La participación de cazadores en los controles del lobo es legal. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha validado las actuaciones derivadas del Plan de Gestión del Lobo del Principado, en contra de lo que sucede en las instancias judiciales de otras comunidades autónomas. El TSJA ha inadmitido una iniciativa presentada por el Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (PACMA) contra las batidas del lobo con cazadores. El tribunal condena a PACMA al pago de las costas, hasta un máximo de 800 euros. El fallo no es firme pues cabe presentar un recurso de casación antes de 30 días, aunque solo para ser resuelto por el Tribunal Supremo si se denuncia la infracción de legislación estatal o por la misma Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJA que dictó la sentencia si lo es por legislación autonómica.
El auto del Superior de Justicia da la razón al Principado, con lo cual, sus actuaciones de control poblacional del lobo, a través del nuevo mecanismo que incluye la participación de los cazadores en esa actividad, tiene validez jurídica plena, salvo que prospere el recurso de casación. La participación de los cazadores en los controles de la población de lobos, había sido acordada por el Gobierno autonómico con varios ayuntamientos y las sociedades de caza de la región.
El TSJA ha vuelto a dar la razón al Ejecutivo autonómico, del mismo modo que lo hizo en anteriores autos, y rechaza las denuncias realizadas por distintos grupos conservacionistas. Los jueces han atendido los argumentos del Principado de Asturias, que destacó que ni en el escrito de interposición ni en el posterior escrito de demanda se identificaron las resoluciones concretas que se impugnaban, como exige la ley. Ello pese a que en el momento de formular la demanda PACMA contaba con copia de los actos que podría impugnar: cinco resoluciones, fechadas entre el 20 de septiembre y el 20 de octubre de 2017, por las que el Principado autorizó a los ayuntamientos de Las Regueras, Candamo, Illas, Cabrales, Onís y Peñamellera Alta a realizar actuaciones para el control del lobo.
De hecho, en la sentencia se recoge que el Gobierno del Principado remitió toda la documentación referida a los controles del lobos y a la autorización a cazadores voluntarios en los controles del lobo a colectivos como ASCEL, WWF, Adena, ANA, La Manada, Verdes Asturianos, Coordinadora Ecoloxista d'Asturies y representantes de los grupos conservacionistas en el Foro de Participación Social de la Reserva de la Biosfera del Río Eo, Oscos y Tierras de Burón. Y añade que PACMA, que no solicitó la documentación, "ya conocía su contenido a través de sus representantes en el Comité Consultivo del Lobo".
Así las cosas los jueces han validado las autorizaciones para batidas de lobos en los cinco municipios antes citados, "sin límites de cupo ni temporalidad", así como el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2017-2018. Esta decisión se une a varias anteriores en el mismo sentido y a la decisión de la Fiscalía de archivar tres denuncias ecologistas en mayo de 2018, al considerar que el control del lobo es legal y que todos los planes, resoluciones, programas y decretos del Principado analizados tenían como base de "estudios pormenorizados sobre el estado de conservación del lobo en Asturias".
La sentencia del TSJA choca con el triunfo de las tesis de PACMA en Castilla y León, donde los jueces han tumbado todos los decretos sobre la caza y el control poblacional de la fauna silvestre, a través de un auto que aún puede ser recurrido en reposición antes de cinco días. Un magistrado emitió un voto particular, contrario a las tesis de PACMA y favorable a las de la Junta de Castilla y León.
