Duro revés para el Ayuntamiento de Llanes. El Consistorio ha recibido por parte de la empresa Carrera y Pérez, propietaria del hotel Kaype de Barru, una reclamación en concepto de responsabilidad patrimonial por la anulación de la licencia de obras de reforma y ampliación del complejo hotelero ubicado en primera línea de playa en Barru que asciende a una cantidad total de 19.089.871,02 euros. El inicio de la vía civil por parte de la propiedad del hotel hace realidad los peores augurios para los miembros del gobierno cuatripartito. Y es que los 19 millones que reclaman superan en 3 a los 16,1 del presupuesto que manejan al año en Llanes (2016).

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el seno del equipo de gobierno, pese a que llevaban tiempo esperando a que la reclamación patrimonial fuese presentada tal y como había anunciado la propiedad tras ejecutarse en 2017 el derribo de la parte ampliada del hotel en cumplimiento de la sentencia judicial que así lo ordenaba. A partir de este momento se inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial que tendrá una duración aproximada de seis meses. Durante este tiempo se emitirán informes por parte de los servicios técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Llanes, los cuales se remitirán al Consejo Consultivo del Principado de Asturias.

"Debido al importe de la cantidad económica reclamada y aún sabiendo que ésta iba a existir y sería elevada, el hecho de constatarla supone un gran varapalo para los intereses de los vecinos llaniscos, intereses que este Ayuntamiento defiende y continuará defendiendo, confiando en que la justicia haga el resto", aseguraron ayer desde el equipo de gobierno vía comunicado.

El "caso Kaype" comenzó tras conceder el anterior equipo de gobierno socialista de Llanes liderado por Dolores Álvarez Campillo, licencias de agrupación de fincas y de obras para la ampliación del complejo hotelero situado en primera línea de playa en Barru, que fueron anuladas por los tribunales de justicia. La vía penal concluyó en julio de 2018 sin ningún condenado. La vía contencioso administrativa del mediático caso se cerró con la anulación de las licencias que posibilitaron la ampliación del hotel y el derribo de todo lo construido de manera ilegal en mayo de 2017.