Todos los años, al comenzar el otoño, se hacen públicos dos interesantes rankings mundiales que miden el grado de corrupción y de burocracia en los países. Según el informe «Doing business» del Banco Mundial, España ocupa el puesto 38.º del mundo en cuanto a facilidades y burocracia para abrir negocios: diez procedimientos distintos con una duración de 47 días, frente a la semana de Estados Unidos o Dinamarca. Así, con dos trámites se puede abrir un negocio en Australia, Canadá y Nueva Zelanda, mientras que en Guinea Ecuatorial son necesarios veinte.
Una curiosa similitud debería hacernos reflexionar. La ordenación de esta clasificación tiene mucho parecido con la elaborada por Transparencia Internacional para medir el índice de percepción de la corrupción en el sector público, donde España ocupa el puesto 25.º de honradez. Los mismos estados comparten tradicionalmente los primeros y los últimos puestos de ambas listas. ¿El burocratismo genera corrupción? O sencillamente ¿hay correlación entre corrupción, pobreza y burocratismo? Aquí me surge otra duda: ¿son corruptos porque son pobres? o É ¿son pobres porque son corruptos? Y, por fin: ¿más controles suponen menos corrupción?
Los brasileños tuvieron durante años un Ministerio de la Desburocratizaçao, una denominación aparentemente contradictoria. Imagino los chistes que habrán soportado sus directivos para hacer frente a las duras responsabilidades de racionalización, de aumento de la productividad y cercanía de los servicios públicos al ciudadano, al que se busca aliviar de exigencias inadecuadas. En esa época, se creó allí el Juzgado de «pequeñas causas» para desahogar la justicia o el estatuto de la microempresa, para simplificar la organización y procedimiento de iniciativas modestas.
Con frecuencia los medios de comunicación ponen de relieve las dificultades de un amplio sector de la ciudadanía para relacionarse eficazmente con la Administración. Cada vez desaparecen más trámites caducos.
Hace 25 años, a golpe de decreto ley se suprimieron las pólizas -especie de sello adquirido en un estanco-, que debían acompañar los escritos o instancias dirigidas a la Administración. Hoy, aquellos comportamientos tan sumisos ante la ventanilla forman parte de la historia. Recuerdo en esa misma época que una funcionaria, durante la matrícula universitaria, se presentó ante una gran cola de estudiantes exigiendo que se alineasen por orden alfabético. Parecía que iba a salirse con la suya cuando el revuelo alertó al administrador de la Facultad, que impuso el sentido común.
Se cuentan muchas leyendas urbanas de burocracia: aquel pensionista que se presenta con el DNI en el mostrador de la Seguridad Social para probar que está vivo y le dicen que vuelva con el certificado de nacimiento, para probar que había nacido, y una fe de vida para probar que estaba vivo. O el gerente que determinó la quema de un enorme archivo de papeles inútiles, guardados sin que se supiera por qué y para qué. El encargado del Registro, después de intentar no cumplir la orden, se conformó: «Está bien, pueden quemarlo, pero antes guarden una fotocopia de cada uno de los papeles».
En la década de los 90, la ley 30/1992, de administraciones públicas, reconoció el derecho a no aportar documentos que ya obrasen en los archivos y registros de la Administración, aliviando así al ciudadano de la carga de aportar múltiples legajos con sus copias de forma redundante.
Más reciente, la ley 11/2007, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos, brindó la posibilidad de no personarse físicamente ante la Administración y de gestionar los asuntos desde el domicilio. Internet se ha convertido en el principal aliado contra el burocratismo; su progresiva implantación en las administraciones públicas acaba con muchas prácticas viciosas y potencia la transparencia.
Así, una conocida encuesta del CIS sobre la calidad de los servicios públicos, fechada en marzo de este mismo año, destacaba las principales trabas que los ciudadanos se encuentran a la hora de acceder a aquéllos: la lentitud a la hora de resolver los trámites (65 por ciento) o la excesiva burocracia (61 por ciento). Son tópicos que encontramos en todas las conversaciones sobre funcionarios.
Sin embargo, parece que los españoles no perciben que para «moverse» en la Administración sea imprescindible «conocer a alguien» que aligere los trámites. Aunque es mayoritaria (82 por ciento) la opinión de que el trato recibido de los funcionarios varía según los contactos que se tengan, la realidad es que al 42 por ciento casi siempre, o a menudo, «los funcionarios le tratan de manera imparcial».
El sondeo refleja también el importante esfuerzo de modernización de todas las administraciones de cualquier color político. Ratifica la mejora en la incorporación de nuevas tecnologías, en las instalaciones de las oficinas de atención e información al público. Sin embargo, ese progreso no se reconoce en la sencillez de los procedimientos administrativos, ni en el trato al ciudadano, ni en la rapidez para resolver las gestiones. En total, «sólo» un 27,2 por ciento valora el funcionamiento de la Administración como negativo.
Con cierta periodicidad se divulga la supresión de algún trámite que nada aporta al procedimiento. La eliminación de la fotocopia del DNI fue la penúltima. En un ámbito más especializado, el presidente del Gobierno de la nación acaba de anunciar que terminará «con una carga inútil» al suprimir el certificado veterinario requerido por los mataderos para sacrificar sus cabezas de ganado. Este documento suponía para los ganaderos un pago de entre 9 y 24 euros, sin argumentos técnicos que justificaran su mantenimiento, que sólo en una provincia como Ávila recauda 700.000 euros. Descubrimos que ese trámite era poco más que cobrar por una firma en barbecho.
Estos días, el antiguo ministro de la Desburocratizaçao, Paulo Lustosa, contaba que después de casi una hora en el registro para «reconocer» su propia firma en documentos personales, recordó que esa exigencia había sido abolida durante su mandato. Pues allí estaba ella de vuelta, para mofarse de un antiguo luchador contra la burocracia inútil.
Antonio Arias Rodríguez. Síndico de Cuentas del Principado de Asturias.
