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La patronal de la construcción recurre el contrato de la mina de Tormaleo

“La adjudicación vulnera la libre competencia y concurrencia”, afirma sobre la obra de Ibias

La Confederación Asturiana de la Construcción (CAC-Asprocon) ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales con el que pretende impugnar la adjudicación de emergencia del contrato de obra para los trabajos de restauración de la mina a cielo abierto de Tormaleo, en Ibias, que ha sido otorgado por el Principado de Asturias a la empresa Tragsa con un presupuesto de 48,4 millones de euros.

La patronal de la construcción asturiana entiende que con la adjudicación directa del contrato se vulnera la libre competencia y los principios básicos en materia de contratación pública como es la libre concurrencia. También apunta que el Principado pierde la posibilidad de obtener un mejor precio “de forma que se gastará de forma absolutamente injustificada más de lo que realmente costaría, si hubiera optado por un procedimiento abierto en el que las empresas clasificadas y con solvencia para ejecutar este proyecto pudieran concurrir”.

La patronal asturiana de la construcción también indica en su recurso que las razones que manifiesta la Administración regional para realizar la adjudicación de emergencia “caen por su propio peso”, si se tiene en cuenta que han tardado más de cuatro meses en preparar el encargo del proyecto y que el plazo de ejecución de las obras es de cuatro años. “No parece de recibo alegar la urgencia de su adjudicación directa sin concurrencia ante una obra con un plazo de ejecución tan amplio”, alegan.

Asprocon defiende que las empresas del sector podrían acometer la obra con garantías de éxito. Además, estiman que el Principado recurre de manera “abusiva e injustificada” a la empresa pública, “convirtiendo en regla general lo que legalmente es una excepción”. Y añaden que este tipo de trabajos “se alejan del objeto social por el que se constituyó Tragsa, creando así una gran compañía que hace una competencia desleal a las empresas del sector y todo ello ante un contexto con escasa inversión pública y enormes problemas para la actividad de la construcción”.

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