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De sedición y de indultos

Los problemas de aplicar una suprema medida de gracia

En el plano estrictamente ideológico, el problema de aplicar un indulto a la sedición se justificará en función de la repercusión, duradera en el tiempo, para mejorar la convivencia rota entre ciudadanos.

Ahora bien, el gobierno no puede sobrepasar sus competencias, porque el problema territorial de que se trata no está en manos de ningún poder gestor, sino fundamentalmente en el pueblo español.

El principal actor político y el sujeto jurídicamente agredido y la legitimidad ética de este conflicto se hallan en el pueblo español. Veamos.

El pueblo.

El problema viene determinado porque la soberanía depende a la vez del pueblo y de los gobernantes –de sus tres potestades–. Aunque la soberanía quede delegada, el pueblo español no la pierde por ello, pues él sigue siendo el último depositario. Hay pues una “soberanía gubernamental” y una “soberanía suprema”, que podríamos llamar “supremacía” –tomando el concepto de Jovellanos–. Hay aspectos de la Constitución que no pueden ser cambiados sino por el pueblo español. Cualquier programa ideológico de futuro, con sus negociaciones y sus transacciones de poder, no puede comprometer ni mermar esta supremacía. El indulto a los sediciosos se movería en esta línea fronteriza delicada.

La agresión.

Se ha intentado la vía del golpe de Estado para solucionar un problema ideológico. Si esta vía hubiera salido vencedora, los protagonistas serían héroes para sus seguidores a la vez que habrían causado un mal político de dimensiones extremamente graves a la nacionalidad catalana no secesionista y a la nación española. El golpe de Estado “oficial” ya ha sido juzgado. Pero persiste un golpe de Estado procesual y desarrollado desde la “duplocracia” instaurada en las instituciones de la Generalitat catalana. Entiendo por “duplocracia” el hecho de que dos (duplo) gobiernos contrapuestos funcionen como legales, de manera que el acatamiento a la Constitución queda incumplido. Esto es de facto un atentado de toda la clase política –la constitucionalista y la nacionalista–, depositaria de la soberanía, contra la supremacía.

La ética.

Analicemos la legitimidad ética, que se trenza siempre con la política y con la moral. Hay dos millones de catalanes que votan a favor del secesionismo. Lo hacen con legitimidad política. Y recriminan al resto y alegan que no se les respetan sus derechos éticos. Si por ético se quiere decir moral, en cuanto utilizados sinónimamente, de acuerdo. Pero si por ético se quiere apelar a lo que este concepto significa más allá de lo meramente moral (y político-moral), o es falta de claridad de ideas o es demagogia peligrosa. Peligrosa porque corrompe el valor de palabras genuinas, poderosas y hermosas.

Un pueblo en un estado de derecho concreto está conformado por gentes y grupos de creencias, intereses, ideologías y “mores” distintas. Cada grupo busca desplegar las identidades que más le favorecen o que más le convencen. Estamos ante las izquierdas y las derechas, ante partidos constitucionalistas unitarios, nacionalistas fragmentarios o mediadores “dialogantes”. Es la misma democracia en estado vivo, su pluralismo moral, ese que quieren eliminar las dictaduras y los totalitarismos de todo signo. No hay otra forma legítima de superar los conflictos de este nivel de confrontación que no sea mediante leyes comunes.

Entonces, en un estado de derecho, para mediar en los conflictos entre las diversas formaciones ideológicas (morales), se deposita el poder soberano en las instituciones de gobierno. La política tiene que mediar, a través de la justicia, en los problemas sociales (morales). Así que entre sus tareas esenciales está promover leyes justas –que ajusten lo mejor que puedan los problemas desajustados– y hacer que se cumplan.

Pero la idea de justicia contiene otra exigencia más. La justicia que se administra en el estricto nivel político no puede serlo en esencia si no es porque en ella resuena el nivel de lo universal “humano” (ético). Para que se entienda: no puede gobernarse legítimamente mediante genocidios, persecuciones o exclusiones inhumanas.

Aunque la ética (universal) y la moral (particular) estén tan íntimamente entreveradas, no pueden confundirse en la actividad política. Moralmente nos sentimos más andaluces, más navarros, más catalanes (incluso sentimos el afán de tener un estado propio) o más españoles, pero éticamente formamos parte de una comunidad que no hace (todavía) esas diferencias. Éticamente somos iguales, porque no se tiene en cuenta sino nuestra condición humana: necesidades y capacidades, donde todos aspiramos a desplegar nuestras vidas.

Pero los valores políticos y los éticos han de ser concretados, materializados. Por tanto, todo sujeto ético forma parte de un determinado estado de derecho. En el caso de España, todo sujeto ético está incluido en la clase de los españoles (sin connotación ideológica), como cuestión fáctica. Y las aspiraciones morales a cualquier cambio no pueden operarse como si fueran derechos éticos. Los derechos éticos también tienen sus reivindicaciones, pero son de otra contextura. Por último, las aspiraciones político-morales no pueden ser justas sino a través de leyes que se luchen y que se respeten.

Un presidente del gobierno que se atreve a indultar a quienes pretenden confundir lo moral con lo ético y a quienes han dado un golpe de Estado se mueve en la delicada línea de atentar contra la soberanía suprema del pueblo español.

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