Como las políticas urbanísticas y los planeamientos que las desarrollan no lo son para toda la vida, habrá que pensar en un cambio legislativo en profundidad para que las políticas de rehabilitación de edificios, regeneración/revitalización de barrios y renovación de áreas urbanas claramente obsoletas puedan desarrollarse tal y como será necesario si seguimos los criterios emanados de Europa y orientados a mejorar nuestra calidad de vida a la par que reducir drásticamente consumos energéticos innecesarios o emisiones de gases contaminantes.
Ya en 2008 desde ASA (Asociación Sostenibilidad y Arquitectura) se decide generar una Carta sobre el futuro de las ciudades. Como tal iniciativa arranca desde Asturias decidimos denominarla Carta del Transcantábrico, pues el debate final para el conjunto nacional se realizó en un vagón del Tren Transcantábrico especialmente preparado para este tipo de acciones. Sale a luz en 2010 y en ella se proponen medidas para prevenir y actuar, y se proclama la necesidad de cambiar la legislación urbanística, concebida, sobre todo, para el crecimiento de villas y ciudades hacia “afuera” y no para revisar lo que vino sucediendo en el interior a lo largo de varios decenios, pero muy particularmente desde las últimas guerras (civil española y mundial) del siglo XX, donde la década de los años 50 fue el pistoletazo de salida para el desarrollismo. Ese modelo ya no nos vale y decididamente, parece obligado un cambio.
Aunque sea tarde y costoso políticamente, es imprescindible una nueva legislación y unos nuevos planeamientos urbanísticos
Los planes urbanísticos en Asturias han correspondido a esa legislación basada en los crecimientos de pueblos y ciudades, crecimientos que no se han dado en demasiados casos y que por tanto exigen su revisión sin medias tintas. Y los nuevos planes debieran obedecer a nuevas leyes inexistentes. Cuando hace años comenté tal situación ante algunos poderes públicos, tuve como respuesta que sin mayorías no se puede legislar con éxito. Es cierto, pero yo respondo que esas mayorías hay que buscarlas con nuevos textos provenientes de la investigación y el conocimiento, y a través de ellos encontrar la justificación para una nueva legislación en la que deberán sumarse los partidos políticos que comprenden que tal cambio es necesario e imprescindible, pues de lo contrario no creceremos, como asturianos, en la misma dirección que otra parte de nuestra Europa o de nuestra España. Aumentará nuestra obsolescencia frente a la modernización y nuestro Principado se devaluará. Además, estaríamos incumpliendo los principios de lucha contra el cambio climático comprometidos con nuestras firmas a través de nuestros gobiernos.
Aunque sea tarde y costoso políticamente, es imprescindible una nueva legislación y unos nuevos planeamientos urbanísticos donde se clasifique el suelo necesario para crecer, pero, sobre todo, se profundice en el tratamiento de los suelos urbanos, donde muchas áreas y barrios no están bien resueltos y se precisan instrumentos legales para mejorarlos. Solo así tendrá sentido la ley básica de rehabilitación de edificios, regeneración de áreas urbanas o renovación de las mismas.
Es injusto que se mantengan los regímenes fiscales municipales basados en planes urbanísticos desfasados e injustificados para el presente y para el futuro próximo.
En la nueva legislación habrá que diferenciar mucho más acusadamente entre las ciudades centrales de nuestra región superiores a 40.000 habitantes, los núcleos medianos más inferiores y los concejos pequeños, pues se evidencia que las capacidades de gestión son muy diferentes entre todos ellos e incide negativamente para el ciudadano y para la propia burocracia.
De otra parte, los planeamientos urbanísticos municipales vigentes y apoyados jurídica y conceptualmente en la vieja y aún vigente legislación tienen sus efectos fiscales sobre las economías locales y la de sus ciudadanos, pues hay suelos clasificados como urbanizables o incluso como urbanos que no se van a desarrollar en muchos años o nunca y conviene recordar lo antes dicho: las leyes y planes urbanísticos no se conciben para toda la vida, sino acomodándose a las circunstancias y en función de la dinámica de cada lugar. Por ello es injusto que se mantengan los regímenes fiscales municipales basados en planes urbanísticos desfasados e injustificados para el presente y para el futuro próximo. Leyes obsoletas y planes urbanísticos que los desarrollan también obsoletos exigen una revisión urgente, pues de lo contrario nos encontraremos con realidades ajenas y distantes de las leyes que las gobiernan.
