Por motivos de salud, por razones de humanidad, el exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, que cumple condena de cinco años y dos meses de prisión por su implicación en el “caso Marea”, debería ser excarcelado. No se pide para este octogenario enfermo, que no se lucró personalmente de la trama, como sí hicieron, a bolsillo lleno, otros de los reos, un indulto político, tan en boga en estos tiempos de intereses partidistas que salpican a la ley y la emborronan. Lo que se reclama, como han hecho por escrito más de ochenta médicos, es una salida airosa que no mine aún más la precaria salud del condenado. Del penal al HUCA y del hospital a la celda no parece recorrido saludable para un octogenario cuyo corazón amenaza con suspender en cualquier momento su ya frágil latido.
Se acerca a prisiones próximas a sus lugares de origen a terroristas crueles con las manos manchadas de sangre y nunca arrepentidos; se conceden beneficios penitenciarios a ladrones de guante blanco; se van a corregir delitos en el Código Penal para evitar mantener entre rejas a individuos que apuestan por dinamitar los cimientos del Estado... Mientras, en una cárcel asturiana, un anciano con la osamenta curvada de graves achaques parece condenado al cumplimiento íntegro de su pena. La Justicia puede ser ciega, pero en ocasiones debería situar la venda por debajo del ojo y ajustar su mirada a la compasión.
Puede que objetivamente Riopedre no haya cancelado aún su deuda con la sociedad, pero en conciencia cabe considerar que el débito está saldado. Así debería entenderlo el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. Existen, para un anciano, otras formas de cumplir condena sin necesidad de pudrir sus últimos años en prisión.
