El principio del fin de la sanidad pública española

Así valoraba el «British Medical Journal», una prestigiosa revista médica, el decreto ley del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado 20 de abril. La nueva legislación de la sanidad española, que ha sido aprobada sin debate previo (parlamentario, social o profesional), no tiene por finalidad, como ha argumentado el Gobierno, el ahorro ante las exigencias de la situación económica, sino que, en realidad, lo que pretende es la transformación del sistema sanitario vigente por otro modelo -menos social y, desde luego, menos saludable- a la medida de las grandes empresas sanitarias (Capio, por ejemplo) y las compañías de seguros privadas en nuestro país. De hecho, la memoria económica del decreto ley está muy lejos de los 7.000 millones de euros que el Gobierno declaraba detraer de la sanidad.

El Gobierno (los gobiernos de la autonomías) están promoviendo el ahorro sanitario de otra forma, a través de recortes presupuestarios, que acumulados representan una sustancial reducción del 20% de los recursos, y que se traducen en un goteo constante de malas noticias sanitarias: cierres de camas, privatizaciones de servicios, reducción del número de profesionales (amortización, por ejemplo, de las 602 plazas de personal médico recientemente jubilado en Asturias), pérdida adquisitiva de las plantillas, etcétera. Y otro tanto cabe decir con respecto a la investigación biosanitaria cuyos fondos han disminuido globalmente el 26% (el 30% en el caso de las redes temáticas).

Recortes injustificados (nuestro gasto sanitario es de los más bajos de la OCDE) a los que hay que añadir los copagos en la farmacia, el transporte sanitario, las prótesis o la dieto-terapia, y la indigna y antisocial exclusión de las personas inmigrantes «sin papeles». La agenda del Gobierno del Partido Popular, apenas oculta, penaliza con dureza a los sectores más vulnerables (inmigrantes, pensionistas y crónicos), mientras que exime a la clase política de sus responsabilidades en el gasto farmacéutico y sanitario.

Se abre paso, por tanto, a un nuevo modelo sanitario, que niega la universalidad y la solidaridad, que asimila la atención sanitaria con el aseguramiento y reclasifica las prestaciones sanitarias, dejando la puerta abierta a nuevas modalidades de exclusión y copago. Un nuevo modelo que tiene por objetivo último la transferencia de los servicios rentables a las aseguradoras privadas y el incremento de los beneficios de las multinacionales del sector. Es decir, hacer negocios con la salud.

Razones que justifican el que más de 60 organizaciones de profesionales de la salud, asociaciones de pacientes y entidades vecinales, de pensionistas, sindicatos, feministas y ONG hayamos constituido una Plataforma para la Defensa de la Sanidad Pública, con el compromiso de defender en Asturias un sistema sanitario público de calidad, sostenible y solidario, y la vocación de aglutinar transversalmente a toda la sociedad asturiana.

En el nuevo escenario político de Asturias, con un nuevo Gobierno de la autonomía, la Plataforma espera respuestas claras que permitan mantener la condición universal del sistema sanitario, sin exclusiones y sin barreras en forma de copagos, el carácter público de sus servicios y la responsabilidad de afrontar la crisis económica manteniendo las inversiones en la salud de las personas y eliminando las bolsas de ineficiencia, o actividades de dudosa utilidad sanitaria (como ocurre con el fenómeno de la medicalización). Es decir, otorgando valor al dinero público, con criterios científicos, éticos y humanitarios, y no desde otros intereses, ajenos a las necesidades de salud de los ciudadanos.