Hay una ley

Una verdad física irrebatible dice que si a un problema grande se le quita un trozo, se hace más pequeño. Y nadie duda que con el mundo rural, en nuestro Principadín y fuera de él, hay un problema de los grandes. Y los problemas, cuando no se resuelven, crecen, como nos demuestran las movilizaciones de agricultores y ganaderos que aprovechan, lógicamente, el momento electoral, pues funciona como el cuerpo de una guitarra, multiplicando la sonoridad de las cuerdas.

Las complicaciones para alguien que quiera vivir hoy del campo son ingentes, prueba cegadora de que ha fallado la política, entendiéndola tal como dice la Real Academia: "Arte o traza con que se conduce un asunto o se emplean los medios para alcanzar un fin determinado". Por supuesto se supone que el fin de un político con responsabilidades de gobierno es gestionar adecuadamente el territorio a su cargo, tanto urbano como rural.

Visto el resultado, hay varias preguntas aquí: la primera, las responsabilidades. ¿Si un gestor de la cosa pública, no solo no alcanza un fin determinado sino que genera una quiebra de una gravedad difícil de evaluar por sus inmensas dimensiones puede irse sin más? ¿Nadie paga?

La segunda pregunta, y ciñéndonos ya a Asturias es ¿quien se ha llevado por delante el campo asturiano? Evidentemente, tres entidades: lo que llamamos "Bruselas", "Madrid" y "Oviedo", entendiendo con esos vocablos los políticos con responsabilidad en los tres ámbitos. El asunto se complica un poco porque en cada uno de esos lugares tuvieron responsabilidad todos los partidos de la baraja, aunque unos se echen la culpa a otros, lo que hace difícil pillar al culpable, más bien suena a Fuenteovejuna. Además, ¿desde cuando habría que empezar a pedir responsabilidades? ¿Cuando empezó el declive del campo? ¿La desaparición de caserías con cinco vacas en las que malvivía una familia era inicio de decadencia o de mejora? Es un tema espinoso pillar a los culpables.

Pero, para ganar tiempo, lo que sí se puede es empezar a pegarle mordiscos al problema sentándose responsables políticos, técnicos y agricultores –en global, agricultores, ganaderos, agro industrias–. Se me ocurre alguno de esos pedazos que además no necesitan inversión, solo remangu. Citaré algunos –hay más–: resolver la situación legal de los comunales (la Administración tiene técnicos agrarios y juristas, en plantilla, para resolver esa vieja papeleta); crear las condiciones para recuperar la cabaña de ovino y caprino (sí, sé lo que quiero decir: limitar el lobo a donde estaba); adecuar las normas –basta copiar a Navarra o Francia– para que las explotaciones familiares puedan comercializar, de verdad, directamente sus productos. Anular la exigencia de tramitaciones digitales hasta que en toda la Asturias rural no se disponga de acceso correcto a internet. Y por supuesto el asunto de la selva administrativa. Jovellanos, allá en 1794, en su "Informe sobre la Ley Agraria" ya lo dice: "Cuando la sociedad consideró la legislación con respecto a la agricultura no pudo dejar de asombrarse a la vista de la muchedumbre de leyes que encierran nuestros códigos sobre un objeto tan sencillo". Hoy, 230 años después, la Consejería parece la oficina del sheriff: ante cualquier iniciativa te largan lo de "Hay una ley, amigo".

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