La política industrial ha vuelto

La política industrial ha vuelto. Vivimos momento de redefinición de paradigmas. La emisión de deuda mancomunada en la Unión Europeo o los acuerdos internacionales para fijar una imposición mínima sobre las grandes empresas supusieron ya una revisión de los principios sobre los que se organizó Occidente desde la caída del muro de Berlín. Ahora le toca a la política industrial. Está bien que sea así. Los retos estructurales de nuestras economías no son menores. Pero es necesario también aprender de los errores que cometimos en el pasado bajo tales objetivos si no queremos repetir algunos fracasos y garantizar el éxito de este nuevo viaje. El impacto de la pandemia del covid nos recordó los inconvenientes de confiar la oferta de algunos servicios y productos básicos a terceros países. La invasión de Putin en Ucrania nos despertó también del sueño de un aprovisionamiento energético sin seguridad del suministro. Y ahora la aprobación de la Ley de Reducción de la Inflación en Estados Unidos que supone también un golpe a la globalización con nuevas medidas proteccionistas. Todo ello ha obligado a Europa a repensar su papel en la economía global, que también lo es en el tablero geopolítico. Nos encontramos ante una revisión de la política industrial iniciada ya con nuestros compromisos de reducción de emisión y combate al cambio climático, pero que se ve ahora enriquecida con distintas aproximaciones desde otros ángulos.

En este sentido, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presentaba ayer ante el Parlamento el "Plan industrial del Pacto Verde para una época de emisiones netas cero", un título demasiado largo que contiene importantes novedades, pero también algunas incertidumbres difíciles de despejar por los problemas institucionales de la Unión, que siempre saltan a la luz cuando se intenta ser ambicioso.

La comunicación se estructura en cuatro grandes líneas. La primera de ellas aborda las reformas regulatorias sectoriales que dan continuidad y complementan al Fit for 55, el paquete legislativo que está ya en trámite para adaptar a nuestra industria a un entorno de emisiones netas cero. En este caso, se trata no ya de acomodar la transición de las empresas que ya existen, sino de acelerar el desarrollo de nuevas actividades ligadas a la transición verde, a saber, baterías, energía solar y eólica, calefacciones, electrólisis y tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. A su vez, Von der Leyen insistió en la necesidad de una nueva ley de materias primas críticas para elevar la autonomía estratégica en esas áreas, y también en la revisión de la regulación del mercado eléctrico, para facilitar la entrada de renovables y revisar el funcionamiento del mercado mayorista de electricidad (una larga petición de España). Estas últimas propuestas legislativas ya estaban en la agenda del Ejecutivo comunitario y sólo ha reconfirmado que las presentará en los próximos meses. En segundo lugar, la Comisión plantea un paquete financiero para respaldar estas iniciativas, destacando la creación de un nuevo Fondo de Soberano Europeo, que se uniría a la financiación disponible del RePowerEU (que se alimenta de parte de los recursos del NextGenerationEU), el InvestEU (antiguo Plan Juncker) y el Fondo de Innovación. Además, se complementa ese apoyo financiero europeo con una revisión de la regulación de ayudas de Estado para facilitar el apoyo desde los presupuestos de los Estados miembros. En tercer lugar, la comunicación defiende una actuación más decida a nivel comunitario para mejorar las capacidades técnicas y profesionales para facilitar la transición a ese renovado mundo del trabajo. Y, por último, el texto presenta una actualización de la estrategia de comercio internacional para reducir la dependencia de algunas áreas geográficas, reforzar los foros internacionales de cooperación comercial, e incorporar a los tratados comerciales los principios y valores que enraízan nuestras relaciones económicas en el seno de la Unión. La Comisión plantea, en fin, una aceleración de la transición verde encauzada ahora con una política industrial de largo impacto. En principio, estos objetivos son bienvenidos y necesarios, pero el actual plan deja también algunos interrogantes sobre la mesa, los más, ligados a la financiación disponible.

A diferencia de Estados Unidos u otros países federales, el presupuesto de la UE sigue siendo reducido. Además, las cuantías se acuerdan para periodos de siete años, el actual 2021-27 y, aunque se pueden ajustar ligeramente, casi toda la financiación está pre-asignada a los distintos programas de gasto. Es decir, hay poco dinero y la mayoría ya está consignado para las políticas actuales. De este modo, cuesta trabajo ver cómo una reorientación de los actuales presupuestos, dirigida a fortalecer el InvestEU o el Fondo de Innovación, o una nueva reasignación del NextGenerationEU, pueda ser suficiente para abordar este desafío. Y la propuesta de creación de un nuevo Fondo Soberano no tiene aún las bases suficientes para presumir cómo se podría financiar. Parece obvio, pues, que, o bien los Estados refuerzan el presupuesto comunitario, o bien se permite a la Unión emitir nueva deuda, aunque en el actual entorno –marcado por la revisión de la política monetaria–, esta opción sería menos sencilla.

Así las cosas, la Comisión propone la revisión de la regulación de las ayudas de Estado para facilitar la financiación por parte de los presupuestos nacionales. Ahora bien, no todos los gobiernos tienen el mismo tamaño para poder respaldar grandes proyectos, ni todos los países el mismo espacio fiscal, habida cuenta de los niveles de deuda pública nacional ya emitida.

De este modo, aun siendo necesario ese apoyo público, la ausencia de un pilar presupuestario sólido a nivel centralizado deja el esfuerzo en manos de los Estados, y la relajación del control de las ayudas de Estado amenaza contra la integridad del mercado único. Es decir: para evitar la competencia desleal de los subsidios americanos, se puede abrir la veda a una competencia en este caso al alza en busca de subvenciones entre los propios Estados de la Unión Europea. Si durante años hemos sufrido una competencia tributaria a la baja, a la que los últimos acuerdos de la OCDE ponen coto, podríamos estar a las puertas de una competencia al alza en búsqueda de subvenciones, igual de dañina que la anterior.

De este modo, la única salida para este conundrum pasa por fortalecer el presupuesto de la Unión, única garantía de que ese apoyo público sea mínimamente coherente. Otro detalle no menor, que dejaré para otro día, se centra en la selección de sectores de actividad que recibirán un trato preferente. Habría que preguntarse por qué esos y no otros, y analizar también los efectos externos de toda esta operación.

En fin, se acentúa y se amplía la renovación de la política industrial europea. Por necesaria, no deberíamos pasar por alto los riesgos. El efecto neto de toda esta operación debe ser positiva y yo aún tengo serias dudas, tal y como se está presentando. Para ello, estamos aquí. Veremos.

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