La mala gestión de los fondos mineros tiene un pecado original. El sistema elegido para la selección, reparto y tramitación de los proyectos, a la vista de los resultados obtenidos, no fue el idóneo. La capacidad de decisión recae en tres administraciones -central, autonómica y municipal- y en los sindicatos mineros, quienes arrancaron con su lucha este chorro de euros a cambio de aceptar la muerte dulce del carbón. Armonizar actores tan dispares, muchas veces con rivalidades incluso personales y objetivos e intereses muy distintos, resulta una misión complicada, como por desgracia estamos viendo.

En Asturias hemos asistido atónitos a cómo se plasmaban esos choques, con el SOMA y CC OO torpedeando iniciativas del Principado o, a la inversa, un Gobierno regional, celoso de protagonismo, ninguneando a estas organizaciones. El tranvía que anhelaban los anteriores gobernantes socialistas asturianos no cuenta con simpatías de los líderes sindicales, y ahora parece que tampoco con las del nuevo Ejecutivo. El interés de los sindicatos en el campus de Mieres sólo recibió desdenes del Principado.

Las diferencias de criterio no excusan los fallos. Ni impiden el necesario ejercicio de autocrítica a un año de que se acaben estos incentivos. Siendo el sistema de reparto idéntico para todas las comunidades, el Principado es la única que tiene caducados convenios o, lo que es lo mismo, dinero asignado que no ha llegado aquí, tal como consta en el informe oficial desvelado esta semana por LA NUEVA ESPAÑA, que evalúa el grado de cumplimiento hasta la fecha.

Una tortuosa burocracia consume exagerados esfuerzos. La tramitación es enrevesada, con idas y venidas constantes de documentos, de Madrid a Asturias, de Asturias a Madrid. No hay inocentes. En mayor o menor medida, todos los implicados son culpables de poca diligencia. El Instituto del Carbón, creado para disponer de una caja desde la que transferir las cuantiosas inversiones, sólo contaba con un par funcionarios para tramitar miles de expedientes. Los alcaldes plantearon contratar más personal. Nadie les escuchó. Los municipios asumieron bocados que no podían digerir y que acabaron por asfixiarlos. Y la Administración regional tiene paralizadas desde hace años iniciativas por el papeleo de rigor -expropiaciones o adecuación de planes de urbanismo-, comportándose con una soberbia propia de quien cree beber en una fuente inagotable.

Resulta sangrante el estado de los polígonos industriales, los que deben atraer nuevas empresas, todos a medio hacer mientras decenas de millones están invertidos en museos que ahora permanecen cerrados por falta de recursos para equiparlos y mantenerlos. La única partida en la que los gastos se llevan al día corresponde a los cursos de formación, precisamente la más golosa para la patronal y los sindicatos. En algunas construcciones los sobrecostes han sido un escándalo, como la «Y» de Bimenes. A otras la imprevisión las convirtió en un pozo sin fondo. El Estado hubo de asumir la carretera a La Espina por su desmesurado coste. Y a la Autovía Minera todavía le falta su principal enlace en El Berrón.

Las comarcas mineras son hoy, cierto, un lugar más apetecible para vivir. Sin duda estarían peor de no haberse beneficiado de la ayuda recibida. Pero el cambio fue más estético que profundo. El modelo económico alternativo que se perseguía estimular no ha surgido. Más bien, en algunos casos, lo que se fomentó fue la llegada de aprovechados cazasubvenciones. El paro sigue subiendo en las Cuencas y los jóvenes emigran, justo al revés de lo que se pretendía.

Ni los políticos se ponen de acuerdo sobre la cantidad global invertida, y suministran en el barullo distintas cifras en sus comparecencias. El Gobierno central, con las arcas vacías, amaga con cerrar el grifo y suprimir las partidas que todavía carecen de destino. La inversión de este año ya sufrió una cuantiosa merma del 44% por incapacidad de poner trabajos en marcha. El montante para infraestructuras prometido en 2006 se redujo misteriosamente a la mitad. Tanta displicencia amenaza con salirle cara a Asturias y dejarla sin argumentos a la hora de exigir lo que le corresponde.

En la cultura política de los países con gran tradición democrática, si uno hereda un problema y no lo arregla, el problema se vuelve suyo. Cascos parece que desea solucionar los fondos mineros atendiendo exclusivamente al gusto de los sindicatos, accediendo a todas sus demandas, cediéndoles el control e incluso otorgándoles la capacidad de tumbar aquello que no les guste. Eso al menos ha trascendido por boca sindical tras el primer encuentro del Presidente con el SOMA y CC OO, el pasado viernes.

Aunque sea tarde, alguien debería darse cuenta de que el maná no es eterno. Y enmendar en lo que resta hasta la finalización del plan de la minería los errores pasados. No se trata ahora de un debate de ideas, merecería un extenso capítulo aparte, sino de algo mucho más prosaico: de procedimiento. Lograr íntegramente el dinero prometido y obtener de lo que resta el máximo rendimiento es irrenunciable para Asturias. Cualquier otra actitud resulta una estafa en estos tiempos de necesidad y dramática penuria.