"Cuando un monte se quema, algo suyo se quema, señor conde", ironizaba Jaume Perich en uno de sus chistes, que luego se convirtió en el título de uno de sus libros recopilatorios. En las campañas para luchar contra el fuego se ha hecho de casi todo. Hasta música. En una de esas campañas participaban figuras como Joan Manuel Serrat ("Todos contra el fuego"), aunque dichas campañas suelen llegar tarde y no pasan de ser como la canción del verano.
El verano es la época del año en la que se producen los incendios más voraces, los destructores. Los que arrasan "vidas y hacienda" –recuerden el de julio de 2005 en Guadalajara que se cobró la vida de once personas–. Este ejercicio llevamos ya contabilizados desastres en la Sierra de la Culebra (Zamora), San Martín de Unx (Navarra), Artesa de Segre (Cataluña), Asturias –"Arde el occidente asturiano: siete incendios en un día…", titulaba LA NUEVA ESPAÑA hace semanas– y un mes tras el de Sierra Bermeja (Málaga).
La gestión del medio natural se asocia a una obligación del gestor público. Generalmente se argumenta que la misión de respetar la Naturaleza la tienen los poderes públicos, la Administración del Estado o sus representantes, Ministerio, comunidades, corporaciones comarcales o municipales. Esa gestión debe abarcar a todo campo o territorio ya sea público o privado. Existen leyes para que se cumplan las consideraciones de respeto al medio natural tanto de las propiedades privadas como de las públicas. Pero esa gestión no obliga a las distintas administraciones a realizar la labor por sí mismas, por entidades u organismos de la misma administración. Podría ser delegada. El caso debe basarse en el resultado. Físico, ambiental, social, económico…
Todos los veranos se producen numerosos incendios (más de 85.000 hectáreas se quemaron el año pasado). Las consecuencias son nefastas, el origen suele ser por una gestión deficiente o nula. Por abandono, mala conservación, falta de limpieza o desatención natural. Los argumentos que abonan esta dejación de atención y cuidado se plantean por falta de prevención, de presupuesto, por presupuesto insuficiente, por desidia administrativa, por retraso en tomar medidas. Rara vez se reconoce la culpa, la mala gestión, la falta de recursos dedicados al cuidado medioambiental.
Algunas administraciones públicas aducen falta de recursos para la debida gestión, también se argumentan medidas políticas y el no tener competencias. Al final lo que no se ha pagado antes se suele pagar después y en mayor cuantía, gran destrucción de recursos y consecuencias nefastas para el medio natural, ya sea público o privado, que el fuego no distingue estos términos económico-sociales.
En medio de la barahúnda de los terribles y destructores fuegos se especula con orígenes, culpas, retrasos en la toma de medidas. Escaso presupuesto, falta de recursos humanos, ya sea de prevención como de apagado y recuperación y hasta de regulación legal de los afectados. Es decir, no se limpia el monte, no se mantienen fuera de la época seca brigadas de conservación, no se preparan equipos humanos y materiales contra incendios… Y así año tras año. Solo nos acordamos de santa Bárbara cuando truena, recuerda el dicho.
Sin embargo hay y ha habido ofrecimientos para paliar las persistentes consecuencias de los terribles incendios. Si estos días miembros del Fondo Mundial para la Naturaleza, más conocido por WWF y su imagen con un panda, han pedido en medios audiovisuales la gestión de nuestra Naturaleza, hemos de recordar peticiones más contundentes de años anteriores. Como publicó LA NUEVA ESPAÑA recién estrenado el Gobierno de Pedro Sánchez en el verano de 2018, "funcionarios públicos; miembros de entidades conservacionistas subvencionadas; ganaderos y pastores, empresarios que tenemos o hemos tenido contratos con la Administración Pública…" pedían al Gobierno que recortase el gasto ambiental. La insólita petición no consistía en la simpleza de asignar menos presupuesto a la gestión medioambiental sino en el cambio de gestores. Dado que las distintas administraciones no lograban acabar con los desastres de cada verano y dado el anunciado y pretendido "recorte de los 10.000 millones de euros anuales que habría que realizar en 2019 y 2020 para cumplir con la reducción del déficit", los firmantes del manifiesto requerían al Gobierno, "primer ejecutivo con un específico Ministerio de Transición Ecológica… que la gestión del medio natural deje de ser monopolio de la Administración Pública y que ésta facilite el acceso a la política de conservación al sector social interesado en proteger y producir fauna amenazada".
El plan propuesto por naturalistas, funcionarios reconvertidos en autónomos y conservacionistas pedía al Ejecutivo que asumiera gestiones directas y que promoviera cambios legislativos que permitan ubicar en el campo "un tejido social autónomo que ponga en valor y transforme en riqueza, económica y cultural, la expansión de lo salvaje". Es decir, expertos en medio ambiente, en ecología, que viven y trabajan sobre el terreno. Quizá sea la mejor solución.
