La Administración se contrata a sí misma

Hace un año armé un revuelo, como Quijote con lanza en astillero, al escribir una tribuna relatando que el Principado adjudicó unos contratos de obras y servicios directamente a una gran empresa pública, no dejando participar al sector privado y perjudicando al contribuyente por los sobrecostes. El periódico amplió la información con varias noticias, dando voz a los constructores que se quejaban de que el Principado no licitase las obras. Una injusticia hecha a un individuo, decía Montesquieu, es una amenaza a toda la sociedad. Así que aquí estoy, otra vez, para denunciar algunos contratos públicos injustos que, aunque no nos afecten, nos oprimen como sociedad. Vayamos al meollo gracias a la información publicada por las Administraciones Públicas (AA PP) en cumplimiento de las leyes de transparencia y rendición de cuentas.

La Consejería de Turismo del Principado licita por 59.000 euros en junio de 2023 la reconstrucción de un puente peatonal en Grandas de Salime. No se presentan contratistas a la licitación y queda desierta debido al bajo presupuesto, no porque tenga una gran complejidad técnica: muchas constructoras pueden construir una simple pasarela. La Consejería, en vez de promover nuevamente la licitación, en octubre encarga la obra a la sociedad pública Tragsa por un importe de 152.000 euros. ¡Es más del doble del presupuesto por el que previamente se licitó la obra! ¿A qué se debe el incremento? No lo sabemos. ¿Habría empresas interesadas en realizar los trabajos e, incluso, a un coste menor? Nunca lo sabremos. No se puede alegar que sea una obra urgente, de extrema necesidad, porque el proyecto técnico estaba redactado desde hacía un año. Al menos, el Principado ya no expresa en su informe de justificación del encargo a Tragsa que «es la opción más eficiente, sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica», como escribió en obras similares que ya expliqué en mi tribuna del año pasado; producía perplejidad y sonrojo. Ahora no da ninguna justificación o motivación, vamos mejorando.

Otro caso, el pasado 9 de enero la Consejería de Presidencia adjudicó a Tragsa por 152.000 euros las «traducciones al asturiano de actas, formularios, informes, documentos, etc». La Consejería justifica su encargo a Tragsa «por responder a una mayor eficacia de la actuación administrativa, puesto que es una opción más eficiente que la contratación pública». Son sinceros, no quieren complicarse su burocrática vida, aunque eso suponga no dar trabajo a las pequeñas empresas asturianas. Encima es una práctica reiterada, en 2022 la Consejería de Cultura también le encargó trabajos de traducción al asturiano por 92.000 euros. Sorprende que Tragsa, cuyas funciones son «actuaciones, obras, trabajos y prestación de servicios agrícolas, ganaderos, forestales, de desarrollo rural…», se dedique a la traducción en asturiano. ¿No hay empresas o instituciones asturianas más especializadas y capaces? ¿No se puede licitar para que los empresarios participen en igualdad de oportunidades?

Tienen que venir los foriatos a enseñanos a traducir al asturianu, gruñiría mi amigo Fernando Rodríguez «Lluarca», defensor y hacedor de la cultura asturiana en todas sus expresiones. Por desgracia, Fernando falleció repentinamente hace unos días –Gonzalo García-Conde escribió una emotiva despedida en estas páginas– dejándonos un vacío inmenso, tan grande como su bondad e ideales.

El Principado encargó en 2023 a Tragsa 39 grandes contratos –21 millones de euros– y este año ha comenzado fuerte, 20 grandes contratos en apenas un mes. La empresa estatal en 2018 facturó en España 837 millones de euros y en 2022 creció hasta los 1.350 millones. Un espectacular aumento de la facturación del 60% en apenas 4 años, ya les gustaría a muchas corporaciones del IBEX. Aun así, Tragsa lo tiene crudo para ser la compañía pública más rentable. ¿Saben cuál es? Loterías y Apuestas del Estado, se pueden imaginar el porqué; daría para una columna tragicómica de lo público.

Las AA PP están incrementando la adjudicación directa a las sociedades públicas en general, no sólo a Tragsa. Según la Oficina Independiente de Supervisión de la Contratación (Oirescon), en 2022 este tipo de contratación ascendió a 2.631 millones de euros en España, un crecimiento del 62% respecto al 2021. Si sigue creciendo al ritmo actual, tendremos un problema administrativo, económico y empresarial, tanto en Asturias como en el resto de España. Por ejemplo, las AA PP en los últimos años tienen una tendencia a que los contratos de limpieza o seguridad de edificios que antes licitaban, ahora los encargan directamente a compañías públicas. Por tanto, en esos contratos no hubo competencia, hurtándole al sector privado de su participación e inventiva. Una sociedad no prospera si no tiene un mercado libre y con igualdad de oportunidades, las AA PP deberían ser los primeras en dar ejemplo.

Hay razones diversas y complejas que explican la querencia de la Administración en contratarse a sí misma. La más importante es que al no existir la licitación la burocracia se reduce, acortando bastante los tiempos de contratación. Además, las sociedades públicas como Tragsa tienen muchísima experiencia realizando proyectos para las AA PP, conocen al dedillo sus procedimientos y necesidades y son ágiles para ejecutar proyectos con urgencia. Otra razón de peso es que los contratos están exentos del IVA, impuesto que sí debe pagar la Administración cuando el proveedor pertenece al sector privado. También hay causas que explican las dificultades de las AA PP en licitar: deficiente planificación en la contratación, falta de funcionarios especializados, carencia en la coordinación y racionalización de compras centralizadas, una ley de contratos rígida y garantista en determinadas situaciones o la ausencia de modernas herramientas informáticas que ayuden a la gestión.

En conclusión, cada vez más la Administración abusa de la contratación a empresas públicas. Por otro lado, comprendo los escollos que tiene el Principado para licitar y empatizo con nuestros servidores públicos: la gran mayoría hace un inmenso trabajo. Quieren ejecutar obras sin demorarse y prestar servicios de calidad y con inmediatez a una ciudadanía exigente y crítica, pero el fin no justifica los medios. Una injusticia para algunas compañías privadas es una amenaza a toda la sociedad. ¿Tomarán nota nuestros dirigentes administrativos y políticos?

Suscríbete para seguir leyendo