No jueguen con nosotros, por favor, porque en el juego político de estas últimas semanas están cosechando titulares y enconando posiciones, pero la historia es de sobra conocida: cuando pasan estos vientos y más se les necesita, es cuando su ausencia y nuestra espera se eterniza.
El debate surge estos días por el archivo de la Fábrica de Armas de Trubia, del que evidentemente no va a ser la Asociación de Archiveros y Gestores de Documentos del Principado de Asturias la que cuestione su valía, pues tarde están llegando ya, unos y otros, a interesarse por su protección. Sin embargo, al igual que ha sucedido en otras ciudades, una vez más resulta mezquino ver cómo se instrumentaliza a la ciudadanía, al patrimonio y a los archivos en las guerras políticas.
¿Cuántos de los que hoy debaten arduamente sobre este tema conocen el estado del archivo municipal de Oviedo?, ¿y el caso de otros archivos en riesgo de desaparición en Asturias?, ¿dónde están ahí esos mismos políticos municipales y autonómicos? No restamos importancia al caso de Trubia, pero permítannos dudar del grado de compromiso y coherencia más allá de los titulares.
La ciudad de Oviedo cuenta con una joya de archivo municipal reconocido más allá de nuestras fronteras, pero lamentablemente no se puede decir que haya sido por la implicación recibida por la Corporación, sino por el tesón de profesionales como Palmira Villa y Ana Herrero. Mientras los políticos prometen obras faraónicas, aún no ha habido uno que se haya planteado dignificar uno de los servicios que más volumen de consultas recibe y que no cumple siquiera con unas condiciones mínimas de accesibilidad, y que sigue carente de espacio y personal.
En el otro extremo se encuentran las imponentes instalaciones del Archivo Histórico de Asturias donde, como sí hay espacio, los políticos no dudan en plantearse enviar incluso una filmoteca. Acaso mejor harían, como nuestros vecinos gallegos, blindando la salida de la región de los documentos de la desaparecida Cajastur; unos fondos que, al contrario que los de Trubia (que más lejos que cerca, seguirían en manos de entidades públicas y siempre accesibles), sí corren un verdadero riesgo de desaparición.
Entretanto, mientras a unos y a otros se les llena la boca hablando de patrimonio documental asturiano, Asturias sigue sin disponer de una ley y un sistema autonómico de archivos, pese a lo dispuesto en la legislación. Como los políticos solo visibilizan lo anecdótico, algunos se preguntarán: ¿y qué más dará si ya tenemos una ley de patrimonio cultural? Sin embargo, es algo que va más allá de documentos antiguos: la necesitamos porque afecta también a nuestros derechos como ciudadanos, al acceso a la información pública que debe ser obtenida de los documentos de las distintas administraciones públicas y es la vía para un funcionamiento administrativo con plenas garantías de derecho.
El Principado de Asturias además, tiene la obligación de asumir las competencias de coordinación en materia de archivos y gestión de documentos entre los concejos asturianos como comunidad uniprovincial que somos, algo que en otros lugares suelen asumir las diputaciones. Esta omisión de funciones y los fuertes cambios a los que se están sometiendo a las administraciones en materia de tramitación, relación con los ciudadanos y transparencia, hacen que se estén dando unas fuertes desigualdades entre ciudadanos de grandes ciudades y pequeños concejos, ciudadanos de primera y de segunda en función de la capacidad de respuesta individual de cada concejo, cuando una coordinación y cooperación conjunta a nivel regional podría solventarlo.
Así que señoras y señores representantes políticos: a todos nos importan los derechos y la memoria de la ciudadanía, pero no los instrumentalicen. Cuídenlos y respétenlos como se merecen y como les exigimos en sus responsabilidades, más allá de titulares y argucias. No jueguen con nosotros, por favor.
