En el Parlamento europeo tenemos un partido pirata y pronto tendremos más. Dicho partido defiende el derecho a las descargas libres en internet, primando la libertad en la red sobre la protección de la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Los piratas han ganado una batalla parlamentaria, ayudados por los socialistas europeos, al conseguir el rechazo del acuerdo ACTA firmado por la práctica totalidad de los gobiernos europeos más Estados Unidos, Australia, Canadá, Japón, México, Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Corea del Sur y Suiza, a los que podrían sumarse muchos más en el futuro.
ACTA es el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación, nacido para reforzar el respeto a escala internacional de los derechos de la propiedad intelectual. Se calcula que en 2005 el volumen del comercio global de bienes falsificados y pirateados supuso 200.000 millones de dólares. Sin contar con los daños de las descargas ilegales.
En Europa, la propiedad intelectual no es un tema menor. Perdida la batalla por la producción masiva y barata de objetos de consumo frente a China e India, nos quedaba la ventaja del diseño europeo, nuestra innovación y la gran capacidad de creación intelectual que mantiene aún la marca Europa.
El Parlamento, contrariamente a la Comisión Europea y al Consejo, ha negado ACTA con la excusa de que podría poner en peligro la libertad individual y los derechos humanos en internet, al establecer un marco jurídico que castigaría la violación con fines comerciales de los bienes intelectuales protegidos. En realidad, ACTA hubiera sido una herramienta indispensable contra los portales que suministran descargas ilegales masivas de películas, música y libros, bienes ampliamente producidos en Europa.
Nada distinto de las leyes nacionales como la española, francesa, belga o inglesa, que ponen trabas a esta agresión a la propiedad intelectual, respetando al creador y sus derechos y generando muchas más posibilidades de negocio que el «gratis total». Una dudosa victoria del europarlamento.
No dio tiempo, como había pedido el Partido Popular europeo, a que el Tribunal Europeo de Justicia dictaminase si ACTA era o no compatible con la legislación comunitaria. Pudieron más intereses partidistas y miles de correos presionando a los eurodiputados para que rechazasen ACTA. Y mientras tanto, gracias a este voto, avanzamos hacia un mundo de malas copias chinas y películas indias, que será lo que nos quedará por ver. Eso sí, gratis.
