La Guardia Civil ha registrado varios domicilios y se ha incautado de armas en relación con el presunto fraude de los daños del lobo en varios concejos del Occidente. Las pesquisas, que centraliza el Juzgado de Castropol y que ejecuta el Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) del Instituto Armado, han determinado que se trata de “casos puntuales” y “no de un fraude generalizado”, según ha podido averiguar LA NUEVA ESPAÑA.
La investigación se centra en determinar si ganaderos del Occidente utilizaron ganado equino para defraudar a la Administración. El supuesto modo de operar era el siguiente: algunos ganaderos adquirían potros a bajo precio en regiones vecinas, principalmente en Galicia, que a continuación soltaban en el monte, dejándolos a su suerte para que fueran atacados por los lobos. Cuando había ataques, denunciaban los daños y, en algunos casos, acababan recibiendo ayudas muy por encima del precio que habían pagado por los animales. “Incluso cuatro o cinco veces más”, apuntaron diversas fuentes.
Esa “mala utilización” del ganado equino es la causa por la que varias personas están siendo investigados, además de por fraude, por presunto maltrato animal. La iniciativa partió del Juzgado castropolense, a diferencia de una investigación similar desarrollada hace uno años, que sí tuvo su origen en la denuncia de una compañía de seguros.
Algunas fuentes aseguraron que en un primer momento el Seprona reclamó documentación al Gobierno del Principado, y que al no haber contestación, los agentes acudieron a la oficina de Medio Rural en Vegadeo con una orden judicial y la intervinieron. Otras fuentes, por el contrario, han asegurado que la Guardia Civil y el Juzgado tuvieron “colaboración total” por parte de la Consejería, y que las averiguaciones se realizaron en “total coordinación y transparencia” con las autoridades autonómicas. El propio departamento que encabeza Alejandro Calvo aseguró que sí se ha prestado colaboración, y que ha respondido a los requerimientos de información solicitados por los investigadores.
Ignacio Martínez, portavoz de la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), resaltó que la existencia de este “fraude estructural” se conoce desde hace años, y que incluso el Gobierno del Principado maneja desde hace años informes que así lo corroboran. “¿Hizo algo el Principado”, preguntó Martínez. Él mismo contestó: “Se ve que no”. Por ello su conclusión es que la Administración “no está haciendo lo que debe”, puesto que entre sus deberes está “controlar lo que ocurre en sus oficinas”.
La investigación por el supuesto fraude en el cobro de los daños provocados por ataques de lobos en el Occidente coincide con el intenso debate surgido al anunciar el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que otorgaría protección especial a la especie en toda España, y no solo al sur del río Duero, como hasta ahora. El anuncio, que coincide con la sugerencia del Comité Científico y con el voto mayoritario en la Comisión estatal de Medio Natural y Biodiversidad, ha cosechado la frontal oposición de varios gobiernos autonómicos –incluido el del Principado–, asociaciones ganaderas, partido políticos y la Federación Asturiana de Concejos (FACC).
