenía que tener una instalación en la que hubiese zona de recepción de mercancías, zona de elaboración y zona de almacenamiento. Necesitaba tres locales que podían ser de cuatro metros cuadrados cada uno. Y luego, para hacer galletas, tenía que tener máquinas, una amasadora, un horno en otro departamento distinto. Con lo cual, casi necesitaba hacer una urbanización para poder tener un pequeño obrador artesano. No. Mi idea no era hacer una fábrica. La idea era que fuese algo artesano. No quería comercializarlas como una industria".
"Recuerdo que tenían que firmar tres departamentos para lograr el registro sanitario. Uno de ellos era Sanidad, el otro era Industria y el tercero ya no me acuerdo. El de Sanidad me decía: ‘Si te firma Industria, nosotros te firmamos y te damos el registro’. Y los de Industria me decían: ‘Si te firma Sanidad, nosotros de firmamos’. Y yo les decía: ‘Bueno, os reúno a los tres en una mesa y me firmáis’. Pero no hubo manera".
"No es que haya dedicado todo el tiempo del mundo a conseguir el registro de las galletas, no era la base de mi negocio, pero fui insistiendo, insistiendo y fue pasando el tiempo... Iba mirando la normativa, iba cambiando, pero cambiaban las palabras. Era el mismo perro con distinto collar. La exigencia era la misma. No era lo que yo quería: un obrador artesano para comercializar donde estaba, con registro sanitario, los productos de la zona. Tenemos muchas producciones en el campo que se pueden comercializar así. Por ejemplo, mermeladas, ahora que estamos en la época en la que hay peras, hay manzanas, hay piescos, hay de todo. Pues compras al vecino y con esa fruta haces una mermelada que es 100% fruta, estás dando de comer sano y a la vez estás moviendo la economía del pueblo. Porque al vecino, si no le compras la fruta que le sobra, se la van a comer las velutinas en el suelo. Si nos dan facilidades para comercializar todos esos productos, estás facilitando la economía del medio rural. ¿No queremos que haya gente en el campo? Pues la gente del campo tiene que comer, lo primero. Tendrían que facilitarnos las cosas ahora que hablamos mucho de sostenibilidad, esa palabra moderna. Pues en los pueblos siempre hubo sostenibilidad, siempre se aprovechó todo".
"Total, que te mandaban de un sitio para otro y entre que estás trabajando y que te dicen que va a salir una nueva normativa, pasó un año y otro y otro. Hasta que llegó un momento en que vino por aquí un inspector de Sanidad. Le di a probar las galletas y le conté lo que quería hacer. Los que somos emprendedores lo somos hasta la muerte. Y entonces él me dijo cómo tenía que hacerlo, haciendo algunas mejoras que eran asumibles. Digamos que me cambió el sentido de la oración. En vez de decirme lo que tenía que hacer, me dijo: con lo que tienes, puedes hacer esto, esto y esto. Lo hice y conseguí el registro sanitario de las galletas. Pero entonces, que ya era 2015, habían pasado 18 años desde que lo intenté la primera vez".
"La normativa tienen que aclararla, hay que interpretarla por el bien de la gente, facilitar las cosas al ciudadano. Facilitar que se puedan hacer las cosas dentro de la legalidad. No estamos en contra de que haya inspectores, no estamos hablando de ser ilegales. Estamos hablando de que nos legalicen, mediante una serie de trámites fáciles, unas instalaciones en las que no tengas que hipotecarte por diez años. O que cuando vas a hacer trámites no te digan que te falta el sello de no sé qué y tengas de volver y perder otro día. Cuando todos sabemos que, si vas a Hacienda, pinchan en un botón y saben si estás al día en la Seguridad Social, si estás al día en todo. ¿Y por qué tienes tú que ir a la Seguridad Social a pedir ese documento cuando eso está conectado y ellos ya lo saben?".
"El papeleo hoy es exagerado, sobre todo para el autónomo, para el pequeño empresario que tiene cuatro o cinco empleados y que tiene que estar pagando una asesoría, con unos gastos añadidos. Hay que encontrar la forma de que ese papeleo no sea tan rígido. No quiero que me rebajen los impuestos, que también, quiero que me quiten trabajo. El que está trabajando no puede dedicar mucho tiempo a los papeles. O se lo quita al sueño o se lo quita al descanso. Y todo el mundo necesita un día de descanso y dormir las horas necesarias. El pequeño empresario es el que sostiene la economía hoy".
El bloqueo de las obras del camino de Santiago y otros laberintos
Los encontronazos entre los asturianos y la burocracia administrativa han ido sucediéndose en los últimos años y, en las páginas de LA NUEVA ESPAÑA, iban quedando reflejados según su magnitud. Uno de los casos más preocupantes fue la denuncia pública hecha en febrero de 2020 por la Confederación Asturiana de la Construcción (CAC) del colapso que se había producido en la Consejería de Cultura en lo relativo a las obras relacionadas con el Camino de Santiago y que necesitaban el permiso previo de Patrimonio.
Los constructores calculaban que la inversión total que estaba pendiente del visto bueno de ese departamento sumaba unos 100 millones de euros. Había casos que hablaban por sí solos. Los propietarios de un albergue de peregrinos en la comarca oriental de Asturias estuvieron más de trece meses esperando que llegase el permiso para poder construir un muro. En la iglesia de Ribadesella se acumulaban las humedades, pero tuvieron que esperar meses a que llegasen los correspondientes parabienes para hacer las reparaciones pertinentes y pintar, porque este templo está afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural del Camino de Santiago a su paso por la villa riosellana. Finalmente, la solución adoptada por el Gobierno regional fue una reforma de la normativa para dejar en manos de los ayuntamientos la concesión de las licencias menores. Solo un mes antes, este periódico informó del caso de un vecino de Llanes residente en el Reino Unido. Casi al mismo tiempo solicitó dos permisos para la reforma de dos viviendas.
La diferencia estaba en que una estaba en Londres y otra en el concejo llanisco. En el primer caso, obtuvo el visto bueno de la Administración londinense en un mes, mientras que en Asturias tardó «más de dos años» en conseguir las licencias municipales y los informes autonómicos correspondientes. El medio rural asturiano, tan necesitado de actividades económicas que contribuyan a fijar población sobre el territorio, es otro de los entornos donde se echa más en falta una tramitación fluida. En junio pasado, este periódico informaba del caso de la empresa Industrias Lácteas Monteverde, elaboradora del conocido el queso Tres Oscos. En 2009 se planteó la necesidad de una reforma y ampliación de su planta, ubicada en el concejo de Grandas de Salime. Había que cambiar los métodos de fabricación e incorporar nueva maquinaria, que no cabía en sus instalaciones de entonces. Su proyecto estuvo «dando vueltas» durante dos años por «distintas consejerías». Mientras, la demanda del producto que iban a hacer con esa reforma (queso en lonchas) iba creciendo sin poder aprovechar esa tendencia positiva del mercado. Después de dos años, finamente consiguieron los permisos para hacer la reforma.
Esa misma empresa volvió a darse de bruces con la Administración. Hace dos años se planteó colocar placas solares para el autoconsumo de la fábrica. Iniciaron un proceso que en junio pasado llevaba ya 18 meses sin resolución. Y mientras tanto el precio de la luz de la red iba multiplicándose estratosféricamente. Pero las víctimas del papeleo no solo son las empresas, el laberinto de la burocracia está siempre esperando a cualquier peatón a la vuelta de la esquina. A final del pasado mes de agosto, LA NUEVA ESPAÑA informaba del caso de una vecina de Siero que estuvo a punto de perder la prestación del paro por el largo plazo que le daban para poder renovar su documento nacional de identidad (DNI). Tenía un máximo de 20 días para tramitar el cobro del desempleo, pero tenía el DNI caducado y le daban cita previa para dentro de tres semanas y no había forma de adelantarla. Sin DNI en regla no habría prestación. Al final, aceptó un nuevo contrato de corta duración, lo que le permitió tener tiempo para poder renovar el DNI en la fecha que le adjudicaron.
