"La amnistía deslegitima a los que no somos nacionalistas en Cataluña"

Rafael Arenas nació en Vegarrozadas (Castrillón) en 1967. Profesor de Derecho Internacional Privado en la Universidad Autónoma de Barcelona, fue presidente de Sociedad Civil Catalana y en la actualidad es vicepresidente del colectivo Impulso Ciudadano. Desde hace años alerta sobre las políticas secesionistas de los nacionalistas catalanes.

–¿Qué es Impulso Ciudadano?

–Una asociación cívica que defiende los principios democráticos, los derechos fundamentales y el buen funcionamiento de las administraciones. Nació en 2009, pero durante unos años tuvo poca actividad porque sus integrantes se vincularon a Sociedad Civil Catalana.

–¿En qué han centrado la actividad últimamente?

–Cada año hacemos un informe sobre violencia política en Cataluña y participamos en el informe sobre el Estado de derecho que realiza la Comisión Europea, a la que enviamos nuestras contribuciones. También iniciamos acciones judiciales, como la que llevó a la condena a Joaquim Torra por su negativa a retirar una pancarta partidista del balcón de la Generalitat.

–¿Su ámbito de acción es Cataluña?

–No. También tenemos gente de Madrid, Baleares, Valencia… También estamos centrados en asuntos de política nacional. Por ejemplo, denunciamos en Bruselas, al Comisario de Justicia, las declaraciones de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por cuestionar la labor de García Castellón y los jueces. Cada vez hay que preocuparse más por lo pasa en toda España y no solo por lo que ocurre en Cataluña.

–¿Clima social en Cataluña?

–Desde que nos cayó la bomba de la amnistía la cosa está mucho más tensionada. La amnistía deslegitima profundamente a los que no somos nacionalistas en Cataluña, los que defendemos la continuidad de Cataluña en España y reclamamos respeto al marco constitucional. Lo vivimos como una derrota y los nacionalistas no dejan de recordarte que es una victoria suya. Todos tenemos la sensación de que nos estamos jugando mucho. Lo que dicen los nacionalistas es, una vez lograda la amnistía, vamos a por la autodeterminación y de ahí a la independencia. Ahora hay una campaña institucional pagada por la Generalitat en la que se vende como un éxito haber parado la obligación de impartir un 25% de la docencia en castellano en las escuelas.

–¿La amnistía reabre heridas?

–Esa amnistía se da por siete votos. Ha sido una decisión del PSOE para mantenerse en el poder. El 22 de julio el PSOE decía que la amnistía no cabía en la Constitución y el 24 de julio dice otra cosa. ¿Por qué? Porque necesitaba los votos de Puigdemont.

–¿Lo que desencadenó el "procés" sigue vigente?

–La amnistía ha vuelto a insuflar vida al "procés". No se había recuperado del golpe de 2017, pero ahora coge nueva fuerza. Los responsables actúan con total impunidad. Lo hemos visto con la alianza con el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC) para evitar que fuese eficaz la sentencia que obliga al uso del castellano en la educación.

–¿Qué ha supuesto el discurso de Puigdemont en Elna?

–Confirma que Puigdemont no busca la reconciliación, sino la secesión, y que los acuerdos con el Partido Socialista solamente tienen un objetivo: permitir que el Partido Socialista siga gobernando. Jactarse de controlar al Gobierno y de forzar al Partido Socialista a negociar en el extranjero el Gobierno de España con un prófugo de la justicia es profundamente humillante

–¿Qué otras lecturas espera de las elecciones en Cataluña?

–Queda por ver si el nuevo nacionalismo del PSC consigue atraer votos de gente de Esquerra o Junts y, al tiempo, mantener voto constitucionalista, aunque para mí sería voto constitucionalista mal informado.

–¿Por qué?

–Porque en estos últimos años el PSC, y el PSOE en general, ha demostrado que es el aliado claro y natural de los nacionalistas. Será interesante el debate de la pugna entre Esquerra y Junts; entre el que se quedó aquí para pagar la pena de cárcel y el que se fue a Bruselas a vivir el exilio.

–Si incluye al PSC en el bloque nacionalista, poco espacio queda para el constitucionalismo entonces…

–Ese es el problema, pero engañarse no sirve de nada. Uno puede creer que el PSC es constitucionalista, sí, pero vota la amnistía. Los análisis señalan que la duda es si el PSC gobernará con Esquerra o con Junts. En los últimos años hemos visto que cuando hay que tomar una medida, aquí, en Madrid o en Bruselas, el PSOE se alinea con los nacionalistas.

–¿Está el constitucionalismo en Cataluña condenado a ser minoría?

–Es lo que hay.

–¿Qué perspectiva ve en 10 años? ¿Un marco federal?

–Ojalá fuera federalismo. España ya es una realidad confederal. Sería federal si tuviéramos claras las competencias del Estado, las de las comunidades autónomas y de ahí no nos moviéramos. Pero tenemos una dinámica para que las comunidades autónomas tengan cada vez más competencias. Las que consiga Cataluña las acabará teniendo el País Vasco, si no las tiene ya, y también otras comunidades: incluso las que no tienen partidos nacionalistas. Se hará copiando el criterio de la lengua, como vimos en Asturias hace unos años con el intento de establecer la cooficialidad. Quedó claro en la pandemia: las decisiones se tomaron de una manera propia de una confederación.

–¿Es imparable?

–Es una dinámica que ya asumen los partidos. Ahora hay un problema abierto con las pruebas de acceso a la universidad y su disparidad en los distintos territorios. Pese a eso, dan derecho a ir a las mismas universidades en toda España. El PP está intentando resolver eso con acuerdos entre las comunidades autónomas en las que gobierna. Por eso digo que ya hay una dinámica confederal. Los grandes partidos españoles ya son en buena medida confederados. El PSOE es uno, pero el PSC es otro; en el PP también ocurre: hay diferencias en Galicia, en Madrid o en Cataluña.

–¿Qué hay que hacer ante eso?

–Sentarse y hablarlo. ¿Adónde queremos ir? ¿Queremos acabar realmente en una confederación? Ese es el preludio a la disgregación, como pasó en Yugoslavia o la Unión Soviética. ¿Queremos eso o queremos revertir la situación? Si el debate no se plantea en estos términos, en diez años España será muy distinto como país. Quizá lo único que mantengamos sea la selección española.

–¿Busca Puigdemont algún paralelismo con Josep Tarradellas y pronunciar su particular "ja soc aquí"?

–Para él volver a Cataluña y decir "ja soc aquí" sería el triunfo definitivo. Está por ver que lo pueda conseguir. El objetivo de la amnistía es ese, claramente. Pero, aunque la ley se apruebe en mayo, tendrá que aplicarla un juez, para levantar la orden de detención. Si los jueces consideran que la ley de amnistía es contraria al derecho de la Unión Europea, antes de hacer nada plantearán una cuestión prejudicial al Tribunal de Luxemburgo y esperarán a que se pronuncie. En todo caso, no sabemos qué va a pasar y no se resolverá antes del 12 de mayo, así que quizás ese es uno de los elementos por los que Aragonés ha adelantado las elecciones, para que no le pillen con Puigdemont en Cataluña. Aragonés no tendría más remedio que recibir a Puigdemont y sacarlo al balcón de la Generalitat. Entonces diría que está aquí, y sería un triunfo enorme.

–¿Hay algún paralelismo entre Puigdemont y Tarradellas?

–No tienen nada que ver. Tarradellas era un catalanista, en su momento independentista, pero en la Transición actuó de manera conciliadora. Puigdemont es rupturista y busca la división y el enfrentamiento. Lo ha demostrado con creces. En el fondo del planteamiento creo que Puigdemont y Tarradellas son antitéticos.

–En el Consejo General del Poder Judicial hubo división al analizar la amnistía, aunque el informe la cuestiona.

–Que emita informe es normal en el marco del procedimiento legislativo y hubiera sido preceptivo de haberse adoptado por la vía adecuada: el proyecto de ley. Me ha llamado la atención que un grupo de vocales hayan considerado que no correspondía al Consejo entrar en la constitucionalidad de la norma al entender que eso está reservado al Constitucional. Con acierto, a mi juicio, el vocal Enrique Lucas Murillo cuestiona esta afirmación que da a entender que el juicio de constitucionalidad (que realizará el Tribunal Constitucional) no es un juicio jurídico, sino político; lo que no solamente es falso, sino que supondría deslegitimar de raíz al Tribunal Constitucional. En los Estados democráticos, el Derecho opera como límite y cauce para el legislador. El análisis de cómo se articulan estos cauces y límites es jurídico, de acuerdo con una determinada manera de razonar que es fruto del consenso de la comunidad jurídica y que no se basa en criterios mayoritarios o "políticos" si se quiere. El control de constitucionalidad lo tienen que realizar tanto los jueces ordinarios como cualquier otro operador jurídico o político. Otra cosa es que en caso de conflicto quien haya de resolver sea el Tribunal Constitucional.

–Será inevitable una lectura política del pronunciamiento del Constitucional.

–El Tribunal Constitucional habrá de resolver también a partir de criterios jurídicos, en el mismo "lenguaje" en el que nos expresamos los juristas. Si no hace esto, y si en el Consejo General del Poder Judicial se cuestiona eso, apaga y vámonos; porque sin Derecho no hay democracia. Si la mayoría opera al margen del Derecho nos salimos de la democracia para caer en el totalitarismo. Así que sí, el debate es importante, pero más por esto que acabo de comentar que por otra cosa. Dicho lo anterior, el principal problema de la amnistía no es jurídico; es que es inmoral. Pone el Estado al servicio de un propósito particular, manoseando, además, el concepto de reconciliación para que cubra la compra de siete votos a cambio de la impunidad de varios delincuentes.

–¿Plantearán recursos contra la ley de amnistía

–Toda posible acción deberá esperar a que el texto esté aprobado. Hemos iniciado una campaña de firmas para pedir al Defensor del Pueblo que plantee un recurso de inconstitucionalidad. También colaboramos con entidades que advierten e informan sobre las consecuencias de la amnistía. Para hacer un planteamiento jurídico habrá que esperar a que el texto quede aprobado definitivamente en el Congreso.

–¿Qué recorrido tiene Ciudadanos fuera del PP?

–Honestamente, no lo sé. Cs parece que ha perdido la confianza del electorado, pero es objetivo que ha mantenido un discurso en defensa del Estado de Derecho y de la división de poderes, así como de oposición frontal al nacionalismo, más coherente que el del PP. Veremos si puede obtener representación. Imagino que dependerá de si atrae voto de quienes habían confiado en el Partido Socialista y ahora se sienten decepcionados por la amnistía y, también, de los errores que cometa el PP, que parece que duda aún entre presentarse como remedio contra el nacionalismo o como posible aliado del "nacionalismo moderado", si eso puede existir.

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