"Es como querer ponerle puertas al mar", dice un alcalde de un municipio costero asturiano. La regulación de los accesos a las playas asturianas, que debería entrar en vigor a partir del lunes si el Principado entra en la fase 2, es la cuadratura del círculo. Pero, "¿en qué momento nos metimos en este lío?". Ese es el lamento en privado de los regidores. En apariencia el problema está en cómo limitar el acceso de los bañistas, pero la marejada de fondo es otra. Primero, quién le pone el cascabel a la toalla; es decir, quién decide cuál es la fórmula adecuada para evitar aglomeraciones en las playas. Segundo, quién paga todo eso.
Un sistema de acceso sin caer en la extravagancia. ¿Tiene sentido parcelar las playas? Las necesidades sanitarias obligan a garantizar el distanciamiento social, pero el debate es si el cumplimiento deben forzarlo los ayuntamientos con medidas disuasorias o tiene que salir de los propios ciudadanos. "Nadie regula el espacio en los parques o las sendas o los merenderos. Una playa es una zona natural, ¿por qué en este caso sí?", cuenta una alcaldesa. Los regidores quieren que alguien dé una pauta, "ya sea el Principado o el Ministerio, que ha estado regulando otras muchas cosas". En el gobierno regional se ponen de perfil: como mucho, pueden colaborar, pero la competencia es municipal. Nadie quiere meterse solo en esas arenas movedizas. La última esperanza es que el Gobierno central emita un decreto regulador en el último minuto. Si no es así, los ayuntamientos están dispuestos a aplazar la apertura de las playas hasta que alguien decida algo.
Fórmulas imposibles. Ayuntamientos, Principado, Delegación del Gobierno y los servicios de emergencias asturianos sopesan todas las opciones. Algunas propuestas casi parecen un ejercicio de oposición de Matemáticas. Por ejemplo, para determinar el aforo de una playa (cuánta gente puede acudir) se plantea "calcular la superficie, teniendo en cuenta el caso más desfavorable, en pleamar, y a partir de ello, calcular el aforo covid-19, teniendo en cuenta el distanciamiento social de 2 metros". Las playas se medirían por el Servicio de Cartografía y el Centro Nacional de Información Geográfica. La ocupación final se calcula teniendo en cuenta lo que ocupan grupos de 1 a 3 personas, incluyendo sombrilla y toallas, separación de 2 metros y viales de tránsito. Ese dato se compara con la afluencia media diaria y la máxima histórica registrada. ¿Todo eso por un baño? La opción por la que se inclinan los alcaldes es una app (que costease el Principado) que informase de la ocupación de las playas para que el usuario evite aquellas ya completas.
¿Quién paga la factura? Abrir las playas costará más, mucho más. Los concejos pagaban hasta ahora y con gran esfuerzo la limpieza y los servicios de socorrismo. Pero en esta situación los gastos se disparan: hay que extremar la limpieza del arenal, pero ¿es necesario contratar vigilancia para velar que se cumplen las normas de acceso y distancia? Hacer recaer todo en la Policía Local le parece a los alcaldes insostenible. Además, los socorristas deberán contar con equipos EPI si realizan cualquier cura o actuación. Los Ayuntamientos no tienen dinero para asumir ese gasto extra y sondean si pueden sacárselo al Principado, pero el gobierno regional ya dice que de facturas inesperadas por el covid-19 va servido de sobra.
Ni duchas, ni aseos. Los servicios de las playas quedarán muy reducidos. Las duchas no estarán autorizadas (al menos con el "corpus" legal hasta ahora fijado por el Ministerio), pero tampoco los aseos, porque ningún ayuntamiento parece dispuesto a tener a personal de limpieza constante para desinfectar los baños tras cada uso. Eso, confiesa algún alcalde, esas incomodidades pueden ser incluso disuasorias.
¿Y si no se hace nada? Esa es la otra opción sobre la mesa. Velar por que se cumpla el distanciamiento social es también una responsabilidad individual. Además, la norma de uso de mascarillas es clara: allí donde no haya dos metros de distancia es obligatorio llevarla y su incumplimiento puede conllevar sanción. La alternativa es, aparte de eliminar los servicios que no pueden prestarse por el covid-19, dejar que rija la misma norma que para cualquier otro espacio. ¿Alguien está dispuesto a tomar el sol con mascarilla en una playa saturada?
