Resulta una temeridad que el Gobierno se plantee cocinar indultos a la carta para sacar de la cárcel a los sediciosos del “procés”, que si permanecen entre rejas es con motivo de haber cometido un delito. Y no se trata de una recua de pelagatos y robagallinas, sino de un grupo bien orquestado cuya intención última es instalar cargas de dinamita en los cimientos del edificio del Estado.
El 14 de octubre de 2019, la Sala de lo Penal del Supremo condenó por sedición a nueve líderes separatistas catalanes. La sentencia, a juicio de los juristas, y sus razonamientos eran inmaculados. Ahora, casi dos años después, Sánchez se enviste del monopolio del poder y pretende una medida de gracia que, lejos de llamar a la indulgencia, provoca burla.
Parecería que en este país y en este momento el constituyente ha sido capturado por el constituido. El pueblo es soberano, pero solo sobre el papel, papel mojado: la soberanía se la ha arrogado el Ejecutivo, que ha impuesto su preeminencia a los demás poderes, a los que en ocasiones intenta suplantar: en el Parlamento, a base de decreto-ley, asunto para el que este Gobierno tiene el gatillo fácil; y en el Consejo General del Poder Judicial, imponiendo criterios políticos de elección en lugar de primar capacidad técnica y rigor.
Donde acaba la ley, comienza la tiranía. Esta frase de John Locke encabeza un serial televisivo de éxito muy recomendable sobre el acceso de Trump a la Casa Blanca (“The Comey Rule”). Y viene a cuento de lo que ocurre cuando la ley se estira a conveniencia, como un chicle. Hay acciones de este Gobierno que dan miedo. Es mejor que los gobiernos teman a la gente que el que la gente tema a los gobiernos. En el primer caso, triunfa la libertad; en el segundo, se impone la tiranía.
