Permítanme la metáfora, ya utilizada, pero ampliada. La cooficialidad del asturiano es un enorme elefante; es algo que estaba claro desde el minuto en que el PSOE lo colocó en su programa electoral allá por 2017. Un elefante orondo y voluminoso, seguramente inflado. Los socialistas trataron de esconderlo bajo la alfombra durante lo que restaba del mandato de Javier Fernández, con la excusa de que pese a que era mandato en el ideario del partido no estaba en el programa electoral. Pero el elefante estaba allí. En algún momento sacaría la trompa o movería las orejas.
El resultado electoral de las elecciones autonómicas, con Foro aún en manos de Álvarez-Cascos, hacía creer que no se sumarían los 27 diputados necesarios para conseguir los tres quintos del hemiciclo. Sin embargo, los avatares sucedidos entre los foristas trastocaron todo eso, el sector del partido que sí tenía una convicción por la oficialidad tomó las riendas y el elefante comenzó a menear el rabo.
Conscientes de ello, los socialistas intentaron un pequeño despiste: plantear una reforma del Estatuto amplia, porque ya toca, porque cumple 40 años, introducir modificaciones varias y ya puestos, abrir el melón de la oficialidad. El símil viene solo: un elefante y cuatro gallinas en un cercado no es un gallinero, sino un elefante.
Poco duró el intento de que calase la idea de que llegaba el momento de reformular la norma básica asturiana: todo el mundo se quedó mirando al elefante. Y en esas estamos.
El debate sobre la oficialidad es complejo y polarizante. Lo es porque aún no ha superado la necesaria transversalidad que permite que las cosas sean medianamente normales. Por mucho que el PSOE trate de hacer ver que el respaldo de Foro ya establece esa transversalidad ideológica, lo cierto es que la posición frontal de rechazo del PP (pese a sus matices internos) impide esa afirmación. Para colmo, Vox espolea algunos de los argumentos y tópicos más viscerales en una cuestión que requiere de sosiego, transparencia y franqueza.
Precisamente esos tres aspectos faltan ahora mismo. El elefante se ha vuelto borroso por la falta de una definición clara de qué es esa “oficialidad amable” que el PSOE está dispuesto a sacar adelante, que los socialistas han colocado en mitad del hemiciclo de la Junta General. No deberían pretender que el diputado forista Adrián Pumares, el diputado 27 al que se dirigen todas las miradas ejerciendo una presión injusta, salga a escena haciendo de domador del bicho.
Seamos claros. Si les dicen que apuesten si habrá oficialidad o no, hoy la recomendación es jugársela a que sí. Los actores están convencidos, quieren al elefante, pero domesticado, porque saben que los paquidermos son grandes, pesados e incontrolables: “No teman al proboscidio”, dicen.
Pero la única forma de introducir algo de tranquilidad en el público es colocar al animal bajo los focos. ¿Qué es la “oficialidad amable”? (El adjetivo ya hace intuir que existe una oficialidad antipática o aborrecible, que haría bien el PSOE en identificar). Tratar de definir el modelo de oficialidad con lo que no será es una pirueta: debe detallarse qué va a ser, resulta bastante más sencillo y evita la suspicacia. Por eso mejor que afirmar que no será vehicular, el Gobierno debería decir a las claras que existirá una asignatura obligatoria de asturiano que recibirán todos los alumnos (aunque se están sopesando situaciones de excepcionalidad que lo eviten: ¿qué hacer con un recién llegado de Albacete a mitad de curso el último año de primaria? ¿Los escolares que se muden de Llanes a Boal, pasarán de estudiar Llingua a eo-naviego de un plumazo?). En vez de decir que no se exigirá el conocimiento del asturiano para contratar a médicos, debería señalar que en algunas oposiciones puntuará (más o menos) el conocimiento de la Llingua, en especial en las educativas y las de otras áreas de la Administración. También se debería aclarar que desde el minuto en que se apruebe un Estatuto que incluya la oficialidad, las administraciones deberán garantizar servicios de traducción e interpretación, formar a funcionarios y garantizar que cualquiera pueda dirigirse en asturiano a cualquier institución sin sentirse por ello de menos o en desigualdad.
Mantener al asturiano entre sombras tiene dos consecuencias nefastas. Primera, dar alas y argumentos para que los detractores imaginen un universo infernal; segunda, introducir desconcierto y frustración entre quienes defienden la oficialidad, que no saben muy bien si el Gobierno pretende darles gato por elefante. Si ha de ser, sea, pero con todas las consecuencias, exponiendo pros y contras y jugándose el pellejo hasta saber si lo que salga es como se esperaba o se convierte en un lío.
Más sencillo hubiese sido afrontar la cuestión desde la óptica de considerar si Asturias debe jugar en la misma liga de las ocho comunidades autónomas que se han identificado a sí mismas en sus Estatutos como nacionalidad o nacionalidad histórica (Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Galicia y el País Vasco), no sea que con la España multinivel acabemos en algún entresuelo. Y si siendo así conviene tener amaestrado un elefante que, quizás, pasado poco tiempo, deje de generar tanto pasmo y por la costumbre (recuerden que está un poco inflado y no serán tantos los que terminen por subirse al paquidermo) acabe por verse como parte del paisaje. Y que se plantee también su votación (bien directamente o mejor con el conjunto del Estatuto) no hace más que añadir elementos al debate. Si no hay claridad, ya saben lo que pasa con los elefantes: se te meten en el próximo congreso del partido al igual que en una cacharrería cualquiera.
