En un impasse

Tras las elecciones de julio que arrojaron unos resultados endiablados, apenas ha dado unos pasos la XV legislatura, la segunda en la que consigue formar gobierno un partido que no ha ganado las elecciones, y su desarrollo ya se ha visto interrumpido por la fallida votación de la ley de amnistía. El PSOE y Junts han acordado la apertura de un compás de espera para resolver las diferencias surgidas en torno a la cobertura de la norma. Sus movimientos están rodeados de una expectación creciente.

Éste podría ser un punto de inflexión en la trayectoria del Gobierno actual. La opinión pública aguarda el desenlace, que ha sumido de nuevo al país en una incertidumbre política total. Junts ha vuelto a demostrar que es un socio poco fiable, con tendencia a crear serios problemas a los coaligados, y deja en suspenso la estabilidad del Ejecutivo, al que no deja de presionar para que atienda sus exigencias, en contra del criterio manifestado por la oposición, un tropel de juristas, jueces y fiscales, y una mayoría de españoles.

La sociedad española es un país a la espera. De lo que opinen las instituciones europeas sobre el procedimiento seguido para la aprobación de la ley de amnistía y su contenido, de la elaboración de los presupuestos generales de este año, de la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de un nuevo sistema de financiación autonómica, por no hablar de otros asuntos tan urgentes y de mayor trascendencia para su futuro. El Gobierno debería desplegar el catálogo de sus políticas con los apoyos parlamentarios que votaron la investidura, pero la actitud incordiante de Junts reduce drásticamente su margen de maniobra hasta llegar a paralizarlo.

Este paréntesis viene impuesto también por las elecciones gallegas. A medida que se acerca el día de la votación, se les concede más importancia. Los partidos estarán volcados en la semana final de la campaña. Mañana se publicarán las últimas encuestas. El resultado no puede ser más incierto. Es tan previsible que el PP obtenga una mayoría absoluta y retenga el gobierno de la Xunta como que sea desbancado por una coalición de izquierdas con el BNG al frente. Claro está, el impacto del resultado en la política nacional no sería el mismo. En ambos casos, el gobierno de Pedro Sánchez podría salir malparado. Aún en el supuesto de que el PP tuviera que abandonar el gobierno gallego, el PSOE desempeñaría un papel subalterno en una coalición con los nacionalistas y solo podría resultar ileso de la contienda electoral si no sufre ninguna pérdida de votos, un registro mínimo que a la vista de los sondeos no puede darse por seguro. Si el PP, por su parte, no logra mantener el gobierno, aunque gane las elecciones, el liderazgo de Feijóo quedaría expuesto a pasar por una cuarentena.

El resultado de las elecciones gallegas puede decantar temporalmente, hasta las vascas y las europeas, la balanza de la política nacional. Es mucho lo que está en juego y, por tanto, es lógico que toda la atención esté puesta en la partida que se disputa en Galicia. Pero incluso si supera esa prueba, las dificultades no desaparecerían para el Gobierno. Junts parece poco dispuesto a propiciar unas relaciones estables dentro de la coalición parlamentaria que lo sostiene. La táctica del grupo liderado por Puigdemont consiste sencillamente en impedir que el Gobierno se sienta fuerte e intente actuar con autonomía. Por el contrario, pretende que Pedro Sánchez asuma su debilidad y quede a su merced. Para ello, solo tiene que accionar como corresponda, en momentos señalados, el botón de los siete escaños que controla y ponerlo en aprietos.

Las encuestas no auguran un premio electoral para Junts, pero altercados como el sucedido a cuenta de la ley de amnistía sacuden al Gobierno y le producen un desgaste que puede hacerse visible en cada cita electoral, empezando sin más demora por la del domingo en Galicia. Un gobernante responsable, que tuviera el interés general como guía, procuraría despejar la situación, haciendo que su socio díscolo definiera su posición con claridad. Desde la presentación de una cuestión de confianza hasta la búsqueda de otro socio o la solución radical de disolver el Congreso, el jefe del Gobierno dispone de varias opciones entre las que elegir. No cabe ignorar las complicaciones e inconvenientes de cada una. Pedro Sánchez tantea los límites de Puigdemont, amagando con devolverle la presión política que recibe, pero nos encontramos con que ni él mismo ha fijado los suyos. En política, conviene que los intermedios y las pausas sean lo más breves. Y llevamos mucho tiempo atascados.

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