Condenan a Castropol a dar marcha atrás a las obras en las escuelas de Presno

Oviedo, Pablo GONZÁLEZ

El juzgado contencioso-administrativo número 2 de Oviedo ha condenado al Ayuntamiento de Castropol a devolver a su estado original los alrededores de las antiguas escuelas de Presno, donde se estaban llevando a cabo unas obras para acondicionar una área recreativa y construir un aparcamiento que diera servicio a los locales de asociaciones y al centro periférico de salud que ahora ocupan las antiguas aulas de la parroquia.

Así lo ha decidido la magistrada Pilar Martínez Ceyanes en un duro auto en el que, entre otras cosas, considera probado que las obras se realizaron sin proyecto alguno, que éste se hizo cuando vecinos de la zona presentaron la denuncia y que el proyecto «no cumple ni por asomo» con lo que exige la ley. Mientras, la juez rechazó la pretensión de los demandantes, representados por el abogado Jaime de Vicente, del bufete De la Iglesia-Teijelo, de recibir una indemnización por los daños que las obras habrían producido en sus tierras, ya que los desperfectos no fueron acreditados.

En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), se explica cómo el interrogatorio del Alcalde de Castropol, José Ángel Pérez (PSOE), reveló «con meridiana claridad la falta de cobertura alguna de las obras emprendidas». Y es que el Alcalde, siempre según la sentencia, reconoció durante su declaración que los movimientos de tierras se iniciaron sin saber lo que se iba a hacer allí y que posteriormente «cuando se concretaron las actuaciones que se iban a realizar se redactó la memoria de las mismas».

El fallo recoge que el expediente administrativo demuestra que la legalización de las obras se llevó a cabo cuando los vecinos afectados presentaron la denuncia. Además, subraya que el expediente «consiste en un mero documento que no cumple ni por asomo» las prescripciones que exige la ley «para considerar aprobada una obra pública municipal».

Las obras fueron paralizadas hace casi un año de manera cautelar por falta «de cobertura jurídica». Los trabajos consistieron en una serie de movimientos de tierras. Según el abogado Jaime de Vicente, las obras, además de carecer de los permisos pertinentes, no cuentan con partida presupuestaria aprobada por el pleno. Por eso la intención del letrado es seguir adelante con la causa para «averiguar quién ha ejecutado las obras, quién las ha pagado y dónde está la tierra que se extrajo». Se calcula que durante el tiempo que duraron las obras se movieron más de 61.500 toneladas de tierra que tendrían en el mercado un coste de 200.000 euros.