Una nueva frontera frente a la despoblación

El tardío paso a la agenda pública española de los desequilibrios demográficos permite aprender de las experiencias frente a un fenómeno que compromete nuestro modelo territorial, una vez roto el equilibrio, y las áreas rurales se hayan vuelto totalmente dependientes de las dinámicas urbanas. Es lo que en políticas públicas se denomina un "problema retorcido": no hay una solución obvia, hay muchos colectivos y organizaciones implicados, hay un grado de desacuerdo notable y además requiere cambios en el comportamiento de los actores.

La acción pública frente a este problema ha oscilado en los espacios europeos desde lo simbólico hasta lo integral, pasando por experiencias piloto y tratamientos sectoriales. Desde los gestos, los gestos de los gestos –teatrillo–, las políticas simbólicas del "haber hecho algo" a enfoques globales, de éxitos limitados e incompletos, pero valientes y consecuentes. No había un problema hasta que nos dimos cuenta de que ya había demasiadas funcionalidades en el territorio que operaban en lógica libre. De la experiencia acumulada, ningún enfoque parcial tendrá éxito, por voluntarista que sea. Cuanto más se tarde en adoptar un enfoque integral, más lejos –o más cerca– estará la nueva frontera.

Tratar de asegurar el reemplazo generacional en el mercado de trabajo o la sostenibilidad del sistema de pensiones no puede ser el objeto de las políticas regionales y locales. Si la mayor amenaza se dirige hacia nuestra estructura territorial, ahí es donde debemos concentrar los esfuerzos. Las demarcaciones inferiores al nivel provincial ofrecen la agilidad y la flexibilidad necesaria para abordar planes de desarrollo territorial, permiten una participación más activa de los actores locales y condicionan a la autoridad provincial y regional. Si la percepción sigue siendo la de un centro que limita y ordena y unas terminales que recepcionan las políticas, será difícil crear un marco adecuado de gestión del problema. A ello se suma la lógica posición de las administraciones locales, pues no son estas las que tienen que ceder lo que no poseen, sino las regionales, allí donde en España se detuvo el proceso de descentralización. Somos un país descentralizado, pero hasta la provincia.

En los espacios débilmente poblados, la estructura y jerarquía de los servicios públicos condiciona gran parte de las posibilidades económicas del territorio. Y aquí comienza otro problema. Gobernar es decidir y establecer jerarquías y niveles significa agrupar, discriminar, otorgar un papel distinto a cada nivel territorial. Asturias cuanta con 857 parroquias y 6.968 entidades singulares, de las que más de 3.000 no sobrepasan los diez habitantes. El esfuerzo ya no puede concentrarse en evitar lo sucedido, sino en reforzar una nueva frontera que sea capaz de ofrecer servicios de calidad y tenga el suficiente músculo para provocar reactivación económica, y que sea sostenible y real. Son las villas, unidades que han venido liderando espacios más amplios que el de su municipio.

Asturias lideró y avanzó el tratamiento de este problema, cuenta con excelentes expertos, una legión de demógrafos vocacionales –entre los que me incluyo– y una valiosa y exitosa experiencia en ámbitos sectoriales como la sanidad y la educación, que tanto pesan en el equilibrio territorial. Al igual que la política de cohesión de la Unión Europea favoreció el desarrollo de estructuras regionales donde no existían, una política demográfica integral promoverá y necesitará de estructuras comarcales. Nuestras villas no son un accidente casual, sino una construcción consciente de un espacio equilibrado y funcional. Para que sigan desempeñando ese papel, conviene anticiparse.

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