¿Una circunscripción para los asturianos del exterior?

La propuesta del Presidente del Principado Adrián Barbón para crear una cuarta circunscripción destinada a dar representación singular a los asturianos del exterior es nueva en el Principado, pero no en España. El PSOE se comprometió a crearla en 2008 y la Asamblea general de Izquierda Unida lo hizo en 2021. La llamada Marea Granate viene pidiendo desde hace algún tiempo esa circunscripción de ámbito personal que acoja a todos los residentes españoles en el extranjero. La diferencia es que para las elecciones generales ese cambio obligaría a una revisión constitucional, mientras que aquí no sería necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía.

La medida se anuncia junto a otras sobre incremento de ayudas y aprobación de subvenciones relacionadas con el colectivo de emigrante asturianos, lo que en este momento concreto de precampaña autonómica no deja de tener un inequívoco tufo electoralista. Al margen de ello, la pregunta que hay que hacerse es si está justificado desde un punto de vista democrático crear ese distrito electoral, lo cual nos lleva a otra pregunta más incómoda y que sería previa: ¿Es democrático que puedan votar en las elecciones al Principado los ciudadanos españoles que llevan muchos años residiendo en el extranjero por el simple hecho de haber tenido su última vecindad administrativa en Asturias, e incluso sus hijos, aunque no hayan pisado nunca esta tierra?

Los dos argumentos que se esgrimen para fundar la medida son muy pobres. De un lado, el aumento del censo de los asturianos en el extranjero gracias a la aplicación de la Ley de Memoria democrática, que amplía el reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de personas españolas exiliadas en el extranjero; de otro, la supresión del voto rogado, que dificultaba el ejercicio del sufragio de residentes ausentes en el extranjero. La tentación de comprar de una u otra manera el voto de los emigrantes ha sido una constante allí donde ha habido una diáspora de los conciudadanos. El voto rogado se estableció para impedir el fraude en la votación desde el exterior y las excesivas trabas para poder ejercer el derecho de sufragio condujo a su reciente desaparición. Se supone que ahora, con la nueva regulación, ese ejercicio mejorará la participación en los comicios de ese colectivo. Pero la cuestión de fondo sigue siendo si deben todos ellos ser electores. Mi respuesta es que no.

En este tema se confunde nacionalidad con ciudadanía. Bien está el generoso reconocimiento de la nacionalidad española a los descendientes de españoles de segunda y de tercera generación cuyos ancestros emigraron por razones económicas o políticas. Pero la ciudadanía, y por tanto el derecho de sufragio, ha de referirse a la participación en los asuntos públicos de las personas concernidas por los deberes y obligaciones del ordenamiento jurídico. Una cosa es ser residente ausente y otra ser ausente manteniendo una residencia ficticia. Adquirir o mantener la nacionalidad es una cosa y ostentar la condición de ciudadano es otra. Barbón presenta su medida como revolucionaria y rompedora, pero es continuista en la errónea exaltación de la indisoluble identidad entre nacionalidad y ciudadanía, y es rompedora allí donde no debería serlo, creando una cuarta circunscripción, en lugar de suprimir la anomalía de ser el Principado de Asturias la única Comunidad Autónoma uniprovincial dividida en tres circunscripciones electorales, pues hasta Murcia, patria del cantonalismo, ha optado por una sola circunscripción, suprimiendo en 2015 las cinco que inicialmente tenía. Este es el recurrente debate político sobre si debe de haber una o tres circunscripciones, sin desviar la atención sobre la creación de una cuarta.

Si el voto de los residentes ausentes en el extranjero va a ejercerse ahora de manera más fácil, no hay por qué inventarse una circunscripción para ellos. Si lo que se quiere es una representación de sus intereses, habrá que preguntarse qué intereses unen a los que residen en Europa con los descendientes de emigrantes a países americanos.

Desde el punto de vista democrático, a efectos de la participación política, lo importante, lo rompedor, es atribuir el sufragio no a quien ha tenido su última vecindad administrativa en Asturias, sin importar los años de ausencia, sino a quien tiene la vecindad actual, sea español o inmigrante. Con mayor razón a la propuesta de Adrián Barbón habría que debatir si se le otorga el sufragio a los asturianos que tuvieron su última vecindad administrativa en Asturias y que ahora viven en otras comunidades autónomas, pero residiendo unos meses al año en algún concejo asturiano.

Desde el punto de vista político, si se desea una representación específica de los intereses de los emigrantes, nada impide constituir un partido con ese sesgo, la Marea Granate, igual que hay un partido animalista o un partido de la España vaciada, sin necesidad de crear un distrito electoral específico ni un escaño singular que lo represente. Desde el punto de vista electoral, parece mentira desconocer los problemas que ha habido con el recuento de los votos del exterior en las elecciones asturianas de 2011 y 2012. Y, desde el punto de vista de la gobernabilidad, es impresentable que en unas elecciones igualadas, la elección del Presidente del Principado y la aprobación de los presupuestos generales de la comunidad puedan depender del voto de un diputado, seguramente elegido con una muy baja participación del electorado inscrito en esa cuarta circunscripción, y que representa los intereses de unas personas a las que, por residir de manera continuada en el extranjero, no les afecta la política tributaria, educativa o sanitaria de la región.

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