¿De dónde proviene el fango?

Lleva razón el presidente Sánchez cuando, citando a Eco, habla de una maquinaria de fango cuyo objetivo es la deslegitimación del adversario político. Pero ¿hay que aceptar que el fango que embarra el espacio público proviene del periodismo y los medios y que afecta fundamentalmente a los políticos?

Creo que no. La idea de Eco era, justamente, la inversa: «Antes –señalaba Eco– cuando una persona era acusada por un juez, tenía que demostrar su propia inocencia, pero, en Italia, lo que pasó con los veinte años de gobierno de Berlusconi es que cada vez que un juez lo acusaba, él intentaba demostrar que el culpable era ese juez. –No me puede juzgar porque él es culpable de algo– decía».

Tiene, también, razón el presidente al denunciar que los bulos y supersticiones de las redes sociales pervierten la conversación pública. Pero ¿cómo no reconocer que ese fango procede, esencialmente, del descontrolado negocio de los grandes de internet («Tecno Feudalismo», según Varufakis) o de estados autoritarios como Rusia? ¿Cómo no asumir que en nombre de ese negocio o de intereses geoestratégicos se están perjudicando los derechos de las personas?

Finalmente, también tiene razón el presidente Sánchez al denunciar que la máquina del fango perjudica la democracia en España. Pero ¿más a España que a otros países donde la cuestión no se ha dramatizado tanto? Creo que no. Es cierto que en el Global Democracy Index de 2022 se alertaba de que, desde 2006, el número de países democráticos se ha ido reduciendo en el mundo, y que la democracia, en general, se ha ido debilitando. Pero también es cierto que España es, en cierta forma, una excepción: forma parte del reducido club de las democracias plenas (un 8% de los países del planeta) y viene obteniendo en los últimos años una calificación más que notable en todos los ránkings.

En cualquier caso, asumimos que el presidente tiene también razón a la hora de proponer la apertura de un debate social sobre la preservación de la esfera pública ante tanto enfangamiento. La cuestión es ¿cómo conviene hacerlo? ¿Focalizando todo en una presunta galaxia mediática derechista? ¿Poniendo al Gobierno al frente de ese debate? Sinceramente, creo que hacerlo así sería un poco simplificador.

En primer lugar, porque en España el embarramiento del discurso público no es responsabilidad de los medios clásicos, ni de malas prácticas periodísticas. Más bien parece el fruto de la polarización de la esfera política, que conoció sus puntos álgidos con la emergencia y desvanecimiento de la nueva política; la efervescencia del «procés» y la radicalización extremista de cierta derecha, y que sigue aumentando.

En segundo lugar, porque la catalización de ese fango no es atribuible a los medios, sino precisamente a las redes sociales, que no respetan la privacidad y garantizan el anonimato. Y, finalmente, a las dificultades de supervivencia de las empresas periodísticas, que sufren en un contexto cada vez más competitivo como consecuencia del asedio de los grandes de internet.

Por todo ello, si algo puede proponerse en el futuro no es ninguna estrategia de control que proceda del Gobierno, sino al contrario. Una nueva batalla por la libertad de expresión y el derecho a la información veraz liderada socialmente. Porque como decía Stuart Mill: «Debe existir la más completa libertad para profesar discutir». Y «toda negativa a una discusión implica una presunción de infalibilidad». Sin cortapisa alguna y sin tutelas.

Lo que sí corresponde al Gobierno y a las fuerzas políticas es llevar al centro del debate la cuestión de cómo pacificar la política y hacer que la política se convierta no en un juego de enfrentamientos irreconciliables, sino en la búsqueda conjunta de soluciones y de entendimiento. Esta es la cuestión central de nuestro momento, y la mejor solución contra el fango.

Pero si se me permite proponer algunos temas para un debate que con la intervención del presidente resulta ya insoslayable, he aquí algunos: 1) la defensa de los ciudadanos ante los desmanes de las redes sociales; 2) la búsqueda de un pacto de no agresión discursiva entre políticos; 3) la independencia de los medios públicos; 4) la independencia de los y las periodistas; 5) la educación sobre medios e información; 6) la regulación ética de la inteligencia artificial en los medios; 6) la defensa del pluralismo; 7) la lucha por la participación de la ciudadanía en los medios; Etcétera.

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