En ocasiones uno se ve obligado al injusto ejercicio de tener que responder a manipuladores comentarios que, fieles al principio del «acusa, que algo queda», carecen del mínimo fundamento y no tienen otro objetivo que el de enturbiar la realidad.
De todo cuanto se ha dicho por parte de quienes pretenden hacer una batalla política con el asunto de la jactancia, lo único cierto es que la decisión de acudir a los tribunales para defender el buen nombre del Ayuntamiento de Laviana, ha sido mía exclusivamente. Y es que, como Alcalde, no puedo tolerar que nadie ponga en entredicho o ni siquiera insinúe que en la Corporación Municipal que presido, se comenten actividades delictivas como lo son la expoliación y la especulación. Y esa actitud de defensa nada tiene que ver con limitar la libertad de expresión o el derecho a la crítica al que me veo sometido por mi cargo público día sí, día también; pero llega un momento en que la tolerancia deja de ser virtud.
Llama la atención cómo algunos miembros de la Corporación Municipal (hablo del PP) parecen ver con buenos ojos que un grupo de personas acusen al consistorio de expoliador y especulador cuando, en buena lógica, también deberían sentirse atacados ante talas imputaciones.
Pero, no sólo las toleran sino que, además, parecen alentarlas cuando en su día se opusieron demagógicamente y, por intereses políticos, a la acción judicial interpuesta por quien esto escribe en defensa de la imagen del Ayuntamiento; y ahora, tras las Sentencias, incluso piden que asuma responsabilidades políticas. ¿Por qué motivo? ¿Por defender la legalidad de las decisiones políticas del Ayuntamiento? ¿Por invitar a que quien nos acusa de expoliar y especular acuda a los tribunales para demostrarlo o, en caso contrario, deje de imputar falsas acusaciones? Sí, digo bien «nos acusa», porque en toda esta historia nada se ha imputado a mi persona sino al Ayuntamiento que presido y del que forma parte el Grupo Popular que hoy me critica.
Debo ser el primer alcalde de España al que la derecha le pide que dimita por defender la legalidad de las actuaciones políticas que se desarrollan en su municipio y por invitar a que quien las pone en duda acuda a los tribunales de justicia para demostrarlo.
Si éstos son los únicos motivos para tal reclamo político, debo decirles que me siento muy satisfecho, pues una petición de tal calado debe fundamentarse en algo más sólido, aunque cuando en política la falta de ideas es lo que caracteriza a la oposición, se produce este tipo de excesos.
Con la acción de jactancia lo único que se perseguía era la legítima exigencia de que cuando la crítica afecta a cuestiones que deben ser resueltas por los tribunales; cuando la crítica se basa en la imputación de hechos delictivos (porque eso, y no otra cosa, significa expoliar y especular) sean los tribunales quienes determinen la veracidad o falsedad de tan graves acusaciones. Por tanto ¿cabe sostener con un mínimo de solvencia que se acuse de silenciar la libertad de expresión o el derecho a la crítica a quien invita a los acusadores a demostrar ante los tribunales las imputaciones de ilegalidad que realizan? ¿Acaso va en contra del derecho a la crítica pedir que quien acusa de forma infundada lo demuestre ante la justicia?
Cuando se interpuso la demanda judicial, se optó por una acción que, pese a su antigüedad, aún está vigente en nuestro ordenamiento jurídico; y tal opción se realizó por considerar que con ella se cubría la finalidad pretendida con el menor daño a los demandados. De ahí que se descartase acudir a la vía penal por injurias y calumnias o a la ley de defensa al honor, ya que los ataques no se dirigían a mi persona sino al Consistorio. Pero la justicia se ha pronunciado afirmando que no cabe acoger tal pretensión, bajo el argumento de que la proyección pública de una institución mitiga el alcance gravoso de los calificativos utilizados (expoliador y especulador) con lo que debe soportar un cierto riesgo en la lesión de sus derechos de la personalidad. O sea, que se reconoce que se lesionan unos derechos al buen nombre pero como quien los recibe tiene una proyección pública, debe soportarlos.
Por supuesto que debo acatar tal decisión, pero no puedo mostrar mi acuerdo con la misma ya que no resulta lógico que el que insulta o acusa injustamente, encuentre su inmunidad en la proyección pública del insultado. Así que como justiciable debo formular una pregunta a los jueces: ¿qué solución jurídica existe para defenderse de este tipo de ataques? ¿Estamos obligados a soportar impunemente este tipo de falsas imputaciones cuando alguien le venga en gana contaminar el paisaje del municipio con pancartas o carteles llamando delincuente a una institución democrática, por el echo de que sus decisiones son públicas? ¿También cabe la impunidad cuando ante una decisión judicial (que también es pública) el que se cree perjudicado por ella se dedique a plantar carteles en la vía pública acusando de prevaricador al juez que la dictó?
Creo que es un error inaugurar la vía del todo vale, ya que una cosa es la crítica política o la libertad de expresión y otra bien distinta utilizar tales derechos constitucionales para acusar impunemente de delincuente a una institución tan pública como democrática.
Y menos aún cabe pretender tildar como contraria a esos derechos de crítica y expresión una acción dirigida a que quien acusa lo demuestre allí donde debe hacerlo, en los tribunales de justicia; o si no, que se abstenga de enturbiar a la opinión pública o de cuestionar gratuitamente la legalidad de un Ayuntamiento.
