Explicar el atropello

Con la enquistada crisis de la ITV, empieza a calar la sensación de que al Principado se le ha olvidado que la gestión de cualquier huelga con afección a un servicio exige, además de mano izquierda para negociar con los trabajadores, una respuesta meridianamente clara a los usuarios. La designación como negociador del viceconsejero Isaac Pola, avalado por una dilatada trayectoria como navegante en aguas procelosas, viene a demostrar que el Gobierno regional se ha tomado muy en serio el asunto (no obstante, cabría preguntarse si el mejor mediador posible es un representante de parte y si este movimiento significa un reconocimiento implícito del fracaso de los responsables directos de la sociedad Itvasa). Pero nada se ha hecho aún para calmar a los miles de conductores afectados que se ven obligados a circular a diario sin cumplir con la normativa para desplazarse, por ejemplo, a su puesto de trabajo, arriesgándose a una multa capaz de descuadrar muchas economías domésticas. Por no hablar de que algunas aseguradoras amenazan con lavarse las manos en caso de un accidente con la etiqueta caducada, abocando a los afectados a litigios que, por definición, son de final incierto y gasto seguro.

A estas alturas, después de varios meses de desacuerdo y con un calendario de paros hasta Semana Santa para echarse a temblar, es hora de plantear alguna solución al ciudadano que quiere cumplir con su responsabilidad y no puede, sin que eso suponga un menoscabo al derecho a protestar de los operarios que reclaman mejoras. Una conjunción posible según colectivos perfectamente informados desde el punto de vista jurídico. En el caso de que la Administración, que en Asturias tiene el monopolio de la inspección de vehículos, al contrario que en la mayoría de las regiones, entienda que no hay manera de conciliar esos intereses, alguien debería asumir el coste político de salir a explicar este colectivo atropello.

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