A medida que se van conociendo datos del sumario judicial que indaga las andanzas corruptas de Félix Millet, antiguo factótum del Palau, se advierte que entre los pliegues de la trama se ocultan las claves de una posible línea ilegal de financiación del partido nacionalista Convergencia Democrática. El caso nos ha devuelto la memoria de aquella memorable intervención parlamentaria de Pasqual Maragall, a la sazón presidente de la Generalitat, señalando con el dedo a Artur Mas, líder de CDC, y espetándole: «Ustedes tienen un problema, su problema es el 3 por ciento». Se refería al porcentaje que supuestamente se deslizaba hacia arcas del partido en paralelo con las adjudicaciones de obras concedidas cuando CiU gobernaba en Cataluña. Aquel incidente, olvidado tras amenazar Mas con romper el consenso para impulsar el nuevo Estatut, cobra ahora todo su sentido. Al parecer no era el 3, sino el 4 por ciento el monto de la presunta mordida. Una parte se la quedaba Millet y la otra, a través de una fundación, acababa allí donde se había señalado.
Si los datos de la indagatoria judicial se corresponden con la realidad, la dirección de CDC tiene que dar algo más que una explicación. Por una cuestión de decencia, alguien tiene que asumir la responsabilidad política del escándalo. Establecer la responsabilidad penal es tarea de los jueces. Jordi Pujol, bajo cuyos gobiernos supuestamente se desarrollaron las prácticas corruptas, debe una explicación. También la debe Artur Mas, que es ahora el líder del partido. El PSOE pagó políticamente por el caso Filesa. Un senador y un diputado fueron procesados y condenados. En Baleares sigue abierto un sumario contra el ex presidente popular Jaume Matas. Un senador del PP (Bárcenas), un eurodiputado y varios consejeros autonómicos también están procesados en relación con la trama de comisiones ilícitas del «Caso Gürtel». Cataluña no puede ser una excepción. Quienes tantas veces se han envuelto en la «senyera» para hablar en nombre del «pueblo catalán», tienen que salir a escena a dar explicaciones. Se las deben a los ciudadanos de Cataluña. El juez dirá si procede que también se expliquen ante un tribunal. La ley debe ser igual para todos.
