Leo en los periódicos que en medios políticos se ha levantado un cierto revuelo al saberse que un imputado en una trama de corrupción que se investiga judicialmente desde hace un año y medio (Caso Aneri), resultó nuevamente beneficiado con una ayuda de 500.000 euros por la realización de unos cursos de formación para el ministerio de Fomento.
El imputado es Juan José Gil Panizo, presidente de Fenadismer, una patronal de transportistas autónomos en su inmensa mayoría propietarios de un solo camión. Gil Panizo fue detenido en el curso de una operación policial en la que se investiga el paradero de más de 15 millones de euros en subvenciones destinadas a la formación de trabajadores por Internet, y desde el primer momento se declaró inocente de todos esos cargos. "He tenido la mala suerte", -dice- "de verme involucrado en un caso así porque era yo el que firmaba los papeles como secretario general, pero mi organización me ha apoyado en todo momento. La gente que me conoce sabe que soy una persona honesta".
No se debe dudar de que las protestas de inocencia del señor Gil Panizo no sean ciertas, pero esa misión corresponde en última instancia a los jueces. En cualquier caso, este nuevo episodio pone de manifiesto, una vez más, la escandalosa falta de control que la administración pública ha ejercido durante estos últimos años sobre los dineros que concede en forma de subvenciones a empresas particulares.
En otro orden de cosas, la implicación del actual presidente de Fenadismer en este episodio me trae a la memoria, inevitablemente, algunos recuerdos de una ya lejana actividad profesional. Yo fui, hace ya bastantes años, asesor legal de Fenadismer cuando presidieron sucesivamente la patronal Alejandro Barcena y José Antonio Millán. El primero de ellos, asturiano, y el segundo, andaluz. Eran los tiempos en que los transportistas autónomos todavía luchaban por el cumplimiento estricto de las tarifas y por la creación de los llamados centros de contratación de carga. Las tarifas no se cumplían y requirieron de varias huelgas, algunas durísimas, para que se respetaran. Y los centros de contratación, unas instituciones que se estimaban imprescindibles para hacer transparente el servicio, gozaban de la enemiga de la gran patronal y en cierta manera también del Gobierno, entonces de la UCD.
En aquellos años, se daba la enorme paradoja de que la inmensa mayoría de la flota estuviese en manos de los pequeños transportistas autónomos pero la contratación de la carga bajo control de la gran patronal y de agencias e intermediarios a su servicio. Yo asistí a una serie de reuniones en el ministerio de Transportes para discutir con la gran patronal las condiciones de un posible estatuto de los centros de contratación bajo la presidencia del entonces subsecretario y ahora presidente de las Cortes, Jesús Posada Herrera, que era un hombre paciente. Las reuniones fueron tensas y recuerdo que uno de los asistentes alardeaba de llevar en el calcetín una pequeña pistola, con el mismo desparpajo que si fuese un liguero.
Las conversaciones terminaron con vagas promesas de estudiar nuevamente el asunto y con algún avispado representante de una autonomía gobernada por la izquierda como flamante dirigente de la gran patronal. El transporte es una actividad llena de sorpresas.
