La soberbia no es grandeza, sino hinchazón;
y lo que está hinchado parece grande, pero no está sano. San Agustín .
El acceso de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno en segunda convocatoria (el primer intento resultó fallido por razón del aquelarre sucedido con ocasión del Comité Federal de Octubre del 2016) ha desatado una ofensiva, rayana en lo esperpéntico, por parte del conservadurismo español, frente al Gobierno legítimamente constituido. El griterío -ya tradicional- cuando la derecha pierde el poder político en España, ha elevado sustancialmente los decibelios con respecto a lo habitual, acompañado, en esta ocasión, de actitudes frentistas, que recuerdan lo peor de nuestro pasado como pueblo.
Coincide en el tiempo esta ofensiva con una nueva actitud por parte del Gobierno asturiano con respecto al Gobierno del Estado en aquellos asuntos de responsabilidad competencial de este en Asturias, caracterizada por un tono en sus propuestas/reivindicaciones desconocido hasta apenas unos pocos meses.
Quien conozca la trayectoria del presidente Fernández, con responsabilidades muy principales desde al año 2000 (secretario general de la FSA) e institucionales desde el año 2012 (presidente del Principado), identifica su trayectoria con la negociación, antes que con el grito desaforado, en la gestión de los asuntos públicos. Él mismo señaló la "agorafobia" como su rasgo característico más genuino en relación con su proyección pública. En definitiva, si por algo se han caracterizado estos años de gestión política del presidente Fernández, al margen de sus resultados, ha sido por la contención en sus expresiones públicas y la mesura gestual, primando practicas negociadoras, al tiempo que rehuyó siempre el populismo redencional y auto justificativo, tan consustancial a la política en España.
Estas virtudes, según mi opinión, cobran aún mas valor por cuanto su etapa de Gobierno en Asturias ha coincidido con la de gobiernos conservadores en España, instituyendo relaciones colaborativas, no exentas de discrepancias puntuales, evitando, en cualquier caso, roces institucionales indeseables en la negociación de los asuntos más delicados para la Comunidad, tales como los energéticos (carbón, térmicas, etc.) y las infraestructuras, y ello a pesar de que en ambos ámbitos se hayan obtenido resultados más bien magros durante el periodo.
Sin embargo, y desde hace unos pocos meses, se ha producido una suerte de mudanza en esta línea de conducta, de tal manera que la discreción, la mesura y la negociación institucional parecen haber sido sustituidas por la sobreactuación, la reivindicación pública desairada y la algarabía.
El saldo final de la actividad del Gobierno asturiano -de cualquier gobierno- debe medirse por el acierto en la gestión de los asuntos de su propia competencia, y en un Estado descentralizado, como el nuestro, por la implicación en la defensa de los intereses inherentes al territorio, y es lo cierto que cada gobierno elige la estrategia que considera más adecuada en cada momento histórico. Por lo que parece, el Gobierno asturiano ha entendido que, en la actual coyuntura, resultará más eficaz el tono fuerte y un tanto estridente, frente a etapas pretéritas en las que adoptó un perfil extremadamente prudente.
No puedo, ni quiero concluir esta reflexión sin aventurarme en la especulación acerca de esta mutación tan notoria, de tal forma que no puedo dejar de relacionar los avatares recientes en los que se ha desarrollado la vida interna del PSOE con este giro tan evidente en las relaciones instituciones. Si esto fuera así -todo apunta en este sentido- estaríamos en presencia de una anomalía que se debe corregir cuanto antes. La responsabilidad institucional que se le presupone al presidente Fernández (ha dado muestras notables de ello en el pasado) debe acompañarle durante este periodo que resta para culminar su ejecutoria, aún a pesar, y ello es comprensible, de lo incómodo de su situación. Si, por el contrario, los reveses que ha padecido en términos partidarios los ha interiorizado en clave de agravios personales y cede a la tentación de "cobrarse facturas" en clave institucional, estará prestando un flaco servicio a la Comunidad a la que sirve, y dilapidando su patrimonio político personal.
