El fin no justifica los medios

Sostener que la aritmética parlamentaria es lo más democrático que hay es mucho decir. Es como mantener que los pleitos pueden ganarse con trapacerías. Nos habían enseñado que la democracia era un régimen en el que gobiernan las mayorías respetando a las minorías, pero nunca al revés. No tiene un pase adulterar ese esquema tan primario y mucho menos hacernos creer que está justificado en términos políticos. Constituye un fraude de lesa democracia defender un ejecutivo en el que minorías de signo ideológico antagónico frustren que gobierne quien han ganado unas elecciones. La democracia no va de lograr a cualquier precio la mayoría absoluta, sino de respetar la voluntad popular manifestada en las urnas. Y eso no sucede cuando se arman alianzas contra natura para hacer naufragar lo que el pueblo ha querido.

No es cierto que la sociedad española apoye una formación de gobierno basado en la suma de minorías. Los votantes de esas opciones ni apoyaron en julio –ni ahora tampoco lo harían si hubiera elecciones– al candidato que se presenta a la investidura. Ni sus propios electores lo que propone ahora, como la amnistía y los pactos con los independentistas. Por consiguiente, que me diga alguien qué hay de democrático en ese proceder. Se lo diré yo: nada. Se trata de una tosca adulteración del sistema, que lo erosiona irremisiblemente, idea que estoy seguro que compartirán los que hoy la niegan si lo perpetraran otros.

Solo desde una nula sensibilidad y formación democrática puede patrocinarse que partidos con credos completamente opuestos sean capaces de impedir que una nación sea dirigida por aquellos que los ciudadanos han deseado mayoritariamente. Son los mismos que trataron de protagonizar en su día pucherazos en sus propias formaciones y luego no han dejado de insistir en deteriorar sin descanso nuestra estructura institucional. Con personas así ninguna democracia avanza, sino que retrocede hasta dejar de serlo.

Alcanzar o conservar el poder a toda costa es impropio no ya de cualquier democracia que se precie, sino de un país que se dice moderno. La alternancia es consustancial al modelo que han elegido los Estados más adelantados del planeta. Y en Europa es la garantía misma de las libertades que consagra el derecho de la Unión. De ahí que las acometidas que está sufriendo el ordenamiento en las últimas fechas habrán de ser atajadas por las instancias judiciales continentales, como así ha sucedido en determinados asuntos vinculados a países del Este, en los que se ha intentado quebrar la separación de poderes. Es igual que se dificulten torticeramente las herramientas jurídicas ante el Tribunal Constitucional, como se acaba de plantear en ese desvarío legal de la amnistía: las capacidades del Tribunal de Justicia Europeo para asegurar en España el Estado de Derecho permanecen intactas y habrán de activarse velis nolis.

El fin nunca justifica los medios. Ni en política ni en ningún otro ámbito. Por eso hemos de proteger a la democracia real, en la calle y en Europa, frente a los que la atacan sin disimulo alentando una democracia formal que cada vez más se parece a una autocracia de marca mayor.

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