No hace falta que los abrume con los datos: tenemos una deuda equivalente a casi toda la riqueza que producimos en un año; sólo de intereses pagamos más de 30.000 millones cada doce meses; el déficit de la Seguridad Social (la recaudación de las pensiones) es de 15.000 millones anuales, y, de momento, en aumento; el déficit del Estado (es decir, el pufo) para este año se presupuestaba en el 1,3% sobre el PIB, se estimaba que no bajaría del 2% con los presupuestos sanchinos y ahora, sin ellos, calcula la ministro del ramo que llegará al 2,4%; el número de desempleados, en mejoría, está en el 15% de la población activa.
Esas son nuestras cuentas, que, como puede ver un invidente -si es que no está imbuido de la fe ciega del sectarismo, al que la evidencia, como decía Aristóteles, impide ver, al igual que la luz al esperteyu-, no llegan para lo que gastamos, y nos hacen deber aún más cada año por aquella deuda que en cada ejercicio producimos.
Pues bien, para una no pequeña parte de los partidos políticos, organizaciones cívicas y personas esta realidad es irrelevante. En la práctica se comportan como "mentalidades-Moisés", para las que la riqueza sería un maná que descendería del cielo a su demanda; o como creyentes en "el burru gacarriales", el burro del cuento al que bastaba levantarle el rabo para que eyectase reales, que serían hoy euros.
Con la doble misión de sustentar esta visión a la par ciega y milagrosa, el paisaje se ha poblado de palabras mágicas, como "justo" o "digno" ("salario mínimo justo", "pensiones dignas"), que parecen decir algo, pero que nada dicen. Porque todo puede aspirar a ser más para ser justo o digno, sin que quiera decir que pueda serlo. ¿O acaso no es más justo o digno que en vez de envejecer no lo hagamos? ¿O que en vez de tener un tipo poco elegante tengamos uno extraordinario? ¿O qué?? Bueno, esto no lo digo.
Pero la realización de esos términos -dejando a un lado la contradicción parcial de intereses entre empleado y empleador, que es otra cuestión- no depende de la necesidad del demandante o de sus esperanzas de nivel de vida, sino de la posibilidad de que puedan hacerse efectivas porque la realidad económica lo permita.
Vayamos, por un poner, al salario mínimo. Como ustedes saben, los sindicatos, la patronal, PP y PSOE habían pactado subidas progresivas del salario mínimo a lo largo de tres años, desde el 2017, hasta llegar a 772,80 euros mensuales en 2109 y 850,08 euros en 2020. Haciendo mangas y capirotes de estos acuerdos, PSOE-Sánchez y Podemos-Iglesias pactan para 2019 un salario mínimo, "justo" de 900 euros. Pero la cuestión no es saber si esa subida viene bien a quienes la alcancen, si es "justa", sino si es posible para muchas empresas (a los 900 euros hay que añadir unos 58 más de Seguridad Social y algún otro costo) o, en otros términos, si la productividad del trabajador generará esos beneficios más, naturalmente, los de la ganancia empresarial.
El consenso general es que esa subida destruirá empleo o que impedirá crearlo, precisamente entre los menos cualificados, los jóvenes que acceden a su primer empleo, los temporeros, etc. Ahora bien, es cierto también que ni el consenso es universal ni la evaluación de los trabajos que destruirá o impedirá es posible realizarla con precisión.
En todo caso, la cuestión de la subida del salario mínimo ha dado lugar a ejemplos cómicos de la mentalidad económica milagrera. Así, la diputada podemita Tania Sánchez se jactaba en un artículo publicado en LA NUEVA ESPAÑA del 02/02/2019 de que la subida del salario mínimo a primeros de año no había hundido en empleo y, en alguna medida, sostenía que el crecimiento del empleo en los tres últimos meses de 2018 se había producido no sólo teniendo en cuenta la próxima subida del salario mínimo, sino, venía a insinuar, gracias a ella. Dos días más tarde, los datos hechos públicos del desempleo de enero venían a ser los peores desde 2014. ¿Por culpa del salario mínimo? No se sabe, aunque no pocos aseguran que constituye una de las causas. Lo que sí es cierto es que la subida anterior no se debía al salario mínimo.
Quiero suponer que la argumentación milagrera (¡una variable económica que produce efectos taumatúrgicos antes de existir!) de doña Tania se debía solamente a afán propagandístico, no a deficiencias cognitivas.
Más grave es lo de algunos profesionales del discurso económico. He aquí la sustancia del pensamiento de uno de ellos: "La llegada de 270.000 emigrantes cada año reduciría en un 2,2% el déficit de las pensiones". La implicación, evidentemente, es que cada uno de esos emigrantes se convierte en un empleado que gana y cotiza. Dejemos de lado el coste para el erario (estatal, municipal, autonómico) de muchas de esas personas, que no trabajarán, si es que lo hacen, en muchos años; olvidemos la escasa o nula cualificación de tantos de ellos; pretiramos el que, si son personas en edad de laborar, han de traer consigo menores que no lo hagan y, acaso, otra familia; pasemos por alto el que, tras años de crecimiento, aún un 15% de nuestros paisanos están en el paro. ¡El problema no es de mano de obra para trabajar! El problema es de empresas y puestos de trabajo. Son los negocios los que demandan trabajadores, no los ciudadanos desempleados los que crean puestos de trabajo. No es que tengamos carencia de laborantes, es que la tenemos de centros de producción, de emprendedores, de tecnología competitiva, de expansión en los mercados.
En fin, que así se alumbran tantas soluciones para nuestros problemas: entre la propaganda, el pensamiento mágico y la creencia en el burru cagarriales.
