Una ley de Vivienda más reposada y menos electoralista

En cada encuesta que interroga sobre los problemas que más preocupan a los españoles hay una respuesta recurrente: la escasez de vivienda a un precio asequible. Se trata de uno de los grandes déficits del Estado del bienestar, al que ningún Gobierno ha logrado echar el lazo. La carestía, la mengua del parque de alquiler y las graves dificultades que encuentran los jóvenes para emanciparse componen un cóctel pernicioso que conduce a uno de los incumplimientos más flagrantes del mandato constitucional, que en su artículo 47 señala que todos los ciudadanos tienen derecho a una vivienda digna. El Gobierno acaba de anunciar el apoyo de Esquerra y Bildu para sacar adelante una ley muy necesaria, pero con la que no se debería hacer electoralismo: acelerar su aprobación sin intentar consensuarla y a poco más de un mes de la cita en las urnas desprende un tufo oportunista que le resta credibilidad.

España es un país de propietarios. Aunque el arrendamiento ha ido ganado peso en las últimas décadas, contabiliza aún hoy apenas 17 de cada 100 viviendas. El pasado año, el 15,9% de las familias españolas residía en un inmueble de alquiler, según un informe de Instituto Nacional de Estadística (INE). En Asturias, de los 457.789 pisos y casas registrados en el último censo, solo 57.033 son alquilados, un exiguo 12%.

Solo la mitad de las casas de la Sareb en Asturias son alquilables y la gran mayoría necesitan una reparación

El INE certifica, sin embargo, que al menos 481.000 hogares en alquiler se ven obligados a destinar el 40% de sus ingresos netos a pagar la renta, lo que supone un gasto considerable y en muchos casos inasumible. Según los parámetros del Banco Mundial y la ONU, la vivienda no resulta asequible si para su compra hacen falta más de tres años de ingresos de la unidad familiar o más del 30% de la nómina mensual en el caso de alquilar.

Para paliar este problema, el Gobierno ha anunciado a bombo y platillo que unos 50.000 inmuebles en manos de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el denominado "banco malo", serán destinados a las administraciones públicas para frenar la subida de los precios y ofrecer alquileres sociales asumibles por capas de población, entre ellos los jóvenes, sin capacidad para acceder al mercado. Esta medida, que la oposición no ha tardado en tachar de electoralista, tiene muy corto recorrido en Asturias, donde la Sareb solo dispone de 395 inmuebles, la mayoría de ellos ubicados en zonas de baja demanda y en mal estado de conservación. En Oviedo, la ciudad con Gijón donde la oferta de alquileres es más escasa, solo hay 33 pisos del "banco malo".

La nueva ley que pretende intervenir y regular a las bravas el mercado inmobiliario, uno de los proyectos bandera de la izquierda, incluye como principal novedad el establecimiento de límites a los precios que marca el arrendador y cambia la definición de "gran propietario", consideración que tendrá a partir de ahora el dueño de cinco o más inmuebles en las llamadas "zonas tensionadas", aquellas donde el precio del alquiler está disparado y que habrán que definir comunidades autónomas y ayuntamientos. También impone que los gastos y honorarios del alquiler corran a cargo del propietario. Una práctica tan habitual como que la comisión de la inmobiliaria lo asuma el arrendatario llegaría a su fin.

El límite de la actualización anual del alquiler desvinculada del IPC es una de las medidas más polémicas, ya que muchos expertos auguran que retraerá la llegada de vivienda al mercado. Con la nueva normativa, a partir de enero de 2024 los precios de los alquileres se verán limitados a una actualización máxima del 3%.

Una ley de semejante calado social no puede pecar de improvisación. Por la forma y el momento en que se lanza parece más pensada para movilizar el voto, sobre todo joven, y marcar diferencias con otras alternativas de izquierda que con sincera voluntad de arreglar el problema. No contenta ni a inquilinos ni a caseros. Para unos, se queda corta en lo que tiene de progresista; para los otros, el modelo que dibuja es demasiado intervencionista. Si los propietarios se sienten perjudicados, se lo pensarán a la hora de alquilar, no habrá pisos suficientes para asumir la fuerte demanda e inevitablemente los precios subirán. Y el tiro le habrá salido al Gobierno por la culata.

A juicio de los expertos, solo una ampliación importante de la oferta pública podrá mitigar de forma relevante el grave obstáculo del acceso a la vivienda. Pero no se puede legislar desde la imposición, sin dar opción a un mayor consenso cuando lo que se discute afecta a ciudadanos de todas las edades y estrato social. Imponer, sin discutir con las comunidades autónomas, una norma básica que supone una flagrante invasión competencial contribuye a generar una inseguridad jurídica que puede hacer que se consiga el efecto contrario al que se persigue.