PNV y Bildu se han sumado al aniversario de la Constitución votando a favor de un alegato en su contra, por considerarla antidemocrática. En los 40 años de vigencia, el primero de ellos se ha aprovechado de la Carta Magna para beneficiarse de un régimen de gobierno en el País Vasco con todos los privilegios para su casta jeltzale, y también de la debilidad parlamentaria en Madrid para esquilmar las arcas públicas concediendo el apoyo a cambio de inversiones. A su vez, los cómplices de ETA, gracias al sistema que denigran, se han colocado en las instituciones antidemocráticas españolas sin expresar ningún tipo de escrúpulo por los sueldos. Hasta Otegi ha visto blanqueada su imagen de apóstol de la paz que el inefable Rodríguez Zapatero le reconoció en su día.
En Cataluña, la realidad se está encargando de poner en evidencia el abandono soberanista de las instituciones, mientras que los dirigentes del procés se esfuerzan en transmitirle a los manifestantes que no dejen de reclamar la independencia, cuando lo que exigen es menos recortes en la Generalitat para poder vivir dignamente. Ésa, en realidad, es la cuestión esencial no la reivindicación separatista de sus políticos frente al Estado. Aunque, en definitiva, se trata de la pescadilla que se muerde la cola ya que todo forma parte de un mismo problema. La Generalitat recorta derechos sociales para abrir embajadas por el mundo e incrementar el gasto soberanista paniaguado. Reduce el sentido de las cosas para reforzar la sinrazón independentista. Y, mientras tanto, es la Constitución la que socava la base democrática, según los nacionalistas vascos. Un disparate tras otro.
