Resulta que en el “caso Musel” no había caso, ni siquiera casito, a la luz del fallo reciente de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, que exonera del delito de malversación al presidente y al director de la Autoridad Portuaria de Gijón en la época en que se llevó a cabo la faraónica ampliación del puerto. El órgano fiscalizador del sector público y del enjuiciamiento de la responsabilidad contable considera que no sólo los sobrecostes no resultaron dolosos para las arcas de las administraciones sino que la intervención avalada por Rexach y Díaz Rato –con el beneplácito del Ministerio de Fomento y de Puertos del Estado– sirvió para ahorrar dinero. O sea, que en lugar de emplumar a los encausados habría que levantarles un monumento con todas las de la ley.
Va por la segunda vez que el Tribunal de Cuentas da la razón a las defensas de los dos altos cargos portuarios y desmonta los argumentos de la fiscalía y de la Abogacía del Estado. Y supone, de otra forma, un tirón de orejas a Puertos del Estado, que recurrió el primer pronunciamiento del tribunal. Al menos el organismo dependiente de Fomento se libra de pagar las costas del proceso. Ya sería el colmo que el empecinamiento del señor Llorca en la ojeriza a los dos ex altos cargos de El Musel le hubiera costado una pasta gansa al erario público.
Rexach y Rato aún permanecen inmersos en un proceso penal por el coste multimillonario de la modificación del proyecto portuario gijonés, que se presupuestó en 499 millones y acabó costando 715. El asunto, pendiente de señalamiento de juicio, se dirime en la Audiencia Nacional, pero este balón de oxígeno se antoja un regalo navideño de notable cuantía.
