A nadie extrañe que la mayoría de los jóvenes quieran ser funcionarios, máxime en una época tenebrosa que augura un futuro de oscuridad para varias generaciones que deberán devolver los créditos concedidos a este país para sufragar los elevados costes de la pandemia. Sin perspectivas laborales ni trabajos suficientes adaptados a su formación, qué mejor salida que un empleo público, de duración ilimitada, no sujeto a eventualidades temporales.
Se abre una nueva puerta a la interinidad funcionarial en el Principado con la gestión de los fondos europeos. Parece ser que 12.000 empleados de la Administración regional no son suficientes para ocuparse del papeleo de los dineros que llegarán de la UE a paladas millonarias y habrá que hacer fichajes –se desconoce cuántos– por un periodo de tres años. Las proverbiales ineficiencias de la Administración asturiana, que de vez en cuando afloran como hemos comprobado durante las últimas semanas en la demora de la gestión de los fondos Leader o de las ayudas de la PAC, recomiendan unas contrataciones necesarias para no perder unos fondos de la UE absolutamente necesarios para el rescate de una región obligada a una nueva reconversión industrial a cuenta de la descarbonización.
En clave de empresa privada resulta difícil de digerir que, en época de recortes, el sector público sea incapaz de organizar a su numerosa plantilla y solucione la papeleta recurriendo a nuevas contrataciones para resolver una emergencia. En el periódico, si el redactor de Sucesos descansa, asume su desempeño el de Política o el de Sociedad. Y la noticia sale. En el ámbito de lo privado no se contempla la fórmula del “vuelva usted mañana”: cada ventanilla cerrada es un cliente que se pierde y no se recupera.
