La ley Ómnibus y la «liberalización»

La profesión de arquitecto se ve en este momento sometida a dos presiones en forma de iniciativas legales: la ley sobre el libre acceso y ejercicio de las actividades de servicios (ley Ómnibus) y el Proceso de Bolonia, ante las que sólo cabe respuesta desde los colegios de arquitectos en actuación coordinada.

¿Será posible aún que la parte de razón que podamos tener sea escuchada por quienes pueden decidir?

El congreso de arquitectos de Valencia, en el que nos reunimos del día 1 al 3 de julio 1.300 arquitectos, se celebró en el momento más adecuado.

Los colegios de arquitectos llevan a cabo y están en disposición de realizar tareas que ni los arquitectos aisladamente ni la Administración están en disposición de ofrecer. La asunción de más y no menos funciones de los colegios por delegación de la Administración supondría un enorme ahorro de tiempo y dinero y una eficacia e independencia hoy por hoy inalcanzables por otros medios. Además de la función del visado, para la que se abren campos nuevos y más eficaces, otras posibilidades se abren.

Por supuesto, el visado debe proteger al consumidor, ya que:

Defiende al cliente del intrusismo, certificando la firma del arquitecto autor del trabajo.

Da fe de que el total de la documentación que constituye el trabajo es la obligada de acuerdo con la normativa vigente.

Vigila que se cumpla la especificación documental del proyecto básico y el de ejecución de acuerdo con el CTE.

Por otra parte, la aprobación del Código Técnico de la Edificación y la entrada en vigor de los sucesivos documentos implican un esfuerzo en la redacción de proyectos y en la ejecución de las obras ante el cual habríamos estado inermes sin el trabajo de los centros de asesoramiento tecnológico y la puesta a disposición de los colegiados de las herramientas de trabajo y los cursos de capacitación y divulgación que hacen posible la aplicación real del CTE. El esfuerzo económico que han hecho los arquitectos tanto individualmente como desde los centros de asesoramiento no es comparable al de ninguna otra profesión. Supone la colaboración más leal y eficaz de una profesión con la Administración de la que tengamos memoria.

Lejos de desaparecer, la ampliación del contenido del visado permitiría un enorme ahorro de tiempo y, por tanto, económico. Para ello sería imprescindible el trabajo de común acuerdo entre colegios de arquitectos y Administración de modo que ésta acordase que la comprobación de la normativa urbanística, ya sea municipal o de más amplio ámbito, avalada por el visado colegial, es suficiente para la expedición de las autorizaciones legales de construcción. Esta situación reducirá los plazos de tramitación de la licencia municipal de edificación, con el consiguiente ahorro de tiempo y costes Se estima un incremento de coste en la construcción de un 1% por cada mes de tramitación. En este momento siete arquitectos visan la totalidad de los proyectos que se elaboran en Asturias, con tiempos de visado de cuatro a cinco días. Mientras tanto, un número mucho mayor de oficinas municipales y autonómicas y estatales acumulan tiempos de tramitación de tres meses a tres años, tanto en visado administrativo de obra oficial como en licencias privadas. Las cifras hablan por sí solas de la capacidad y eficacia de la organización colegial. La agilidad en la concesión de la licencia en los documentos que dispongan de este visado sería el resultado práctico, en el que debe implicarse por su propio interés la Administración.

No estamos obviando el hecho de que es preceptivo por ley para la concesión de la licencia el informe de un funcionario municipal, que formalmente no puede ser sustituido por el visado colegial. Es necesario que el visado de calidad del colegio sea asumido por un técnico municipal. Debe, por tanto, existir acuerdo no sólo con los ayuntamientos, sino también con sus técnicos, lo que supondrá una mayor independencia en los informes emitidos, no sometidos a presiones. Se mejorará la calidad de los proyectos y otros trabajos de arquitectura. Y la interpretación uniforme e independiente de la normativa tendría como consecuencia una mayor seguridad jurídica y, consecuentemente, una mejor prestación de servicios a los administrados.

Por otra parte, y como ejemplo, el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias -para una región de un millón de personas, cuenta con 33 puestos de trabajo, de ellos ocho arquitectos de visado- despacha todos los expedientes de la región en una media de 3 a 5 días. ¿Alguien se imagina lo que supondría remitir ese trabajo de control directamente a los ayuntamientos o las autonomías?

Recordemos que clientes y arquitectos nos consideramos muy afortunados si una solicitud de licencia se ve en tres meses. Y otros tantos para cualquier corrección que en los colegios de arquitectos se ve de inmediato. Recordemos aquí que cada mes de retraso en una tramitación implica un sobrecoste de 8% para una obra.

El artículo 36 de la Constitución española ampara especialmente los colegios profesionales como marco integrador y regulador del ejercicio de las profesiones tituladas, por lo que sólo la propia Constitución, en caso de reforma, podría prescindir de los colegios, de la obligatoriedad de colegiación y de visado, cuya misión no es otra que la defensa de quien encarga un trabajo, comprobando la identidad y capacidad profesional del autor del trabajo, la corrección e integridad del trabajo en sí y el cumplimiento de las normas sobre especificaciones técnicas y la observancia del resto de la normativa aplicable.

En este momento el capitalismo del mercado desregulado está subvencionado por los contribuyentes. Ha sido preciso inyectar grandes cantidades de dinero a costa de la deuda pública para evitar el colapso económico. Sin embargo, se siguen oyendo voces, que serán un coro en cuanto repunte la economía, defendiendo las bondades de la ausencia de regulación y control social sobre el mercado.

¿De verdad necesita este país problemas artificiales, al punto de eliminar o reformar algo que funciona? Quizá sea el momento de hacer notar al Gobierno de la nación la enorme diferencia entre la capacidad de servicio y la leal colaboración de los colegios de arquitectos y la actitud retrógrada de otras organizaciones colegiales.

Es obvio que en el origen de la actual crisis económica está la ausencia de regulación y de control. Frente al antiguo cliché ideológico que nos proponía como mejor mercado aquel que no estaba regulado y que tantos problemas ha causado en los mercados financieros recientemente, sólo cabe reclamar como mejor mercado aquel que esté mínimamente regulado como para garantizar la libertad de mercado sin disfuncionalidades que lo corrompan o lo atrofien.

Siguiendo esta lógica, ¿alguien concibe que no existiera una normativa sobre horas de trabajo?, ¿que no se pudiera fijar un salario mínimo en aras de la sagrada competencia?, ¿que se vaciara de contenido a las organizaciones sindicales?

Ciertamente, es difícil ver qué beneficio se puede obtener de una desregulación. Aparte de a quienes estén por la mala calidad, ¿a quién beneficia?