Por una Administración eficiente y sostenible

La mejor Administración para Asturias es aquella que consiga de sus efectivos la máxima eficiencia y la que los asturianos puedan sostener con sus impuestos. No hay fórmulas mágicas para determinar los funcionarios precisos para alcanzar este objetivo, ni una guía para saber si la autonomía, el Gobierno central o los ayuntamientos cuentan en la región con un déficit o un exceso de plantilla. El debate sobre la función pública debe empezar a afrontarse más en términos cualitativos que cuantitativos e introduciendo en la ecuación una variable diferencial: el rendimiento. 

Asturias alcanzó la cifra récord de 63.000 funcionarios trabajando para las administraciones públicas. La mayor parte, dos de cada tres, lo hace en la autonómica, la del Principado, si bien un alto porcentaje de ellos está ocupado en la prestación de dos servicios públicos esenciales como son la sanidad y la educación. Lo cierto es que figuramos en el grupo de cabeza nacional, con casi 63 empleados públicos por cada mil habitantes, junto a otras cuatro comunidades: Extremadura, Aragón, Castilla y León y Castilla-La Mancha. La época de máxima expansión económica, la de la burbuja inmobiliaria, marcaba hasta ahora el cénit en los registros. La región cuenta con una población ocupada de 384.000 personas. Uno de cada seis asturianos trabaja para alguna de las tres administraciones.

Los partidos son absolutamente previsibles en el posicionamiento ideológico y en el rol de poder u oposición que en este teatro les toca representar. Sobre estos datos han mostrado la reacción que cualquier ciudadano habría adivinado de antemano de tanto ver desplegadas en las tribunas las mismas estrategias. La izquierda anhela más empleo público, porque a su entender favorece el desarrollo de prestaciones esenciales. La derecha considera que una carga tan pesada lastra la competitividad. Los conservadores reclaman, al igual que la patronal, multiplicar los recursos para favorecer a autónomos y a empresarios, en quienes depositan la sagrada misión de crear empleo productivo. Probablemente ambas posturas cuenten con base fundamentada. Lo difícil es encontrar la proporción, el equilibrio, un término medio.

¿Tiene Asturias demasiados empleados públicos? Responder a esta cuestión ateniéndose solo a los números brutos supone simplificar en exceso un asunto demasiado complejo. Una Administración de bajo coste que no funciona ni resuelve los problemas de los ciudadanos siempre saldrá carísima. Y, viceversa, una estructura grande, pero que dé una salida ágil a las gestiones y necesidades de los asturianos, que despache asuntos con rapidez y precisión, resultará a la larga barata. Los contribuyentes, aun siendo conscientes del gran esfuerzo que les supone cotizar para mantenerla, se darán por satisfechos si al menos constatan progresos en sus experiencias personales de oficina en oficina.

Solucionar trámites no depende en muchas ocasiones de contar con más o menos empleados, ni de la diligencia de estos en su desempeño, sino también de los procedimientos diseñados desde el poder para el papeleo, cada vez más farragosos, contradictorios, incomprensibles y absurdos en el siglo de la inteligencia artificial.

Los salarios de los funcionarios asturianos suponen unos dos mil millones de euros al año. Hinchar porque sí la oferta de puestos públicos para disminuir las estadísticas de paro es como hacerse trampas al solitario. El Gobierno regional tiene en marcha un proceso para hacer fijos a 8.000 interinos y acaba de anunciar esta semana su intención de promover 1.700 nuevos contratos. Si desembarcara aquí una multinacional con las mismas plazas, tocaría montar una fiesta. Entre dar la batalla por atraerlas o esperar a extraer recursos laborales de la chistera del Presupuesto la elección parece evidente. Del trampantojo de lo estatal ya deberíamos estar curados tras la experiencia con la minería y la siderurgia antes del cierre y las privatizaciones.

Sin tejer complicidad con los particulares, ni despejar con celeridad los requerimientos, la burocracia ahogará la economía. Y la atonía impedirá recaudar lo suficiente para su propio sostenimiento. La carencia de estímulos a la labor bien hecha y la falta de reconocimiento a la excelencia –el café para todos– desemboca en la tiranía de los mediocres. Un círculo vicioso a romper, un reto mayúsculo que vale una legislatura.

Nadie discute la necesidad de cuidar y mejorar servicios dotándolos de medios técnicos y humanos adecuados. Pero en esencia no estamos ante una cuestión de tamaño. Grande o pequeña, la Administración asturiana necesita revisar su funcionamiento y organización, e incorporar hábitos saludables. Por ejemplo, los sistemas de control de calidad y productividad o la rendición de cuentas, normales en otras esferas. La dimensión con la que contribuya a generar riqueza y facilite la iniciativa privada, convirtiendo Asturias en vanguardia de la buena gestión, será la correcta.