Un vecino de Tineo ha conseguido que los colegios de abogados de Cantabria y de Oviedo sancionen a dos de sus profesionales por no haber realizado las gestiones y el trabajo para los que habían sido contratados y por los que habían cobrado con antelación. La sanción que recibieron por parte de sus colegios fue la imposición de la suspensión temporal del ejercicio de la profesión, tres meses para el abogado perteneciente al colegio cántabro y quince días para la abogada del colegio ovetense.
“Quiero que la gente vea que hay posibilidades de reclamar y que esto sirva para disuadir a los profesionales que tengan tentaciones oscuras, que sean más legales y que no vendan humo a sus clientes para cobrar el dinero”, expone el denunciante, Luis P. G., quien prefiere mantener sus apellidos en el anonimato.
El inicio del problema se remonta a enero de 2018, cuando el denunciante contrata a un abogado de Santander, por recomendación de un amigo, para que le asesore e impulse un procedimiento de indulto que había presentado. Acordaron que le adelantaría 1.200 euros para iniciar el trabajo y así lo hizo el cliente. Pero los meses pasaban y no tenía ninguna información de avances ni siquiera de que su abogado estuviera trabajando en ello. “Lo llamaba y me daba largas, lo normal cuando llevas un caso es que te puedan surgir dudas, pero no me llamaba, así que un año después le pedí que dejará el caso”, explica. Fue el 21 de febrero de 2019. Justo cinco días después, relata el afectado, el abogado mueve ficha y envía un escrito para solicitar información sobre el estado del indulto, que según se detalla en las conclusiones del expediente disciplinario fue la única actuación realizada. “No consta acreditado que el letrado denunciado haya llevado a cabo trabajo alguno, más allá del escrito de mero trámite presentado con posterioridad a serle retirado el encargo”, ahonda el escrito del Colegio de Abogados, en el que además le reprochan “haberse aprovechado de la confianza del cliente al trasladarle que se podría llevar a cabo una intervención activa en el procedimiento, que comprende un tramitación muy concreta en la que no hay intervención de parte”, lo que señalan que constituye “un engaño”.
En mayo de 2019 contrata a una abogada, esta vez vinculada al Colegio de Abogados de Oviedo, y vuelve a vivir una situación similar. Le pide 800 euros por adelantado y una vez que los recibe “ya no era tan accesible”, apunta. Tras unas semanas en las que de nuevo recibe aplazamientos y el trabajo no llega a finalizarse, el cliente le pide que se desvincule y la devolución del dinero, a la vez que pone una queja. En ambos casos los colegios concluyen que sus abogados han cometido una “infracción grave”. Ahora el afectado recurrirá al Juzgado para reclamarles las cuantías abonadas con antelación más los intereses.
