El presidente del Partido Popular de Avilés y exdiputado regional Joaquín Aréstegui está siendo investigado judicialmente por supuestos pagos de favores de una empresa. El crédito hace tiempo que se le agotó en la política. De ella y junto con su mujer, exconcejala del Ayuntamiento, ha hecho una ocupación cómoda y familiar. Veintidós años al frente del partido, un reguero de "víctimas" a sus espaldas y una indiscutible secuela de fracasos, lo convierten en un personaje tan destructivo para sí mismo como para la organización, que no se atreve por ahora a enseñarle la puerta de salida por si puede seguir manteniéndolo discretamente en su cargo de delegado de la SEPI que no justifica el sueldo. El asunto es un clamor pero Aréstegui, como es costumbre entre el tipo de personajes que hacen del servicio público algo de lo que avergonzarse, no quiere dimitir.
En relación a los favores políticos que se le investigan, asegura que nadie paga por algo que es gratis. O lo que es lo mismo: el Partido Popular no era decisivo en Avilés para aprobar la privatización del agua. Es sabido, sin embargo, que el trato de favor a una empresa no se reduce a una sola plaza cuando hay más en juego. El tráfico de influencias es una cabeza de siete hidras. Si no era decisivo o influyente para obtener favores ¿podría Aréstegui explicar por qué Aquagest le pagó la estancia, los baños y los masajes en el balneario de La Caldas a él y no a mí, por poner un ejemplo? ¿Que eso está prescrito? De acuerdo, pero nada prescribe a efectos de moralidad.
El PP posiblemente esté desaprovechando ya una nueva oportunidad de sacudirse de encima la caspa que más le corroe: la de la corrupción. Si Mercedes Fernández, por las razones que sean, no actúa con diligencia en este asunto estará demostrando cómo a veces la debilidad puede convertirse en cómplice de la sospecha. O cómo el cinismo es el arma del incapaz. Lo dejo a su gusto.
