Cada vez que se produce una racha de grandes incendios forestales salen los "expertos locales" de turno, encima "socialistas", a insistir en que hay que privatizar los montes públicos que, por circunstancias afortunadas de la historia, tenemos en Asturias.
También hacen un canto de las virtudes del "paisano de pueblo" frente al "urbanita" y una crítica feroz a las políticas de gestión y conservación de la naturaleza, a las administraciones y a los ecologistas.
Si en esta región los montes fueran todos privados, "de los paisanos", y no hubiera administraciones, ni UE, ni leyes, ni ecologistas, ni ingenieros de montes, ni bomberos, no habría incendios y todo iría mucho mejor, vienen a decir algunos que, sorprendentemente, se llaman a sí mismos socialistas. Esperemos que no digan lo mismo de la sanidad, la educación o las pensiones.
Frente a estas opiniones, en mi opinión, equivocadas o interesadas, hay otros puntos de vista.
En primer lugar hay que decir que casi todos los incendios en Asturias son provocados. Y se queman tanto los montes públicos como los privados, seguramente más estos últimos, que están menos atendidos. Los montes los queman personas irresponsables para conseguir pastos precarios, facilitar la caza, "limpiar" fincas, o por locuras o conflictos diversos. Son personas asalvajadas, que gestionan el monte como una empresa en liquidación, sin futuro, a las que no les importa poner en riesgo a los demás o la sostenibilidad.
Algunas veces los incendiarios pretenden quemar sus propios montes, para poder acceder a ellos o no tener que desbrozarlos o pagar por ello. No solo quieren quemar lo público. En algunos aspectos, al haber menos gente en los pueblos y menos capacidad de trabajo y al ser la mayoría de los montes asturianos no mecanizables, algunos intentan gestionar el monte como se hacía en el neolítico, con extensas quemas para abrir pastos o controlar a las fieras.
¿Privatizar los montes es adecuado y evita los incendios? Desde luego que no. Los montes, al igual que el mar, la atmósfera o los ríos, producen muchos más bienes públicos (aire limpio, agua potable, clima, biodiversidad, paisaje, etc.) y más valiosos, que bienes privados para el mercado (madera o pastos). Por tanto no hay demasiados montes públicos, sino lo contrario. Si son bienes públicos deben ser gestionados por los poderes públicos. Y si se pudiera, habría que comprar más (acuérdense, por ejemplo, del Naranco). La propiedad privada no evita los incendios (se invierte menos en prevención), compromete la libre circulación por los montes y el mantenimiento de la biodiversidad, la riqueza ambiental y la salud, y perjudica a la equidad y la cohesión social. Los montes que se han quemado estos días en el valle del Navia y en otros sitios seguramente son privados en su mayor parte, no públicos.
¿Por qué no son rentables los montes y pastos asturianos? Porque la mayoría, por su pendiente y su complicada orografía, no son mecanizables y son lo que en economía se llaman "tierras marginales", espacios cuya explotación económica sólo resulta viable en épocas de autarquía, hambre o pobreza. En una economía globalizada, abierta y competitiva, con economías de escala, sus producciones no pueden competir con la carne o la madera producidas de forma intensiva. Solo la PAC las mantiene vivas, de forma artificial con el fin de conservar el empleo, el paisaje y el medio ambiente europeo. Muchas de las fincas y los montes asturianos, si se les deja pasar las etapas naturales de sucesión ecológica, están llamados a ser maravillosas zonas naturales. Aptas para la explotación turística y de recreo (vender servicios), no zonas de producción de bienes agrícolas, forestales o ganaderos, salvo que tengan denominaciones de origen o sellos ecológicos que se valoren por los consumidores como algo distinto y mejor (más caro).
¿Y los paisanos? En plena época histórica de la globalización no se puede dividir Asturias en "paisanos", por un lado, y "urbanitas", por otro. Es un tópico del pasado. En la sociedad global toda Asturias funciona como un pequeño "pueblo" de los de antes, con sus clásicos círculos concéntricos de las caserías en el centro, las huertas, los prados y los montes. Nos movemos por toda la región. Muchas personas viven en el pueblo y trabajan en las ciudades y viceversa. Los del pueblo, los de las cooperativas o empresas forestales o los que cobran subvenciones de la PAC viven también, fijos o por temporadas, en la zona centro de Asturias o tienen allí un piso o sus hijos. Los trabajadores de las cooperativas forestales rurales son emigrantes venidos de otros continentes. Los "urbanitas" pasan mucho tiempo en su antiguo pueblo o su casa de vacaciones. En menos de una o dos horas nos movemos desde el punto más remoto del "campo" a lo más cosmopolita de la "ciudad", el centro comercial, y viceversa.
¿Y las administraciones y los ecologistas? Pues ellos (sobre todo, los últimos) defienden o defendemos los intereses generales, los de todos, que no es poco. Con las políticas, con los impuestos, con las normas y con la labor de denuncia y concienciación pública. Eso parece que no le gusta a algunos, que prefieren que el derecho de propiedad privada esté por encima de todos los demás y que cada uno haga lo que le de la gana para "sacar dinero".
¿Y los lobos? Pues los lobos tampoco son culpables de que la economía y el comercio mundial sean como son, de que no haya un gobierno mundial que establezca un Estado de derecho y de bienestar para todos, ni de que no haya gente ni perros en el campo cuidando el ganado. Si no hubiera lobos seguramente habría más problemas sanitarios entre la fauna salvaje que pasarían a la doméstica (tuberculosis, etc.) y otros muchos desequilibrios y plagas.
Todo cambia. Todo empieza y todo acaba. No se puede volver al pasado como quieren algunos. Cuando la economía y la tecnología evolucionan va cambiando todo lo demás de forma inevitable, el sistema de producción, la sociedad y la naturaleza. Incluso estamos cambiando el clima de forma irresponsable e irreversible, quizás catastrófica. Es difícil que haya estabilidad o puntos de equilibrio. Y es tarea de los poderes públicos y de los que tengan inquietudes sociales intentar, en ese barullo que no podemos controlar, que por lo menos seamos más civilizados y no volvamos a la ley de la selva.
