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Hace tiempo que ya toca

Sobre la necesidad de derogar la reforma laboral de 2008 y de acometer la subida del SMI

Hace ya demasiado tiempo que toca modificar, añadir y derogar determinados preceptos normativos incluidos en las últimas reformas laborales, que se plantearon como una solución a la crisis económica del año 2008 y que a la postre se convirtieron en una trampa mortal para los trabajadores y trabajadoras. Porque atentan a la igualdad en todas sus variantes, a la justicia social, y, engañosamente, consolidan un crecimiento económico a costa de aumentar la precariedad laboral a través de la pérdida salarial, la temporalidad y la parcialidad contractual.

La última reforma laboral implantó el despido casi gratuito, aumentando el desempleo, sobre todo el de larga duración, e incrementando la diferencia entre los que más y menos ganan. Instauró la figura del trabajador pobre y, ahogó más a los colectivos más vulnerables aumentando el número de personas en riesgo de pobreza. También sirvió para empoderar la figura empresarial, debilitando la acción y negociación sindical. En definitiva, una auténtica arma de destrucción laboral en manos de los poderosos, que lo único que ha conseguido es desincentivar el consumo y dividir a la sociedad en dos clases: los que tienen y pueden y los que no. Además de conducir a la desesperación a muchas personas que ven en la radicalidad y el populismo extremista una falsa solución que nos pone en peligro de retroceder en materia de determinados derechos, unos derechos que nos costó mucho con-seguir, contra las ideas retrogradas ya superadas relacionadas con el machismo, la xenofobia, la persecución LGTBI, etc.

Y justamente porque la reforma laboral es un instrumento tan dañino es por lo que los ciudadanos y ciudadanas votamos masivamente al Gobierno actual, ya que su derogación se incluía en el programa electoral de las formaciones que integran el Ejecutivo.

Y de la misma manera este Gobierno comprometió con nuestras personas mayores derogando para ello la reforma de las pensiones del año 2013, lo que conlleva la eliminación de dos elementos tan nocivos como el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización. No son necesarios porque no tenemos un problema de gasto en nuestro sistema público de pensiones, sino de ingresos.

Estamos muy por debajo en gasto respecto a otros países de la Unión Europea. Lo que tiene que hacer el Gobierno es dejar de cubrir con cargo a las pensiones gastos estructurales de la Seguridad Social, no tocar el cómputo de años para el cálculo de la pensión –porque va a ser muy difícil con la precariedad laboral que tenemos alcanzar esos años de cotización– y tener mucho cuidado, pues con todo esto lo único que se hace es demonizar nuestro sistema público a favor de sistemas privados de pensiones. Es de justicia social reconocer la labor de nuestras personas mayores, que ya cotizaron toda su vida para tener derecho a una pensión digna. Hay que poner en valor su labor social sin confrontarlas con las personas jóvenes, porque ya están pagando con sus vidas la crisis del coronavirus y no hay derecho a que ahora también tengan que pagar con sus pensiones la recuperación económica de esta crisis sanitaria.

De la misma manera, hay que subir el Salario Mínimo Interprofesional. Porque lo hacen otros países de nuestro entorno; porque incentiva el consumo, ya que los salarios bajos van directamente al gasto para poder vivir, y si la gente gasta, y compra, las empresas venden y no tienen que hacer ERES o ERTES, el Estado gasta menos dinero en prestaciones y subsidios, y las empresas pueden pagar íntegramente las cotizaciones y los impuestos con lo que el Estado recauda más, lo que repercute en el crecimiento económico del país.

No se puede decir que ahora no se sube el SMI pero se mantiene el compromiso antes de finalizar la legislatura de subirlo hasta el 60% del salario medio como recomienda la Carta Social Europea (que son aproximadamente 1200 euros). Eso es engañarnos, porque estamos a mitad de legislatura, y si ahora no se sube ¿van a incrementar 250 euros en los dos próximos años?

También podríamos hablar de la Ley de Igualdad salarial, o de la inadmisible cantidad de personas que mueren por el simple hecho de ir a trabajar; y del Covid-19, que hay que seguir combatiendo, pero que no puede ser una excusa para no llevar a cabo estas reformas que son de justicia social, imprescindibles para que las personas no seamos otra vez los grandes perdedores de la crisis. Por eso empezamos las movilizaciones, para que nos escuchen, para que negocien con nosotros, para que cumplan con su programa electoral, para que no concedan el derecho de veto a la patronal. Porque ahora gobierna la izquierda y eso supone defender a los obreros y obreras, a las personas, a los colectivos más necesitados, evitando que nadie se nos quede en el camino.

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