El rebote de la amnistía

De acuerdo con el criterio del presidente del Gobierno, la amnistía no es un asunto que preocupe gravemente a los españoles. Según el barómetro de diciembre del CIS, sólo un 3% lo menciona como uno de los tres mayores problemas del país. Pero la tramitación parlamentaria de la ley es seguida a diario por la opinión pública y las incidencias que se suceden a su alrededor empapan por completo la vida política. Preguntados por el problema que consideran principal, el 66% de los encuestados citan al Gobierno, los partidos y la actuación de los políticos en general en uno de los tres primeros lugares. El Ejecutivo presenta la ley como un paso necesario para la vuelta definitiva a la normalidad. Pero se encuentra con que diversos sondeos, el CIS solo ha preguntado si la hemos leído, constatan que una mayoría se opone, los votantes socialistas están divididos y el principal beneficiario ha votado en contra.

Conviene hacer un poco de historia con la secuencia reciente de los acontecimientos. Después de firmar en 2017 la aplicación del artículo 155 a la Generalitat, sublevada ante el Estado, el PSOE acudió a los partidos independentistas en solicitud de apoyo para formar gobierno. Así prosperó la moción de censura y fue investido en dos ocasiones consecutivas Pedro Sánchez. Luego, el partido no propuso la amnistía en la campaña de julio, pero tras las elecciones necesitó los votos de Junts para gobernar y, descartando cualquier otra opción, suscribió un acuerdo que dejaba la puerta abierta a negociar todas las demandas que plantearan las instituciones catalanas. En el texto del acuerdo, el PSOE reafirma la ilegalidad de la votación del 1 de octubre y de la declaración de independencia, y rechaza explícitamente la vía unilateral de los soberanistas, pero por otro lado se compromete a aprobar una amnistía que alcance a todos los relacionados con el proceso independentista, en concreto, a los implicados antes y después en las votaciones de 2014 y 2017. Además, da su conformidad a que en la aplicación de la amnistía se tengan en cuenta las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituyan y las responsabilidades o modificaciones legales que puedan derivarse de todo ello.

En resumen, una vez formado, el Gobierno ha pasado a la sociedad española la factura de la investidura de Pedro Sánchez. El reencuentro es un objetivo loable. Pero para que la amnistía, siempre discutible en un estado democrático y de derecho, sirva a ese fin debe plantearse de modo que procure estar respaldada por un consenso más amplio. Ahora el Gobierno pide cuentas a Junts y reprocha su actitud. Lo que ocurre es que Junts no está seguro de que la ley, en su redacción actual, garantice la impunidad de los encausados por el intento secesionista. Teme la amenaza judicial, quiere blindar a Puigdemont, de manera que no pueda quedar excluido de la amnistía en ningún caso, y es posible que desconfíe de la palabra de Pedro Sánchez. Ni al PSOE ni a Junts les interesa de momento romper su tortuosa relación, pero este es el segundo tropezón serio del Gobierno y queda claro que Pedro Sánchez no es el líder de un bloque granítico.

Es probable que el Ejecutivo se salve de un naufragio inminente, pero le aguarda un dilema difícil con ERC y Junts

La cuestión tiene un trasfondo político profundo y de gran complejidad. El presidente del Gobierno ha atado al PSOE a una opción estratégica que lo hace dependiente de los partidos nacionalistas, al requerir su apoyo imprescindible para ejercer el poder. Y los independentistas catalanes, en permanente pugna entre sí, están dispuestos a participar en el trato si a cambio consiguen satisfacer sus aspiraciones. Dentro de unos meses, ERC y Junts están citados para su próxima batalla y las espadas ya están en alto. ERC ha afeado a Junts su voto en contra de la ley de amnistía. La formación del gobierno catalán, después de las elecciones autonómicas, decidirá el futuro de las relaciones entre el PSOE y Junts.

El Gobierno español está involucrado de lleno en la lucha interna del nacionalismo catalán. El precio de complacer la última exigencia de Junts se ha encarecido. De no hacerlo, corre el peligro de caer. Es probable que se salve de un naufragio inminente, pero le aguarda un dilema de difícil solución. En estas circunstancias, no parece que las urnas gallegas vayan a concederle un alivio. El PP está en terreno favorable, simétricamente polarizado juega al todo o nada y, con la brecha abierta por Puigdemont, tiene localizado el punto más débil de Pedro Sánchez, sus coaliciones con los partidos independentistas, el armazón que ha soportado las turbulencias de dos de sus gobiernos, aun habiendo sido derrotado en las elecciones las dos veces. Sánchez y Feijóo arriesgan en Galicia una parte de su capital político. Uno de ellos sufrirá daños. O los dos.

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